Ley energética quita pago de utilidades

La propuesta de ley secundaria del Gobierno exime a las compañías del sector del pago del PTU; la iniciativa, que aún debe ser aprobada, puede generar atractivo para las firmas extranjeras.
petroleo  (Foto: Archivo)
Edgar Sigler /
CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) -

En caso de que se aprueben las leyes secundarias en materia energética, los trabajadores del sector petrolero en el país no tendrán derecho a la repartición de utilidades, a diferencia de los demás empleados del sector privado, de acuerdo con el artículo 67 de la iniciativa de Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos del Gobierno, que actualmente discute el Congreso.

Este artículo exime a los contratistas y asignatarios de proyectos de exploración y producción de petróleo y gas de pagar la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), que establece la Ley Federal del Trabajo, y que considera al menos el 10% de las ganancias de una compañía en el año previo a su pago.

“La exención del pago de PTU a todas las empresas que realicen actividades de exploración y extracción de hidrocarburos tiene como fundamento el cumplimiento al mandato constitucional de maximizar los ingresos de la Nación”, justifica el Gobierno federal en su propuesta.

La intención de exentar de este pago a las empresas del sector energético es atraer a las compañías para que inviertan en la extracción de hidrocarburos, aunque su aplicación puede resultar inconstitucional, comentaron expertos.

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La exención del PTU generará mejores condiciones para los capitales privados que quieran invertir en el país, pues en otras partes del mundo no existe esta repartición, explicó Roberto Mendoza, gerente senior de impuestos corporativos en la consultora internacional KPMG.

“Una de las exenciones que se están otorgando, que es polémica, y que es digna de analizarse, es que todas las empresas que vengan a las licitaciones, van a tener una exención fiscal. Si bien hay aspectos de constitucionalidad, va a hacer atractivo”.

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¿Constitucional?

Pero la exención del PTU en el sector energético puede resultar inconstitucional, pues se ampara en el artículo 193, además de varios artículos de la Ley Federal del Trabajo, advirtió el abogado experto en temas laborales, Hugo Italo Morales, del despacho Hugo Italo & Asociados.

“La idea de la reforma energética, desde el punto de vista internacional es darle al inversionista extranjero ventajas para que vengan, pero al darle esas facilidades, la reforma se mete en cosas que no son de ese sector, sino del laboral”.

Las paraestatales como Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), aunque transitarán a la figura de empresas productivas del Estado, tampoco tendrán la obligación de pagar el reparto de utilidades, dijo el consejero independiente de Pemex, Fluvio Ruiz.

“Yo no concibo que quede exento ahora que sea empresa productiva. La justificación es que se usufructúa un bien de la Nación, pero también lo hacen las telefónicas y mineras ¿no?”, ejemplificó Ruiz, quien añadió que Pemex actualmente no paga el PTU a sus trabajadores, aunque sí existen otros "bonos" anuales que se reparten en ciertos niveles altos de la paraestatal.

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La Cámara Minera de México (Camimex) ha señalado que el pago del PTU, que pagan las empresas del sector, vuelve a la industria nacional menos competitiva en materia de impuestos frente a otras naciones con importante participación minera como Chile, Canadá, Perú o Estados Unidos.

La propuesta de ley sobre ingresos de hidrocarburos da la posibilidad de que se exenten ciertas actividades debido a su “naturaleza y condiciones particulares”, en su artículo 123, apartado A, fracción IX.

“La exención del pago de PTU permitirá, por un lado, que las empresas que por cuenta del Estado realicen las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos únicamente se queden con el margen menor de utilidades que resulte atractivo para que participen en nuestro mercado de hidrocarburos y, por otro, que el Estado perciba el mayor margen de utilidad posible, en beneficio de la Nación, y conforme lo ordena la Constitución General”, explica la iniciativa del Gobierno.

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La reforma constitucional en materia energética del año pasado abrió la puerta a la inversión privada en el sector de los hidrocarburos, con el objetivo de relanzar la producción del país que lleva casi 10 años en declive.

El Congreso aún no define fechas para aprobar las reformas a las leyes secundarias en materia energética, lo cual puede suceder dentro de un periodo extraordinario entre julio y agosto o hasta el inicio del periodo ordinario en septiembre.

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