Comisión de Competencia, ¿sin autonomía?

La propuesta de legislación secundaria en materia de competencia económica le quitaría autonomía al organismo antimonopolios, al otorgar facultades para que el Ejecutivo opine en la fijación de precios máximos y en la petición para regular insumos esenciales en el mercado, explicaron analistas y fuentes que han leído el documento.

El presidente Peña Nieto prometió que este miércoles presentará ante el Congreso su propuesta de cambios a la legislación para aplicar las modificaciones constitucionales en la materia, pero la intromisión del Gobierno en algunas decisiones del regulador perjudicaría la independencia de la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE), advirtieron dos fuentes que pidieron no ser identificadas.

“Si al final el Gobierno va a tener todas estas nuevas atribuciones para intervenir en el actuar de la CFCE, entonces cabe preguntar ¿cuál autonomía?”.

La reforma creó a la CFCE como un nuevo organismo antimonopolios con autonomía constitucional con el fin de blindar sus decisiones así como evitar la llamada “doble ventanilla”, un fenómeno que las empresas aprovechaban para contravenir las decisiones del regulador ante otras dependencias, pues la Comisión dependía de la Secretaría de Economía.

Conoce los cinco cambios que el Gobierno ha sopesado para reformar las leyes secundarias en materia de Competencia Económica.

1. Fijar topes en precios

La propuesta de leyes secundarias propondría que el Ejecutivo pueda establecer los precios máximos, una medida que aunque busca regular bienes de la canasta básica, podría distorsionar la competencia.

“Regular siempre es malo, pero en ciertas circunstancias puede tener un sentido, como en el caso de alimentos básicos. Me parece que va a servir más como una amenaza de última instancia”, explicó una fuente cercana al asunto.

Señaló el caso del alza abrupta en los precios del maíz hace unos años, donde un control de precios pudo contribuir a evitar espirales de inflación; pero resulta “inexplicable” que el Gobierno tenga esa facultad cuando se trataba de dar autonomía a la CFCE.

“La Comisión sólo podrá opinar en este proceso, pero nada más”, enfatizó la fuente.

2. Pedir investigaciones

La iniciativa también pretende incluir una facultad para que el Ejecutivo proponga a la CFCE iniciar investigaciones sobre la determinación de insumos esenciales, algo que mermaría la autoridad del actual órgano regulador de la competencia.

“El Gobierno puede pedir que se inicie esa investigación porque puede decirle a la CFCE que indague el caso, y tendrá que hacerlo de inmediato, lo que vulnera su autonomía para dirigir sus investigaciones”, explicó una de las fuentes consultadas.

3. La CFCE con megapoder para definir insumos esenciales

La reforma constitucional prevé que tanto la CFCE como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tengan la facultad para determinar los insumos esenciales en un mercado.

Lo anterior podría referirse al acaparamiento de una empresa de un proceso o infraestructura que puede distorsionar al mercado, por ejemplo las vías férreas, la infraestructura de telecomunicaciones o los horarios para despegue en los aeropuertos podrían caer en este supuesto.

“La Comisión va a tener un gran poder en sus manos con esta determinación, pero no es razonable pensar que tenga toda la experiencia para fijar precios en cualquier mercado, porque muchos requieren de una gran especialización”, explicó la fuente.

Además existen empresas que cuentan con insumos esenciales gracias a sus eficiencias, como puede ser el caso de una compañía que tiene una red de distribución terrestre a nivel nacional, lo que no puede ser penado; a diferencia de quienes lo lograron gracias al otorgamiento en exclusiva de alguna concesión, añadió la fuente.

“(Se debe esclarecer) el significado y alcance de nociones conceptuales claves que derivan de la reforma constitucional como en el caso de los insumos esenciales o la desincorporación de activos productivos ”, indicó el International Chamber of Commerce (ICC) México, en un comunicado de prensa difundido este martes.

4. Cambios ‘cosméticos’ a la ley

El grupo que promueve los intereses del sector privado, ICC, consideró “innecesario incorporar nuevos tipos de prácticas monopólicas y adicionales tipos penales especiales en las leyes secundarias de competencia y telecomunicaciones o en códigos penales”.

“La clave es que no deben arreglar lo que no está roto sólo porque quede ‘mejor’ redactado. La ley actual ya está en línea con las mejores prácticas en Estados Unidos”, expresó el vicepresidente del ICC en México, Miguel Flores Bernés.

5. Diálogo entre CFCE y las empresas

El también excomisionado de la extinta Comisión Federal de Competencia (CFC) añadió que dentro de la propuesta se debe incluir una instancia efectiva para que las empresas puedan recibir retroalimentación de la Comisión dentro de los casos que investiga, porque las sesiones con empresas que hoy lleva el regulador no están siendo fructíferas.

“En el caso de las concentraciones no hay un mecanismo de diálogo para discutir el caso, y por eso se vuelve largo y complejo”, dijo.