Telefónica confía en lograr acuerdo
Telefónica confía en alcanzar un acuerdo para que las autoridades del mercado mexicano de telecomunicaciones eliminen el "efecto retroactivo", que le implicaría pagar a Axtel alrededor de 45 millones de dólares, derivado del ajuste en las tarifas de interconexión de 2006 a 2011. De acuerdo con fuentes de la agencia Notimex cercanas al proceso, en caso de no alcanzar una solución antes de febrero, la firma de telefonía móvil estudiará la posibilidad de interponer una demanda para el inicio de un arbitraje internacional.
En 2008, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) emitió una resolución para la baja gradual de las tarifas de interconexión, mientras que en abril pasado, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) fijó una tarifa de 39 centavos por minuto, equivalente a una reducción de 61% respecto a la tarifa de 2010.
Derivado de esta reducción tarifaria, la empresa Axtel reclama a Telefónica el pago por retroactividad a partir de 2006, lo cual genera inconformidad en la empresa española, que considera que es un beneficio que no se ve reflejado en los bolsillos de los consumidores.
El 8 de septiembre de 2011, Telefónica España le notificó al Gobierno mexicano que presentó un recurso ante el Centro para el Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, en el marco del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI).
Este acuerdo establece que si una empresa, en este caso española, considera que sus inversiones han sido afectadas, podrá iniciar un proceso de arbitraje que se desahoga en paneles designados por ambas partes.
El plazo para que los involucrados lleguen a un acuerdo es de seis meses a partir de que fue hecha la notificación, la cual fue emitida por Telefónica el 7 de septiembre de 2011 y vence en febrero próximo.
A partir de ese mes, la empresa de telefonía móvil analizará si interpone o no la denuncia, en la cual reclamaría una compensación económica por 14,737 millones de pesos y pagos por daño moral cuyo monto se fijaría durante el arbitraje.
