Amedi pide acotar poder informativo
La iniciativa ciudadana de ley secundaria que presentó la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) en materia de telecomunicaciones y radiodifusión contempla una serie de candados para que las compañías preponderantes del sector cuenten con límites para evitar la concentración en segmentos como la telefonía móvil y fija, TV y radio abiertas, televisión de paga e Internet , así como la manera en que presentan la información.
"Con nuestra propuesta, las empresas que tengan presencia en televisión de paga, Internet, telefonía fija, móvil, televisión y radio abierto, deberán decidir en qué mercados quieren quedarse, porque no podrán estar en todos", comentó la presidenta del grupo, Aleida Calleja.
La iniciativa, que se presentó ante el Congreso y a los integrantes del Pacto por México, propone fijar topes en la concentración de un mercado en particular -12 MHz en el caso de televisión abierta y de 50% en telecomunicaciones- como lo estipula la reforma constitucional en telecomunicaciones; pero también prevé restricciones sobre en cuántos medios pueden participar.
El artículo 292 del plan de la Amedi señala varios combinaciones donde, por ejemplo, los concesionarios que presten servicios de televisión y radio abierta podrán brindar televisión satelital; pero se abstendrán de dar servicios de telecomunicaciones por cable, donde se incluyen Internet y TV de paga, tampoco ofrecerán servicios móviles (telefonía ni Internet móvil).
Pero si la compañía "desiste" de participar en la radio, entonces la legislación secundaría le permitirá acceder al mercado de telecomunicaciones alámbricas, excluyendo de nuevo a las inalámbricas.
Una tercera opción es que los operadores salgan de sus negocios de radio para ofrecer televisión abierta y servicios de telecomunicaciones, siempre guardando el límite del 50%.
La restricción para ocupar más de 12 MHz a nivel nacional apunta a Televisa, que puede caer en este supuesto al superar el límite con sus cuatro canales (2, 4, 5 y 9), pues cada señal ocupa 6 MHz, aunque la aplicación queda sujeta a la interpretación del nuevo reglador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), explicó el analista del sector, Fernando Butler.
"Con una legislación muy fuerte van a obligar a Televisa a desinvertir la mitad de sus activos, y quiero ver qué comisionado se atreve a firmar eso. En realidad creo que estas limitantes deberían ir enfocadas en aplicar regulaciones asimétricas para rebajar la participación de mercado de cada uno de esos mercados", expresó.
La empresa ostenta cerca del 70% de los ingresos de publicidad en televisión abierta, el 60% de los usuarios de televisión restringida (cable y satelital), además estaciones de radio que cuentan con los mayores ratings de audiencia radiofónica en las principales plazas del país. También participa en el mercado móvil a través de Iusacell. Voceros de la compañía no estuvo disponible para realizar comentarios de manera inmediata.
La Amedi también prevé regulaciones para definir los criterios que usará el Ifetel para regular los contenidos en radiodifusión para la protección de la vida privada, así como evitar que se transmita la propaganda política como información.
"Lo que tiene ahora (la Secretaría de) Gobernación lo tendrá el Ifetel. Lo que pasa es que en esta parte de contenidos el Ifetel debe acompañar todos los criterios con el Consejo Consultivo, quien ayudará al instituto en esta parte. Lo que nosotros proponemos es que esta vigilancia de los contenidos es para proteger principios que ya están prohibidos por la constitución", explicó Calleja.
La iniciativa incluye reglas como la protección de la imagen de menores de edad, sancionar las prácticas comerciales engañosas, así como la protección de los datos personales.
En uno de sus incisos se estipula que los concesionarios deberán "abstenerse de divulgar el contenido de los mensajes o la existencia de los mismos, cuando no se encuentren destinados al público en general".
Con ello se puede inhibir el trabajo periodístico, pues se sancionaría a quienes difundan mensajes como las negociaciones de un funcionario que puedan suponer un acto de corrupción.
"Al final resulta muy complejo evitar que esto se difunda por otros medios como Internet, porque resulta evidente que es información de interés público. Aquí lo que se debe hacer es que se someta a investigación, y si al final se descubre que sí fue un acto premeditado de difamación, entonces sí imponer una multa draconiana para desincentivar este tipo de conductas", opinó Fernando Butler.
Recalcó que puede ser peligroso que dentro de una legislación secundaria pueda quedar una redacción así, pues obligará al Ifetel a seguir de oficio estos casos, que al final pueden lastimar la libertad de expresión.
La presidenta de Amedi confió en que con la participación del Consejo Consultivo se puedan deliberar de una mejor manera este tipo de situaciones, para evitar que se censure información que resulta del interés del público en general.
