Ley energética da superpoder a Hacienda
La Secretaría de Hacienda contará con las facultades para determinar las contraprestaciones al Estado en las asignaciones que realice el Gobierno para la exploración y explotación de hidrocarburos, lo que puede degenerar en una visión únicamente recaudatoria del sector energético, advirtieron expertos.
La dependencia a cargo de Luis Videgaray tendrá, entre otras funciones, la facultad para determinar los valores económicos dentro de los contratos de utilidad y producción compartida, además de las licencias que se otorguen para que los privados exploten los yacimientos de hidrocarburos.
“El elemento definidor de una licitación acaba siendo el que ofrezca una mayor contraprestación al Estado Mexicano. El objetivo es que se llegue al nivel óptimo a través de la competencia”, explicó el subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía, César Hernández.
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El artículo 30 de la propuesta de Ley de Hidrocarburos que mandó el Gobierno al Senado prevé que Hacienda establezca los términos fiscales de las licitaciones y contratos; además de determinar la variable económica de la adjudicación, previa opinión de la Secretaría de Energía (Sener).
“Lo que me preocupa un poco es que Hacienda, para las licitaciones, pone claro que sólo va a ser una la variable económica determinante. Así que Hacienda tiene la última palabra, porque no sabemos si dominará más el punto técnico que el recaudatorio dentro de la visión de Hacienda”, expresó la analista de la consultora IHS-Cera, Alejandra León.
El artículo 31 de la misma iniciativa prevé que la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) siga los “lineamientos relativos a los términos fiscales” que emitan la Sener y Hacienda.
“La omnipresencia de Hacienda en toda la reforma es preocupante, porque podemos tener una industria recaudatoria, en lugar de una que promueva el desarrollo del sector”, expresó la catedrática del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Miriam Grunstein.
Señaló que Hacienda carece del personal capacitado para determinar los costos que puedan ser objeto de una deducción dentro de una asignación, algo que puede desincentivar a las compañías que quieran participar en el sector energético.
“La ley manda la coordinación de estos entes, pero si la variable de decisión es económica, al final puede acabar decantándose por la visión de Hacienda”, dijo Alejandra León.
La Secretaría de Hacienda no respondió a una solicitud de entrevista para conocer su opinión sobre este tema.
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En el caso de las telecomunicaciones, la reforma constitucional previó que fuera el regulador del sector el que pusiera los precios de las licitaciones.
Así, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) emite una opinión “no vinculante” de Hacienda, con el fin de evitar que se impusiera la lógica recaudatoria sobre la de promoción del sector, pero sin dejar de tener la visión fiscal.
En la presentación de las bases de licitación de televisión abierta, presentadas a inicios de este año, Hacienda sugirió cobrar 1,600 millones de pesos (mdp) por cada cadena de TV, mientras que el precio final puesto por el IFT fue de 830 mdp, es decir, cerca de la mitad.
Tema fiscal en contratos, caso por caso
La iniciativa prevé una combinación del pago de regalías e impuestos para los ganadores de las adjudicaciones a la iniciativa privada, lo que promueve que se tomen en cuenta las dificultades técnicas que prevea cada yacimiento.
“El régimen pensado para los tres contratos se piensa para ser competitivo a nivel internacional. No parte de un porcentaje fijo que se les vaya a pedir a los contratistas, sino que es una fórmula caso por caso, y que se llega a través de licitaciones”, dijo el subsecretario de la Sener, César Hernández.
La reforma pretende que la producción de crudo se eleve de 2.5 millones de barriles promedio diario a 3 millones para 2018, por lo que el Gobierno buscará una combinación de asignación de proyectos en recursos convencionales y no convencionales, explicó.
“Una regalía alta en aguas someras hace más sentido que en aguas profundas, tan sólo por el riesgo del proyecto. Igualmente, (las) tasas en aguas profundas deben ser equiparables, sobre todo, al más cercano proxy, que en este caso, sería la costa del Golfo de EU, donde, en total se pagan tasas entre 60% y 50%”, dijo el presidente de la consultora especializada GMEC, Gonzalo Monroy.
La iniciativa de Ley de Ingresos sobre hidrocarburos prevé una primera cuota a pagar al momento de la asignación de un proyecto, luego el pago de una cuota mensual en la etapa de exploración, para después cobrar la regalía y la tasa fiscal aplicable por proyecto.
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Las regalías se medirán por tabuladores que tomarán como referencia el precio del petróleo o gas natural, por lo que a mayor precio, el Estado exigirá una mayor regalía y viceversa.
En el caso del gas no asociado, también conocido como gas seco porque se encuentra en yacimientos sin presencia de crudo líquido para explotar, cuando el precio se encuentre por debajo de los cinco dólares por millón de BTU, no se cobrará la regalía, con el fin de incentivar su explotación.
“Si realmente quieres atraer inversiones, tienes que ofrecer un mínimo de condiciones que sean igual o mejores”, expresó la especialista de IHS-Cera.
Se estima que México tiene una de las reservas más importantes de shale gas en el mundo, un tipo de gas natural contenidos en estructuras de rocas llamadas lutitas, que comparte con la frontera con Estados Unidos.
El país vecino ha realizado una fuerte explotación de este hidrocarburo que le ha permitido posicionarse en vías de ser autosuficiente en materia energética.
