¿A CFC le tiembla la mano para castigar?
El fallo de la Comisión Federal de Competencia (CFC) sobre las irregularidades detectadas en la compra de Cablevisión Monterrey (antes TVI) por parte de Televisa perjudica sus propias funciones como regulador, en lugar de beneficiar a los consumidores, al permitir a las compañías afrontar sus decisiones sin temor a repercusiones, coincidieron analistas en materia regulatoria y de competencia.
"Me parece lamentable, porque en este tipo de casos es cuando deben hacer cumplir el estado de derecho, y no lo hacen", aseveró la ex comisionada de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) Clara Luz Álvarez.
El regulador antimonopolios multó con casi 54 millones de pesos a Grupo Televisa por incumplir con las condiciones de no cruzar directivos con potenciales competidores en los mercados de televisión restringida, como había aceptado en 2007 al adquirir el 50% de TVI, conocido como Cablevisión Monterrey.
Televisa incumplió este acuerdo cuando de manera sistemática nombró a ejecutivos de su grupo en Iusacell y sus filiales, dice la resolución de la CFC.
Uno de los directivos involucrados es el presidente ejecutivo de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Jean, según reconoció Eduardo Pérez Motta, comisionado presidente de la CFC, en declaraciones a medios mexicanos el lunes pasado.
Televisa no estuvo disponible por el momento para comentar al respecto.
El titular de la comisión defendió la decisión de no exigir a Televisa que desincorporara a TVI porque eso habría dañado a los usuarios.
"Él (Perez Motta) dice que hubiera dañado a los consumidores, pues sería interesante que presentara esas cifras para comprobarlo", expuso Marcos Ávalos, catedrático de la Universidad Iberoamericana.
El regulador pudo emplear un plan de tres meses para migrar a los usuarios de TVI a otra compañía o incluso al sistema de televisión satelital de Televisa, Sky, para luego cumplir con su amenaza de desincorporar a la cablera, expuso Clara Luz Álvarez.
"Desde el punto de competencia, creas un grado de discrecionalidad como precedente, y es una mala señal para casos posteriores", opinó el académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Alexander Elbittar.
La CFC ha esgrimido en varias ocasiones la falta de "dientes" para llevar a cabo sus funciones de regulación, pero al final decidieron no aplicarlo, por lo que deja en evidencia la falta de voluntad de algunos comisionados de aplicar la ley, consideró Clara Luz.
Elbittar consideró clara la exposición del comisionado Miguel Flores Bernés, quien votó a favor de exigir la desinversión en TVI, pues se remitió a las consecuencias que la misma comisión impuso en la compra del 50% de esta cablera por parte de Televisa.
"Esto se ha convertido en una práctica para Televisa, donde se adelantan, no internalizan las posibles acciones en contra de la ley, y actúa a sabiendas de que no habrá consecuencias", expuso Marcos Ávalos.
Pero la desconcentración de TVI hubiera sido una decisión exagerada, aunque sí sienta un precedente para otras empresas que se encuentren en una situación similar, consideró el analista de Bolsa en telecomunicaciones para BBVA Research Alejandro Gallostra.
"Nos quedará la duda qué hubiera pasado si se hubiera tratado de otra transacción menos importante, y no la de Televisa-Iusacell", expresó el analista.
Esta decisión se une al perdón que otorgó la CFC a Telcel a mediados de este año por el caso de la multa de 1,000 millones de dólares, que la comisión decidió conmutar por algunos compromisos que también dejó en evidencia al organismo, externó Ávalos.
Cablevisión Monterrey contaba con 370,411 clientes, y sus ingresos alcanzaron 2,172.7 millones de pesos al cierre de 2011, según datos ofrecidos por la CFC en la resolución.
