Cobro de espectro amenaza inversiones
La decisión de que sea el Congreso el que establezca el monto de pago de derechos o contraprestaciones que deberán pagar los operadores que usen las bandas de 700 megahertz (Mhz) y la de 2.5 gigahertz (Ghz) generará incertidumbre jurídica y económica dentro del sector de las telecomunicaciones, amenazando las inversiones de largo plazo, advirtieron expertos.
Los operadores que quieran invertir para dar servicios dentro de estos espacios podrían ver amenazados sus planes de negocio a largo plazo , debido a la facultad que tendrá el Congreso cada año para cambiar los montos de los derechos que deberán pagar por el espectro, advirtió el excomisionado de la desparecida Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) Enrique Melrose.
Para 2014, según lo aprobado en la Ley Federal de Derechos del 2014, el Congreso fijará los montos por uso del espectro en un plazo no mayor a 120 días, una vez que reciba la propuesta del Ejecutivo, que a su vez consultará al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel).
"Si te toca un Congreso que quiere sacar mucha lana, ya perdiste, porque a ellos no les importa cuánto te costó adquirir la frecuencia, pues van a imponerte un derecho muy alto por recaudar, como lo intentó la propuesta del Gobierno, y al final las empresas lo acaban trasladando a los usuarios", dijo el también académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
La presidenta del centro de estudios Observatel, Irene Levy, explicó que la enmienda que realizaron los legisladores para atar la decisión del pago de derechos del Congreso, a una opinión coordinada entre el Ifetel y Ejecutivo, puede acarrear problemas y caer en una inconstitucionalidad.
"Crean un proceso inconstitucional de fijación del derecho por el uso del espectro, por tanto esto va a provocar litigios, lo cual va a beneficiar a las empresas porque pueden aprovechar esta situación".
Lo anterior debido a que la ley no prevé que el Gobierno requiera una opinión para establecer el pago de un derecho, como no lo tiene que hacer con ninguna parte de su propuesta de Ley de Ingresos.
El senador del Partido Verde Ecologista (PVEM) Gerardo Flores señaló que la reforma en telecomunicaciones no toca la facultad del Congreso para fijar el pago por los derechos de uso, pero rechaza que se vaya a generar una inconstitucionalidad sobre la coordinación entre el Ifetel y Ejecutivo, debido a que los cambios constitucionales sí prevén una coordinación sobre el uso que se le dará a la banda de 700 MHz.
"Ese espíritu de coordinación ya lo prevé para la de 700 MHz, y hay quienes interpretan que la de 2.5 GHz tienen una naturaleza similar", opinó el legislador, quien defendió la enmienda propuesta por legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
El senador defendió la potestad del Congreso sobre cómo fijar la tarifa por los derechos de uso, y si bien consideró que la intención inicial del Gobierno de recaudar hasta 13,000 millones de pesos al año por las cuotas era exagerada, sí cree que los operadores deben pagar esta tarifa, y no como se pretendía hacer en la Cámara de Diputados, donde se dio a entender que no existiría cobro alguno.
"Hubiéramos creado un problema permanente porque los demás operadores sí pagan los derechos en otras bandas, y de buenas a primeras hay dos o tres operadores en 700 MHz y otros cuatro en 2.5 GHz que no iban a pagar".
Operadores móviles como Telcel, Telefónica, Nextel o Iusacell son los que más capacidad de espectro requieren para ofrecer servicios de Internet móvil de alta velocidad a cada vez más usuarios que adquieren teléfonos inteligentes, por lo que el acceso a estas bandas resultará fundamental para su operación en el futuro cercano.
Las contraprestaciones por el espectro, tanto por su licitación como por su posterior uso, se fijan debido a que las radiofrecuencias son un bien del Estado, y por tanto, se ha determinado que requieren pagar impuestos las compañías que quieran usarlos para realizar algún negocio, algo similar pasa con el petróleo, aunque en este recurso, es el Gobierno quien lo extrae y paga los impuestos que fija el Congreso.
