El Gobierno se ‘chupa’ ingresos de Pemex
De haberse invertido de manera conservadora los ingresos del petróleo extraído , el valor del patrimonio del cual dispondría México por este concepto para las próximas generaciones sería de 935,000 millones de dólares (mdd), destaca el estudio "El uso y abuso de los Recursos Públicos", elaborado por el Centro de Investigaciones y Docencia Económica (CIDE).
Esta cifra, que sería hoy el patrimonio de los mexicanos, es ligeramente superior al Producto Interno Bruto (PIB) que generó México en 2009 y que fue de 919,100 millones de dólares, según el informe "Reflexiones para crear un fondo soberano en México o ¿Cómo proteger el derecho de las futuras generaciones de acceder al patrimonio petrolero?", elaborado por el investigador Jorge Chávez Presa.
Durante la segunda mitad de la década de los ochentas y la primera mitad de los noventas, se dieron cambios importantes en la estructura de la economía mexicana, pero uno quedó pendiente, el de la hacienda pública.
Por el lado tributario, la precariedad del erario ha quedado oculta por la tarea que han desempeñado los ingresos petroleros de compensar la baja recaudación de impuestos. Por el lado del gasto, los gobiernos en turno han sido incapaces de transformar a la educación pública en el medio para acrecentar el capital humano de alta productividad, y menos aún para equipar a México con una infraestructura sólida.
La experiencia con el uso del patrimonio petrolero, obliga a cuestionarse sobre la pertinencia de constituir un fondo petrolero , o en términos más genéricos, un fondo soberano desde el cual se asigne con estricto rigor financiero y de máximo beneficio la renta económica obtenida por la extracción de los hidrocarburos a inversiones y programas que protejan a las futuras generaciones de mexicanos del despojo que se ha dado a través del gasto del consumo, dice el investigador.
Sin embargo, reconoce que el principal obstáculo para construir el fondo es que actualmente aproximadamente 30% de los ingresos del Gobierno federal, los cuales también se comparten a las entidades federativas y a los municipios, provienen de los derechos sobre hidrocarburos.
El análisis, que fue enviado a diputados en momentos en que se discute el Presupuesto de 2011, destaca que en términos de reservas probadas, y dado el nivel de producción actual de 2.6 millones de barriles diarios, aproximadamente, y suponiendo que no habría una reposición de reservas, éstas sólo durarían para 10.2 años.
Mientras que en 2000 las reservas probadas eran de 23 mil 500 millones de barriles, para 2009 disminuyeron a 13 mil 992 millones de barriles, lo cual ubica a México en una posición similar a la de Estados Unidos en términos de reservas a producción, que es de 10.8 años, pero ya rezagados frente a Brasil, cuya relación de reservas a producción es de 17.4 años, destaca el estudio.
El desplome de la producción, sumado a la escasa exploración realizada en años anteriores (aunque recientemente Pemex sí ha gastado mucho), aunado a que no ha habido descubrimientos que compensen el uso de reservas, ha orillado al país a dos problemas.
Desde el punto de vista energético, es prácticamente un hecho que México enfrenta el riesgo de convertirse en un importador de petróleo en el futuro próximo . Dada la precariedad tributaria, y que en promedio durante los últimos 10 años los ingresos provenientes del petróleo ( los derechos sobre hidrocarburos), han representado cerca de 30%, con un máximo de 42% en 2008 y 22% en 2009, un fuerte ajuste tributario sería necesario para cubrir el mismo nivel de gasto.
Más adelante destaca que la extracción del petróleo en México ha sido de costo muy bajo, especialmente la de Cantarell, lo que permitió generar una renta económica muy elevada que el régimen fiscal ha capturado a través del derecho sobre hidrocarburo. A medida que el petróleo fácil se vaya agotando, la renta económica del crudo también irá disminuyendo. Ese ha sido el caso de México, razón por la cual desde 2005 se ha modificado en dos ocasiones la Ley Federal de Derechos.
De haber dispuesto de un fondo soberano que obligara a darle racionalidad a la inversión y evitara el uso de un ingreso proveniente de un recurso no renovable para cubrir gastos recurrentes de la operación gubernamental, México contaría con un mecanismo para impulsar su inversión y con ello su crecimiento económico.
En consecuencia, mientras no se tenga un planteamiento de reforma hacendaria pública con consideraciones para las futuras generaciones, difícilmente los intereses político-electorales permitirán la existencia de un fondo de esta naturaleza.
