La inseguridad pega al ramo inmobiliario
La inseguridad en México ha provocado que el sector inmobiliario reduzca hasta en 30% sus inversiones en nuevos desarrollos, principalmente en los estados del norte del país, dijo el miércoles la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI). El año pasado unos 240,000 millones de pesos se dejaron de invertir en la construcción de casas, oficinas, bodegas, hoteles, centros comerciales, departamentos y desarrollos inmobiliarios turísticos, según la organización.
La industria destina anualmente unos 800,000 millones de pesos en la construcción de diferentes complejos.
"Este fenómeno (de la inseguridad) también se refleja en la pérdida de empleos y oportunidades de negocios", dijo el presidente de la AMPI, Adán Larracilla.
El presidente Felipe Calderón desplegó desde 2006, principalmente en las entidades norteñas, una ofensiva en contra de los cárteles del narcotráfico, organizaciones que desataron una ola de violencia por apoderarse de las principales plazas y rutas para la venta de narcóticos.
La denuncia de la AMPI se suma a la realizada en días pasados por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), que aseguró que la inseguridad pública ha provocado que las empresas eleven sus gastos de operación para defender la seguridad de sus trabajadores y los proyectos.
Según la CMIC, desde finales de 2010 la inseguridad ha generado que más de 20 obras públicas estén en proceso de suspensión, ante el temor de empresarios y trabajadores de ser víctimas de secuestros, asaltos y extorsiones.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ha señalado que la inseguridad en algunas entidades no ha dificultado la ejecución de las obras , aunque reconoció la existencia del problema.
En la víspera, analistas del sector privado consultados por el Banco de México, aseguraron que la inseguridad es el principal factor que podría obstaculizar el crecimiento económico de México.
En el sector portuario, la empresa Hutchison Port Holdings (HPH) informó a mediados de febrero que reconoce que la percepción de inseguridad que se vive en el puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, detiene la generación de nuevas inversiones en la región.
