Pemex: entre la seducción y la concesión

Políticos, empresarios y expertos analizan los diferentes mecanismos de asociación con privados; consideran que la reforma energética necesitará ofrecer ganancias atractivas a las empresas.
PETROLEO  (Foto: Thinkstock)
Edgar Sigler y Karla Rodríguez
CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) -

La propuesta de implementar los Contratos de Utilidad Compartida que contempla la iniciativa de reforma energética del Gobierno de Enrique Peña Nieto deberá ser más "seductora" en la legislación secundaria, y ofrecer ganancias a las compañías para contrarrestar el poco control que tendrán sobre los hidrocarburos, advirtieron especialistas.

"El éxito de la reforma radicará en que las leyes secundarias se ofrezca una utilidad que compense que no puedan tener las reservas", expresó la directora senior de Fitch, Ana Paula Ares.

La propuesta de reforma energética que envió el Gobierno federal al Congreso prevé alianzas con la iniciativa privada a través de los Contratos de Utilidad Compartida, un esquema bajo el cual las compañías extraen el crudo para ser vendido por el Estado, quien les regresa un porcentaje de las ganancias.

Mediante este método, las empresas privadas podrían aportar las inversiones requeridas en el sector, además de sus recursos tecnológicos y experiencia para compartir riesgo con Petróleos Mexicanos (Pemex), según justifica la propuesta presentada el pasado 12 de agosto.

"Por ello se propone eliminar del Artículo 27 constitucional la restricción incorporada en 1960, que le impide al Estado la utilización de contratos en sus actividades de explotación de hidrocarburos, es decir, en su extracción del subsuelo para su aprovechamiento".

Bajo este esquema el Gobierno mantiene el control de los hidrocarburos, pero las empresas privadas pueden asociarse con Pemex y recibir una compensación económica adecuada al nivel de riesgos y utilidades de los proyectos en los que participen.

Este esquema difiere del esquema de concesiones contempladas en la iniciativa del Partido Acción Nacional (PAN), donde la compañía privada es la que tiene el control sobre la extracción y la venta de los barriles de crudo que encuentre, además pagaría una tasa impositiva al Estado, expresada por una regalía, explicaron analistas.

La propuesta del Gobierno, que impulsa el Partido Revolucionario Institucional (PRI), no considera la posibilidad de otorgar concesiones, y la iniciativa del PAN sí incluye la posibilidad de otorgarlas, con lo cual se tiene un abanico más amplio de opciones para el sector, comentó el analista de PricewaterCoopers Jorge Pedroza.

"No hay que perder de vista la reforma del PAN en cuanto a las concesiones, que son lo apetecible para las empresas", expresó.

Cualquiera que sea la modalidad con la que el Estado decida explotar los recursos, deberá aplicarse de la misma forma a Pemex que a los terceros, siguiendo un esquema de transición adecuado para las áreas que ya se encuentren en exploración y explotación por parte de la paraestatal, advirtió el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi).

Agregó que para cualquiera de estas dos alternativas, e incluso en el caso de permitir las asociaciones, es indispensable modificar la Constitución.

"Cualquier reforma que no modifique este ordenamiento legal tendrá un alcance absolutamente limitado", aseguró en su reporte "México ante la Revolución Energética".

Comexi lamentó que mientras en México el Estado absorbe todo el riesgo al no volver a Pemex una verdadera empresa y no permitir mecanismos de participación privada que no sean los contratos de servicio, en el resto del mundo los gobiernos transfieren ese riesgo y costos a las empresas, ya sean éstas públicas o privadas, sin afectar en ningún momento su potestad sobre el recurso.

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"Actualmente pesa sobre Pemex, es decir sobre nosotros, un endeudamiento de 140,000 millones de dólares, si contamos el pasivo laboral. Es decir, aproximadamente un 10% del PIB, o más o menos el tamaño del PIB de Hungría o Vietnam", ése es el tamaño del riesgo, dijo Pedroza

Conoce los diferentes tipos de contratos que se usan a nivel mundial en el sector petrólero.

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