Legisladores preparan ley antilavado
La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados prevé aprobar en los próximos días el dictamen de la llamada "ley contra el lavado de dinero", la cual establece hasta 10 años de cárcel para los empresarios que oculten, manipulen o falsifiquen información para encubrir dicha actividad. La iniciativa obliga a entidades financieras, fedatarios, distribuidoras de autos, agentes aduanales, joyeros, empresas de blindaje e inmobiliarias, entre otras a coadyuvar con las autoridades aportando información de utilidad para detectar operaciones vulnerables al lavado de dinero.
Los diputados federales del PRI, Humberto Benítez Treviño y Arturo Zamora Jiménez, y del PAN, Oscar Arce Paniagua, coincidieron por separado que dicho dictamen busca revertir el lavado de dinero, pero sin afectar el funcionamiento de las empresas del sector financiero.
El presidente de la Comisión de Justicia, Benítez Treviño, indicó que se incluyen multas económicas y hasta 10 años de cárcel a los dueños de las empresas de los giros mencionados y funcionarios que no aporten información, la manipulen o falsifiquen para encubrir dichas operaciones.
No obstante "se elimina la obligación de las entidades financieras de dar seguimiento a las operaciones que son sospechosas de ser ilícitas, así como la obligación de detectar omisiones, ya que ello sería otorgarle facultades de investigación que únicamente competen a la autoridad".
Además, se señala que los casinos y otros centros de apuesta tendrán la obligación de identificar las operaciones de más de 20,000 pesos y resguardar la información en caso de que Hacienda la requiera, y en los casos de operaciones de más de 40,000 pesos se deberá dar aviso a la autoridad fiscal.
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones de Procedencia Ilícita fortalece las facultades de la Procuraduría General de la República al crearse la Unidad Especializada en Análisis Financiero, que trabajará con información proporcionada por la Hacienda.
Zamora Jiménez, diputado de PRI, expuso en entrevista con la agencia Notimex que Hacienda es competente para aplicar las disposiciones de la ley, destacando la recepción de avisos de actividades sujetas a supervisión y de requerimientos de información a bancos y otras empresas.
Además se establece un régimen especial para restringir pagos con dinero en efectivo en determinadas operaciones con activos de alto valor.
El legislador aseguró que se busca atacar eficazmente el brazo financiero de la delincuencia y establecer una "verdadera coordinación entre autoridades", pero evitando incurrir en una "cacería de brujas" y excesos en operaciones comerciales.
Dijo que se modificaron los montos previstos en la iniciativa original a fin de que sólo se afecten operaciones de "cuantía mayor" y disminuya el impacto en operaciones como la compra de vivienda de interés social que, dijo, son poco atractivas para el lavado de dinero.
El secretario de la Comisión de Justicia y legislador del PAN, Oscar Arce Paniagua, explicó que la reforma "cierra la pinza" al lavado de dinero que se ha "infiltrado en diversas áreas de la economía".
Comentó que en el caso de tarjetas de servicios o de crédito, que no sean emitidos por entidades financieras se propone que las de un monto de 40,000 pesos sean para identificación y resguardo de información y de 60,000 o más deberán informar a la SHCP.
Indicó que en la emisión y comercialización de cheques de viajero, distintas de las realizadas por entidades financieras, se señala que en los casos de documentos por más de 80,000 pesos la institución emisora deberá informar a la autoridad.
