Pensiones de Pemex ‘incendian’ reforma
La propuesta de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados para que el Gobierno federal asuma parte del costo de las pensiones, jubilaciones y otros beneficios del sindicato de Pemex avivó el debate de la aprobación de las leyes secundarias que normarán la apertura del sector al capital privado.
Esta deuda ha sido desatendida por años y ha generado que los pasivos de la paraestatal por este concepto se hayan más que triplicado en los últimos 10 años.
Los diputados discutirán esta semana en el Pleno una serie de modificaciones a la legislación en materia energética, que incluye una propuesta para que el Gobierno mexicano asuma parte de los pasivos laborales de Pemex a cambio de que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) admita reconvenir algunas cláusulas de su contrato colectivo.
Entre los cambios que se proponen destaca la posibilidad de aumentar la edad de jubilación de 55 a 65 años, lo que debe reducir en 30% el pasivo laboral de la petrolera, explicó en entrevista el senador del Partido Acción Nacional (PAN) y miembro de la Comisión de Energía, Jorge Luis Lavalle.
“Se trata de un acuerdo tripartita donde los trabajadores deberán poner de su parte”, expresó el legislador, aunque no detalló la forma en cómo se pretende que se llegue a este acuerdo entre Pemex y los empleados en activo.
Pemex cuenta con una plantilla laboral de casi 150,000 trabajadores, la mayor parte de ellos sindicalizados , lo que genera que cada trimestre deba utilizar una parte importante de sus recursos en pagar estas obligaciones.
La paraestatal, que se prepara para transitar al nuevo régimen de empresa productiva del Estado bajo la nueva legislación, destinó cerca de 13% de su gasto sólo al pago de sus obligaciones de pensiones, jubilaciones y otros beneficios a empleados durante el año pasado, según datos de su reporte a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) de 2013.
En el caso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que también se incluye en la propuesta para devengar parte de sus pasivos hacia el Gobierno, el pago de pensiones representó 23% de los costos totales del 2013 , según datos de su reporte anual a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
“En el corto y mediano plazos seguiremos siendo el principal contribuyente para el Gobierno mexicano, pero confiamos que el sector energético, y la actividad económica que se despida de la reforma, conllevarán a una menor carga fiscal para Pemex”, destacó por su parte el director financiero de Pemex, Mario Beauregard, en una conferencia con inversionistas el viernes pasado, donde los directivos de la paraestatal declinaron comentar sobre la propuesta que se discute en el Congreso.
Algunos analistas han alertado que el traslado de parte de estos pasivos de Pemex, junto con los de la CFE, pueden impactar de manera negativa en mayores tasas de interés para el financiamiento del Gobierno mexicano, como consecuencia de un aumento en la deuda pública.
“En principio la propuesta es que el Gobierno absorba una tercera parte del pasivo laboral de largo plazo de ambas empresas (unos 700,000 millones de pesos), lo cual supone un incremento en la deuda pública de al menos 25%”, expresaron analistas de Santander en una nota para inversionistas el viernes.
Los pasivos de Pemex crecieron 3.36 veces desde 2004 al cierre del semestre de este año, al pasar de 342,270 millones de pesos (mdp) a casi 1.15 billones de pesos (bdp), según datos de la petrolera en sus reportes financieros.
En el caso de la CFE alcanzan los 508,000 mdp al cierre del primer trimestre del año.
“Veremos que cada quien haga su mejor esfuerzo. No se trata de meter en camisa de fuerza a nadie. Estaremos muy atentos de las expectativas que presente en su momento la Secretaría de Hacienda”, expresó el senador panista.
El Pleno de la Cámara de Diputados discutirá esta semana los paquetes de leyes que aprobaron en comisiones, para que el Senado pueda discutir y votar tanto los paquetes que se trabajaron dentro de la Cámara Baja, como los cambios a los dictámenes que habían enviado los senadores hace más de dos semanas.
