Ifetel en ‘alerta’ por leyes secundarias

El Instituto tiene dos meses para decidir sobre asuntos como la determinación de preponderancia; pero los trabajos que realiza pueden variar según lo dispongan las leyes que apruebe el Congreso.
Antena  (Foto: Thinkstock)
Edgar Sigler /
CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) -

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) teme que las leyes secundarias que se emitan en las próximas semanas le impliquen una revisión a fondo de los temas en los cuales trabaja actualmente y que el organismo tendría obligación de resolver antes del 9 de marzo.

"Sí existe la posibilidad de que avanzados los proyectos entrara en vigor la ley y debamos ajustarnos a ella", expresó la comisionada del Ifetel, Adriana Labardini, durante una reunión con medios donde estuvieron presentes los siete comisionados que integran el Pleno del órgano regulador.

El organismo cuenta con un plazo de 180 días naturales -que comenzó a correr dede la conformación del Ifetel en septiembre y que concluiría el 9 de marzo- para resolver asuntos como la determinación de los agentes preponderantes, la aplicación de medidas asimétricas a estos actores, la presentación de las bases de licitación de televisión abierta, entre otros mandatos constitucionales.

Aunque el Instituto ya trabaja sobre estos temas, lo hace bajo un sentido de anticipación sobre lo que contendrán las leyes una vez que el Congreso las expida antes del 9 de diciembre, admitió el comisionado presidente del Ifetel, Gabriel Contreras.

"No estamos esperando nada...si en el camino necesitamos hacer cambios, lo haremos", dijo.

Los integrantes del Pleno, el órgano que toma las decisiones dentro del instituto, reconocieron que no existe una agenda pública para ir desahogando los casos, pero afirmaron que se cumplirán los tiempos.

Los comisionados negaron además que tengan algún involucramiento sobre los amparos que han interpuesto Grupo Televisa y Salinas, a través de filiales como Cablevisión o Iusacell, en contra del acuerdo entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y concesionarios de la banda 2.5 GHz, pues sólo se enfocarán en determinar el mejor uso para este espacio del espectro.

"La decisión que tomó la SCT fue gracias a las atribuciones que tenía. Lo importante es que este espectro se use de la manera más pronta y mejor posible", aseguró el comisionado Mario Fromow.

Ahora quedará en la cancha del Ifetel determinar el destino de los 130 MHz que los concesionarios cedieron al Estado -MVS y ocho empresas se quedaron con 60 MHz- pues si bien se pueden licitar como lo ha pedido el sector privado, también puede destinarse al proyecto del operador mayorista estatal, explicó el comisionado Adolfo Cuevas.

"Yo percibo que hay otra alternativa que va en el sentido como que el valor del espectro no debe seguir un fin recaudatorio", comentó el funcionario.

Cuevas añadió que, en relación a la atribución que guardó el Congreso para determinar las tarifas sobre los derechos de uso de las bandas -previa consulta al Gobierno y el Ifetel- aún queda la posibilidad de que caiga en un supuesto de inconstitucionalidad respecto a lo aprobado por la reforma en telecomunicaciones, donde se le otorga la facultad para fijar la contraprestación por la licitación al Ifetel.

El funcionario externó su preocupación acerca de si los operadores apoyarán el proyecto de la red mayorista, que usará de inicio la codiciada banda de los 700 MHz para rentar capacidad de datos a las empresas del mercado, pues ya han mostrado su resistencia al plan constitucional.

"Me inquieta que varias voces criticaron la red mayorista...me preocupa que vaya a haber resistencias", dijo Cuevas.

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Sobre la determinación de los agentes preponderantes, los comisionados María Elena Estavillo y Ernesto Estrada aseguraron que las áreas de impacto regulatorio y competencia del Ifetel ya se encuentran trabajando, además de que el área de competencia heredó 110 expedientes de la extinta Comisión Federal de Competencia, que se suman a otros tres nuevos casos de los que declinaron detallar sbre su contenido.

La reforma en el sector, publicada a mediados del año, delega las facultades en materia de competencia en telecomunicaciones y radiodifusión al nuevo Instituto, por lo que el ente ha pedido un presupuesto cercano a los 2,300 millones de pesos (mdp) frente a los 700 mdp propuestos por el Gobierno.

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