Empleados impugnarán síndico de Mexicana
Trabajadores de la aerolínea Mexicana de Aviación anunciaron que impugnarán la designación de Alfonso Ascensión Triujeque como síndico en la ejecución de la quiebra de la empresa.
Hay conflicto de intereses debido a que Ascensión Triujeque trabajó en el Departamento Jurídico de la empresa Volaris, una de las beneficiarias con la quiebra y eventual desaparición de Mexicana de Aviación, afirmaron en conferencia de prensa, acompañados por el diputado federal del Partido del Trabajo, Arturo López Cándido.
José Rivas Parra, sobrecargo jubilado; Luis Fernando Nava, piloto jubilado; Guadalupe Álvarez, empleada en reservaciones jubilada; y Rocío Guerra, trabajadora de la Base de Mantenimiento, afirmaron que su acusación demuestra que hay intereses detrás de la declaratoria de quiebra.
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Además, dijeron que el interés expuesto por el Gobierno federal para rescatar la marca de Mexicana de Aviación, persigue el mismo fin.
Explicaron que al saber que la marca está prestigiada a escala internacional y que tiene un valor económico importante, ahora deciden separarla de la quiebra, lo mismo que a la base de mantenimiento.
En el caso de la marca el tema va más allá del valor en sí, pues al preservarla podrán subastar y vender también las rutas y los slots al mejor postor, señalaron.
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Respecto a una supuesta reunión que anunció el titular de la Secretaría del Trabajo, Alfonso Navarrete, con los trabajadores jubilados para la próxima semana, dijeron desconocerla, pues afirmaron que no han sido invitados por la dependencia.
Además informaron que el grupo parlamentario del PT en la Cámara de Diputados promoverá un punto de acuerdo para que se forme una comisión especial sobre el caso Mexicana de Aviación.
López Cándido explicó que este instrumento tendrá facultades de investigación para deslindar responsabilidades económicas, políticas y jurídicas y se vaya al fondo para castigar a los responsables de la quiebra de la aerolínea.
Finalmente, todos coincidieron en que el tema de Mexicana no concluye con la declaratoria de quiebra emitida en “forma precipitada” por la juez Edith Alarcón, pues todavía falta la emisión de una sentencia, la resolución de las apelaciones y hasta un eventual amparo que promoverían en su momento.
