Senado da más poder petrolero a Hacienda

La propuesta de la Cámara alta quita la opinión de la Sener en los términos fiscales de contratos; el proyecto de ley atenúa las causales de revocación, y da plazos para que las firmas se defiendan.
Luis Videgaray  (Foto: Notimex)
Edgar Sigler /
CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) -

La propuesta de Ley de Hidrocarburos que estudiará el Senado prevé eliminar la opinión de la Secretaría de Energía (Sener) en la determinación de las condiciones fiscales y las variables de adjudicación en las licitaciones de exploración y extracción de hidrocarburos, por lo que sería la Secretaría de Hacienda quien las definiría por su cuenta.

El proyecto de dictamen, que debe ser discutido y en su caso aprobado por la Cámara alta en los siguientes días, elimina la obligación para que la dependencia que lidera Luis Videgaray pida la opinión de la Sener al fijar estos valores dentro de las licitaciones en el sector, algo que sí contenía la propuesta original del Gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Si la Sener tenía un parecer en los términos económicos, se podía entender que se iba a tener en cuenta las características de los campos y yacimientos. Pero si ya no la tiene, entonces la decisión queda completamente en Hacienda, y se corre el riesgo de que haya más variables de tipo presupuestal que las técnicas”, dijo el analista senior de la consultora internacional IHS-Cera, Pedro Martínez Lara.

El especialista señaló que se requiere tomar en cuenta la complejidad de cada una de las asignaciones que se pretendan realizar, independiente del tipo del contrato, porque cada proyecto va a requerir de condiciones fiscales específicas que permitan la mayor concurrencia de interesados.

La propuesta de leyes secundarias reglamentará la manera en que el Estado licitará los nuevos contratos que permitirán la participación de la iniciativa privada, derivado de la reforma constitucional aprobada a finales del año pasado.

Algunos expertos nacionales e internacionales han enfatizado la importancia en la determinación de las condiciones fiscales de los contratos que se liciten, con el fin de atraer la inversión extranjera y nacional que ayuden a levantar la producción de crudo del México, que en los últimos 10 años ha caído en casi 25%.

La Sener y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) han defendido que la propuesta de legislación del Gobierno pretende diferenciar la carga fiscal entre pozos con distintas complejidades y costos como entre aguas someras, con bajos riesgos, frente a los de aguas profundas, donde los riesgos de extracción son mayores.

El proyecto de dictamen también quita a la Sener la facultad para aprobar los planes de exploración y extracción en los contratos; además de autorizar las alianzas o asociaciones para ceder el control corporativo o de las operaciones en un campo, lo cual va en línea con las nuevas facultades que tendrán el regulador para vigilar que se cumplan con los contratos, dijo Pedro Martínez Lara.

Senado busca atenuar revocación de contratos

La propuesta pretende atenuar las causales para la revocación de las asignaciones en los contratos para la extracción y producción de crudo, otorgando a las petroleras un periodo para presentar las pruebas, además de permitirles “solventar” la falta antes que se les quite el contrato.

El artículo 20 del proyecto de la Ley de Hidrocarburos prevé que el “contratista” tenga un plazo máximo de 30 días naturales para exponer pruebas ante la notificación de una “recesión administrativa” del contrato, tras lo cual la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) tendrá 90 días naturales para resolver la revocación, aunque el contratista puede solventar la falta.

“Este proceso va a dar más certeza a los inversionistas”, opinó el analista de IHS-Cera.

La iniciativa que publicó el Senado el fin de semana también detalla qué elementos se van a requerir para iniciar el proceso de recisión de contratos, por ejemplo, al señalar que se requerirá de más de una omisión, falta o falsificación de información “de manera injustificada” para poder quitarles el contrato. Así como de incurrir en un error grave que involucre “daños a instalaciones” o “pérdidas humanas”, precisiones que no tenía la propuesta del Gobierno.

Más contenido nacional

La legislación que se discutirá también prevé elevar del 25% al 35% el contenido nacional en el sector petrolero, aunque excluye de esta obligación a los proyectos en aguas profundas, debido a que en ese tipo de campos se requiere de una experiencia que las mexicanas no tienen.

Además, la iniciativa contempla otorgarle a la Secretaría de Energía la facultad para determinar el modelo de contrato (entre licencia, utilidad, producción compartida, u otro esquema).

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“Veo manejable ese porcentaje de contenido nacional. No es tan alto que pudiera impedir el desarrollo de los proyectos. Aunque lo ideal es que no existieran estos porcentajes”, dijo Martínez Lara.

El proyecto de dictamen prevé aumentar el contenido nacional hasta el 35% en 2025, tras lo cual se revisará cada cinco años.

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