Caso Oceanografía es sui géneris: juez

Es la primera vez en la historia del concurso mercantil que se decide anular una inhabilitación; Consuelo Soto dijo que el dinero por contratos que reciba Oceanografía lo administrará el SAE.
Oceanografía  (Foto: Getty)
Sara Cantera
CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) -

La decisión de anular la inhabilitación a Oceanografía para celebrar contratos con dependencias de Gobierno,  para que así pueda participar en licitaciones con Pemex, es histórica, reconoció en entrevista el juez que la ordenó, Felipe Consuelo Soto.

“Es la primera vez que se hace [anular la inhabilitación]. Cada concurso mercantil es diferente derivado del tipo de empresa que está en esa situación, en este caso es muy sui géneris por el tipo de servicios que presta la empresa y a quién se los está prestando, a empresas estatales de áreas estratégicas. Es algo muy especial que difícilmente se puede volver a dar”, aseguró.

El juez, que fue el encargado de admitir el concurso mercantil de la empresa, aseguró que su decisión se fundamenta en la necesidad de preservar los empleos de la compañía –alrededor de 10,000- y con la intención de que no se afecten las operaciones mismas de Pemex.

“La finalidad de que haya recursos para la empresa […] es que si deja de tener contratos ya no va a poder seguir operando y consecuentemente se iría a la quiebra, con la pérdida de empleos. Estamos hablando más de 10,000 empleos y de que se afectaría el entorno social de la Sonda de Campeche derivado de esta situación, dada la magnitud de la empresa y de la importancia que tiene en sus operaciones con Pemex”, dijo.

Oeanografía tiene cerca de 4,500 trabajadores fijos y alrededor de 5,000 eventuales en instalaciones en la Sonda de Campeche, Ciudad de Carmen, Campeche; Dos Bocas y Villahermosa, Tabasco y Coatzacoalcos, Veracruz, según información de la propia empresa.

Actualmente la cuestionada compañía tiene 19 contratos vigentes con Pemex por cerca de 8,000 millones de pesos, algunos de los cuales vencen hasta 2022.

El pasado 11 de febrero, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a la compañía por un año, nueve meses y 12 días para proponer o celebrar contratos con dependencias de Gobierno y entidades de la administración pública federal.

Esto provocó que la empresa sufriera problemas de liquidez, debido a que alrededor del 97% de sus ingresos provenían solo de Pemex, concretamente de su subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP).

A los problemas financieros de Oceanografía se sumó la intervención de la compañía en marzo pasado por parte del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), luego de que se diera a conocer un posible fraude de la compañía por 400 millones de dólares (mdd) contra el banco Banamex y su casa matriz en Estados Unidos, Citigroup.

“Si bien esa inhabilitación tiene por objeto proteger el orden público, lo cierto es que aquí también el interés público es proteger la fuente de empleo y que además con el aseguramiento que hizo la PGR y que actualmente la administración de la empresa no la tienen los socios sino el SAE, esta circunstancia garantiza que la operación se pueda realizar de forma transparente y honesta”, explicó el juez.

Felipe Consuelo Soto detalló que el dinero que reciba Oceanografía, tanto de nuevos contratos como de los vigentes es administrado por el SAE. que mantiene intervenida a la empresa.

Actualmente Banamex mantiene abierta una investigación en contra de la firma de Amado Yáñez Ozuna.

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