AT&T y T-Mobile, los ‘rivales’ de EU

El Departamento de Justicia de Estados Unidos quiere impedir la fusión de AT&T con T-Mobile. ¿Significa eso que el acuerdo se cancela?

Bienvenidos a territorio desconocido, la demanda presentada por el Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés) contra AT&T es una rareza. 

EL DOJ ha investigado 4.4% de todos los expedientes de fusiones desde 1990, de acuerdo con Maurice Stucke, profesor de Derecho en la Universidad de Tennessee y ex abogado de la división antimonopolio del DOJ. En la mayoría de los casos, la agencia investiga y luego se aparta del camino. En los últimos 20 años, el DOJ solamente ha presentado demandas contra el 0.3% de las fusiones, y gran parte de esos litigios fueron resueltos mediante acuerdos extrajudiciales.

"El solo hecho de que el DOJ quiera emprender acciones legales aumenta la incertidumbre sobre la realización de la fusión", señala Michael Hausfeld, fundador de Hausfeld LLP y fiscal en varios casos antimonopolio contra Intel. 

El DOJ interpuso la denuncia antes de que AT&T tuviera siquiera tiempo de responder a la última solicitud de información requerida por la agencia en relación a la adquisición propuesta. Eso significa que un acuerdo extrajudicial es poco probable. 

Algunas de las recientes fusiones inicialmente bloqueadas por el DOJ se han resuelto así, extrajudicialmente. La agencia únicamente aprobó la adquisición de ITA por parte de Google y la compra que hizo Comcast de NBCUniversal luego de que las compañías acordaran una serie de provisiones y restricciones.

"Probablemente significa que no había nada más que AT&T pudiera hacer para convencer al DOJ de que el acuerdo no es anti-competitivo. Sugiere que las negociaciones se han roto, y no hay posible remedio que mitigue la potencial irregularidad que el DOJ ve en la fusión", indica Melissa Maxman, copresidente del grupo de prácticas anti-monopólicas del bufete Cozen O'Connor. 

Pero antes de que nos anticipemos y hablemos sobre el fin del acuerdo , es importante destacar que las compañías, contra todo pronóstico, han desafiado exitosamente al DOJ en la corte. El Departamento de Justicia ha ganado menos del 50% de sus casos en los tribunales, de acuerdo con Salil Mehra, profesor de legislación antimonopolio en la Universidad Temple. 

Un ejemplo notable es la denuncia que la agencia presentó en 2004 objetando la compra de PeopleSoft por parte de Oracle. En ese caso, el DOJ argumentó que PeopleSoft era uno de los dos únicos competidores directos que Oracle tenía en el negocio del software de gestión de recursos humanos. Sin embargo, Oracle peleó duro y, siete meses después, un juez dictaminó a favor de Oracle. El DOJ no quiso apelar, y el acuerdo pudo concretarse. 

AT&T tiene 3,000 millones de razones para pelear con uñas y dientes. Si la fusión no es aprobada, la compañía deberá pagar a T-Mobile un cargo por cancelación de acuerdo de 3,000 millones de dólares, y perderá varios miles de millones más en asignaciones de espectro inalámbrico. 

Las batallas legales pueden ser costosas. Pero incluso si AT&T decide emprender ese camino, los costos legales probablemente no superen los 10,000 millones de dólares, según un abogado con conocimiento en esa materia. Con todo, el factor financiero no es el único que importa. 

El tiempo no favorece a AT&T. Si la operadora móvil pierde su primer round en la batalla judicial, un proceso de apelación podría prolongarse por meses, retardando el acuerdo y reduciendo sus beneficios económicos. 

AT&T quiere aprovechar el espectro de T-Mobile para instalar rápidamente su red 4G en todo el país. Mientras más espere, más se reduce esa ventaja. 

Hay, aparte, otro factor: la demanda del DOJ es la primera prueba para las nuevas regulaciones de la administración Obama en materia de fusiones. Anunciadas hace un año, estas nuevas reglas estipulan que una fusión será evaluada no sólo en la forma en que cambia la cuota de mercado, sino en el impacto que tiene para sus rivales. 

La pretendida compra de T-Mobile incrementaría la cuota de AT&T en el mercado inalámbrico de 32% a 43%, y reduciría el número de operadoras nacionales de cuatro a tres. ¿Es ese un gran cambio? Es debatible.

Pero T-Mobile es la última operadora nacional de bajo costo que queda en Estados Unidos. Eliminar a T-Mobile del mercado con toda probabilidad impactaría considerablemente en los precios que pagan todos los consumidores por los servicios inalámbricos.

"El DOJ está diciendo que la gente no estará mejor en términos de precio e innovación de producto si el acuerdo se concreta. No se trata de una medida legal sacada de la manga, esto está justo en el centro del litigio", explica Evan Stewart, socio del bufete Zuckerman Spaeder en prácticas de antimonopolio.

Otros expertos, empero, creen que la denuncia del DOJ es sólo una medida belicosa. "Creo que es un bache en el camino. El acuerdo se cristalizará. La administración Obama está muy presionada para mostrarse firme, pero AT&T tiene mucho en juego para permitir que  esto se caiga. Van a conseguir realizar el acuerdo", señala David Kaufman, socio de la firma Duane Morris LLP en la división de prácticas anti-monopólicas.

Entonces... ¿Se hará o no?

Nadie sabe. Pero de cualquier forma, AT&T tendrá que explicar muchas cosas.