Los contratos de Cofetel generan dudas
Las acusaciones de falta de claridad en la contratación de servicios por parte de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) generan desconfianza, aunque los procesos se encuentren en el marco de la ley, afirman organismos promotores de transparencia.
La semana pasada, los diputados César Augusto Santiago Ramírez (PRI), Pablo Escudero Morales (PVEM) y Agustín Guerrero Castillo (PRD) señalaron " evidencias sobre los manejos poco transparentes de recursos, contrataciones y otras decisiones de carácter administrativo de la Cofetel que impactan en el funcionamiento de ese organismo".
Debido a ello, el comisionado presidente Mony de Swaan y el resto de los integrantes del Pleno de la Cofetel, Ernesto Gil Elorduy, Gonzalo Martínez Pous, Alexis Milo Caraza y José Luis Peralta Higuera, fueron convocados por los legisladores señalados para comparecer el 22 de febrero ante la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados.
"El tema de la Comisión o cualquier órgano de Gobierno se resolvería si se hicieran declaraciones de intereses", dice Eduardo Bohorquez, director de Transparencia Mexicana.
El directivo del instituto promotor de la transparencia remarca que todas las comunicaciones de una institución, sea con proveedores o empresas reguladas, deben hacerse públicas a través de documentos oficiales y minutas.
"En la medida de lo posible, que haya un récord público de esa comunicación; qué se discutió, qué se acordó, cuál es la minuta oficial de esa conversación, y que ambas partes la tengan. Sé que eso no lo pide la ley", agrega Bohorquez.
Mony de Swaan ha defendido a través de comunicados y en medios de comunicación la legalidad de los contratos de servicios otorgados a empresas en las que laboran amistades suyas.
"La Cofetel ha cumplido con su obligación legal de publicar en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) todos y cada uno de los contratos firmados con terceros, así como con la obligación de publicar, por separado, un listado de todos los contratos de asesorías, consultorías, estudios e investigaciones", dijo a través de un comunicado de prensa emitido el miércoles pasado, luego de que la comparecencia se canceló debido a que no asistieron los otros cuatro comisionados que integran el Pleno del organismo regulador.
De Swaan difundió detalles sobre los contratos otorgados a Pablo Ojeda y a la consultora Estrategia Total, al mostrar las propuestas económicas y el fallo de las licitaciones.
Asimismo, la Cofetel destacó el avance en el índice de transparencia que publicó el Instituto de Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) , en el que pasó de 77 puntos en 2010 a 83 en 2011. El organismo regulador tiene asignado un presupuesto de 715 millones para el ejercicio 2012.
Sin embargo, los organismos promotores de la transparencia cuestionan el marco legal y los procesos de las adquisiciones y contrataciones. Haydeé Pérez, coordinadora de transparencia y rendición de cuentas del Centro de Análisis e Investigación Fundar, comenta que uno de los mayores temas pendientes para México es la regulación del conflicto de interés.
"Si haces una interpretación más acotada podrías decir que es ilegal. En ningún momento los marcos normativos dicen que se prohíbe este tipo de cuestiones. Pero si tomas una interpretación más amplia, y retomas los principios internacionales del conflicto de interés, entonces hablamos de otra cosa", menciona.
Bajo esta premisa, lo más importante es que los órganos reguladores tengan legitimidad y confianza ciudadana , resalta Pérez.
"De otra manera, seguimos generado burocracia por no guardar estos principios que nos cuestan millones y no están velando por los intereses ciudadanos", expresa.
Eduardo Bohorquez subraya que México no cuenta con legislación en materia de declaración de intereses, aunque sí ha formado tratados internacionales con organismos como la Organización de las Naciones unidas (ONU) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en los que se expresan estos compromisos.
El marco institucional que vela por la transparencia en México se acerca en algunos puntos a las mejores prácticas internacionales, pero la falta de inversión para hacerlas cumplir desemboca en una mala aplicación, añade Haydeé Pérez.
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