Congreso ignora a regulador de telecom
El Congreso terminó los foros sobre las reformas a las leyes secundarias de telecomunicaciones y radiodifusión presentadas por el Ejecutivo sin la participación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que tampoco presentó su postura sobre una iniciativa que le quitaría facultades otorgadas por la Constitución, señalaron expertos del sector.
“El Ejecutivo invade facultades del órgano regulador del IFT. La iniciativa raya en lo absurdo al permitir que la Secretaría de Gobernación conserve la vigilancia de los servicios de radio y televisión, que son los contenidos, incluidos los tiempos de estado y la publicidad”, expresó la Asociación Mexicana de Derechos a la Información (AMEDI).
El grupo cuestionó otras medidas como la revisión del programa de trabajo y los informes laborales del IFT por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como pedir la opinión de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer).
La Secretaría de Hacienda también tiene derecho a opinar sobre el precio de las licitaciones de manera no vinculante, algo que ya se prevé dentro de la reforma constitucional.
“(La propuesta) abre la puerta para el regreso de la doble ventanilla para ser el regulador de última instancia”, expresó la catedrática del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) Judith Mariscal.
La reforma constitucional aprobada a mediados del año pasado buscaba terminar con la llamada “doble ventanilla”, un elemento que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) señaló como uno de los más nocivos del sector, pues los agentes reguladores podían contravenir las disposiciones del extinto regulador -la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel)- frente a la SCT y luego ante tribunales.
“Aunque dichas recomendaciones no sean vinculantes, quebrantan la autonomía constitucional”, señaló la analista del centro de estudios especializado Observatel, Clara Luz Álvarez.
La excomisionada de la Cofetel agregó que dejar a la Segob la tutela de los contenidos puede verse como un retroceso “democrático”, pues aunque en la actualidad ya los vigila, ha demostrado que no tienen un verdadero control sobre lo que se presenta en televisión o radio.
La propuesta de legislación del Gobierno enfrentó duras críticas de los dos agentes preponderantes América Móvil y Televisa, que advirtieron sobre la dureza de los cambios propuestas, pero que a su vez pidieron más firmeza sobre la regulación en el mercado de su competidor.
El regulado autónomo constitucional había advertido la intención del Gobierno de excluirlos del debate sobre la propuesta de reforma, además de avisar de un intento de la mayor intervención de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Sin embargo, el Congreso excluyó de los debates públicos la comparecencia de miembros del IFT, mientras que en el caso de la legislación de competencia, si escuchó la postura de la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE), que acudió a los foros organizados para discutir las enmiendas a la Ley que normaría su espacio regulatorio.
El Instituto, que entró en funciones en septiembre del año pasado, prometió que enviaría su postura sobre la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto, pero hasta ahora no la ha hecho pública, como dijo el presidente comisionado del regulador, Gabriel Contreras.
En cambio la SCT sí ha salido a defender una propuesta de legislación que va a chocar con algunas determinaciones tomadas por el regulador, como la aplicación de una tarifa asimétrica a Telmex y Telcel frente a la competencia, mientras que la iniciativa plantea un cobro cero por este concepto a las empresas de Carlos Slim.
La propia Secretaría aceptó que no conminó al Instituto a participar de la propuesta de legislación.
El Senado continuará esta semana con la propuesta que presentará al Pleno de la Cámara Alta, que esperan aprobar antes de que finalice abril. La propuesta requiere del 50% más uno de senadores para aprobarse, y aunque el Partido de la Revolución Institucional (PRI) cuenta con la mayoría en el Senado, carece de los votos suficientes para aprobarla, incluso con sus aliados el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza.
Los partidos de oposición, Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) han expresado su rechazo a la iniciativa del Gobierno.
