El Congreso aprueba nueva Ley de Amparo

La reforma impide que las empresas concesionarias frenen las órdenes del Gobierno federal; el sector privado teme que la nueva norma afecte las inversiones en el país.
diputados  (Foto: Notimex)
CIUDAD DE MÉXICO (CNN) -

El Congreso de México aprobó este miércoles una controvertida ley que impedirá a empresas concesionarias congelar órdenes del poder Ejecutivo y seguir operando mientras la justicia resuelve la disputa entre las partes.

La nueva Ley de Amparo fue fuertemente criticada por el sector privado, que entiende que pierde una herramienta de defensa ante una eventual decisión arbitraria de las autoridades.

Actualmente las compañías pueden reclamar la suspensión de una orden oficial en medio de un litigio. Pero ahora, las concesionarias en sectores como telecomunicaciones, energía o minas, estarán impedidas de hacerlo cuando se considere que afecta el interés social.

Algunos legisladores dijeron que a menudo empresas en México han abusado de esta figura, conocida como suspensión judicial, para seguir operando mientras se desarrollan los litigios, que pueden durar años.

"Esta nueva ley pone fin a los abusos cometidos por algunos sectores empresariales que han convertido al amparo en su 'chicana (juego sucio) favorita", dijo el senador Javier Corral, del opositor Partido Acción Nacional (PAN).

"Esta es una de las reformas más importantes para restablecer el interés público en los litigios contra concesionarios", agregó.

El sector empresarial ha dicho que quitar el amparo afecta la certidumbre jurídica y la confianza de los inversionistas.

"En un amparo sin suspensión prácticamente no hay protección efectiva porque permite precisamente que la violación de los derechos durante la vida del juicio se pueda hacer irreparable", dijo recientemente el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el organismo cúpula de los empresarios mexicanos, Gerardo Gutiérrez Candiani.

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"Un acto de autoridad arbitrario puede provocar la quiebra de una empresa", agregó.

El camino legislativo de la nueva ley de amparo comenzó en febrero del 2011, cuando varios de los entonces senadores, entre ellos el actual procurador general, Jesús Murillo, presentaron el proyecto de ley, que en octubre de ese año fue aprobado inicialmente por el Senado.

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