Sonora acusa a GMéxico de aún contaminar y rompe relación

El Gobierno de Sonora acusó a Grupo México de seguir contaminando deliberadamente el río Bacanuchi y anunció el rompimiento de cualquier relación con la minera, responsable del derrame tóxico en ese afluente.

La empresa minera Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, continúa operando de manera irregular y realiza descargas de sustancias tóxicas al río, afirmó el titular de la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC), Carlos Jesús Arias.

“[Realiza] descargas deliberadas de tóxicos al río Bacanuchi”, acusó el funcionario en conferencia de prensa.

El 6 de agosto la minera Buenavista del Cobre derramó en ese río 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre, lo que causó daños al medio ambiente y a más de 22,000 habitantes de siente municipios de Sonora.

Arias mostró fotografías del 24 de agosto donde se observa que un equipo de bombeo hace descargas al arroyo “Las Tinajas” y de ahí al río Bacanuchi, sobre el represo provisional que se construyó el 7 de agosto para contener el derrame.

Consideró que ese derrame ya fue notificado a las autoridades federales mediante denuncia a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que se deslinden responsabilidades.

Gobierno de Sonora rompe relación con Grupo México

El Gobierno de Sonora suspedió cualquier tipo de vínculo con Grupo México, afirmó el titular de la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC), Carlos Jesús Arias.

“El Gobierno del estado rompe totalmente cualquier tipo de relaciones con la empresa minera de Cananea”, afirmó el funcionario.

Agregó que la compañía Buenavista del Cobre violó sellos de clausura impuestos por la UEPC.

Señaló que la dependencia estatal clausuró las instalaciones de la planta al incumplir con el diagnostico de riesgos que por ley debió presentar en la ampliación de trabajos que viene haciendo a su planta concentradora de cobre.

“Estos trabajos tampoco tienen permiso de uso de suelo por parte de las autoridades municipales ni licencia de construcción”, explicó.

Arias dijo que la empresa negó en dos ocasiones el acceso a los inspectores de UEPC para verificar y constatar el cumplimiento de las sanciones impuestas y señaló que el 18 de septiembre fue la más reciente ocasión en que se les negó el acceso a la mina.

Por ello, dijo, se inició un proceso legal que puede incluir el uso de la fuerza pública para hacer valer la ley.

“Independientemente del proceso legal que ya iniciamos, vamos a volver a ir y vamos a entrar con la fuerza pública; la próxima vez que yo vaya a la mina de Cananea voy a ir con la fuerza pública y voy a entrar a verificar que se cumplan las sanciones que Protección Civil ordenó”, advirtió.

Por otra parte, el funcionario estatal comentó que se verificará el programa interno de protección civil que la empresa debe tener y que la compañía no ha presentado a la autoridad responsable.

“La mina está obligada a cumplir con la ley, sobre todo en algo delicado como es la protección de sus propios trabajadores”, ya que de acuerdo a estimaciones adentro de la mina laboran unas 3,000 personas.