Licencias, éxito o fracaso de la reforma
La definición del modelo de contrato para que las compañías privadas entren a la extracción y producción de hidrocarburos dictará el verdadero atractivo para las inversiones en el sector, pues si terminan diluyéndose en la redacción de la legislación secundaria de la reforma energética, las empresas perderán interés, pero si se asemejan demasiado a la concesión puede generar litigios, anticiparon analistas.
Este jueves el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma energética por 353 votos a favor y 134 en contra, con lo que se abre la puerta a la entrada de capital extranjero al sector energético.
El dictamen aprobado permitirá al Estado entablar diversos contratos para aprovechar el petróleo y gas natural, pero prohíbe de manera explícita las "concesiones", según se expresa en las modificaciones al artículo 28 de la Constitución.
El artículo quinto transitorio de la reforma establece que las compañías podrán reportar los "beneficios futuros" para efectos contables y financieros de las asignaciones y contratos, reafirmando que todo los hidrocarburos son propiedad de la nación.
"Una cuestión muy importante ahorita sobre la definición de qué es una licencia. Para mí es que es muy parecida a una concesión, pero en qué manera es diferente, eso aún lo deben explicar (en la legislación secundaria)", expresó el director Duncan Wood, director en México del Mexico Institute del centro Woodrow Wilson International, con sede en Washington.
El experto consideró que las grandes petroleras estadounidenses han recibido con agrado la apertura que pusieron en la mesa el Partido Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI), pero aún esperarán a la definición de las leyes secundarias, sobre todo para el tema de las licencias, que resultan las más atractivas para estas compañías.
"Esa parte de la definición es muy importante, porque si no lo definimos bien las licitaciones pueden terminar en amparos", advirtió.
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La propuesta de reforma pretende revertir la caída en la producción de energéticos que ha vivido México en los últimos años, que ha pasado de su pico de extracción de 3.4 millones de barriles diarios promedio en 2004 a cerca de 2.5 millones en la actualidad.
"La reforma podría incrementar la producción de petróleo en cerca de 1.5 millones de barriles de petróleo crudo diarios adicionales para 2025, lo que representa un aumento de 60% respecto de la producción actual. En el caso del gas natural, la producción podría aumentar para ese mismo año, aproximadamente a 7,300 de millones de pies cúbicos diarios, más del doble de la producción actual", estimó el primer documento presentado en el senado el sábado.
Los legisladores del PRI y PAN sostienen que la figura de la licencia no otorgará posesión de las reservas a los particulares, un cuestión más de dogma que práctica, pues en realidad las licencias se pueden tomar como sinónimo de concesiones, consideró el Senior Researcher del Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC) Luis Serra.
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"Las licencias sí van a ser como las concesiones, y no las satanicemos por eso. Lo que va a definir su éxito será la implementación", dijo el analista del centro de estudios privado.
Luis Serra señala que si bien el esquema más atractivo serán las licencias, lo que definirá el éxito de cualquiera de los contratos será su definición y aplicación, que dependerá tanto de las leyes secundarias como de los procesos de licitación en que se otorguen.
"Los contratos de utilidad y producción compartida serán muy importantes para Pemex, para continuar con sus proyectos", dijo Duncan Wood.
El experto del instituto estadounidense también subraya que gran parte del éxito lo determinará la fuerza de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) que al final redactará, otorgará y revisará las concesiones para que maximicen los recursos petrolíferos, por lo que requerirá de verdaderos recursos tanto económicos como técnicos.
La propuesta de dictamen contempla que la CNH, que será un órgano dentro de la estructura del Gobierno, apoye de manera técnica a la Secretaría de Energía (Sener) en la definición de los yacimientos a licitar, así como darle seguimiento técnico para el otorgamiento de los contratos.
