La tierra, un riesgo para energéticas que lleguen a México

La oposición de habitantes locales en algunas regiones ha frenado proyectos como La Parota; las empresas que lleguen al país tras la reforma energética pueden encarar los mismos conflictos.
gasoducto morelos  (Foto: Edgar Córdova / Expansión)
Camille Lavoix
CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) -

El gobierno mexicano y las empresas privadas planean proyectos hidroeléctricos, eólicos, petroleros y de gas en más de 15 estados del país. Sin embargo, en muchos de ellos, algunos dueños de las tierras se oponen a su  construcción. Este rechazo ha frenado las obras e incluso puede cancelarlas y es el mismo escenario que enfrentarían las compañías que arriben al país tras las reforma energética.

“El problema ya tiene una índole histórica, y en muchas ocasiones se ha visto que hay abusos por ambas partes: tanto de los desarrolladores, porque a veces el precio que dan no es justo, como de los ejidatarios, porque a veces el precio que piden es excesivo”, dice el especialista en energía del despacho Ibáñez Parkman, Damián González, a Expansión en su edición del 10 de abril de 2015.

“Pero los ejidos te pueden cerrar un proyecto, como La Parota”. La Parota es una presa hidroeléctrica que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) quiere impulsar en Guerrero desde hace más de 10 años, pero tiene una fuerte oposición de la comunidad. Las obras están suspendidas.

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Un convenio sin reglas

Alfredo Hernández es presidente del Comité de Defensa del Territorio de Zoquiapan, en la sierra norte de Puebla. Afirma que vio en marzo de 2013 a varios topógrafos realizando labores para preparar la instalación de una planta hidroeléctrica.

Los recursos hídricos de la región atraen a empresas mexicanas, como Generación Eléctrica San Antonio (GESA) y Comexhidro, que tienen proyectos para hacer centrales generadoras de energía en el área. Pero muchas de ellas enfrentan la oposición de los pobladores, como Hernández, quien organizó una reunión con los habitantes para informarles de que una compañía pretendía hacer una presa cerca del municipio.

“La autoridad no quería decirnos qué pasaba”, dice. Al final, el gobierno local les anunció que las empresas Ingdeshidro y GESA construirían en esa área el proyecto hidroeléctrico San Antonio.

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Los pobladores rechazaron el proyecto en una asamblea popular. “Es una falta de respeto no consultarnos hasta que protestamos", afirma Hernández. "Tampoco es aceptable como argumento decirnos que van a pintar los tubos de verde: es material muerto igualmente, y no genera vida”.

México firmó en 1990 el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales. El artículo sexto indica que los gobiernos están obligados a consultar y obtener el acuerdo de las comunidades sobre las decisiones que les afectan.

El problema es que el convenio no está reglamentado y no hay un procedimiento formal para hacer la consulta, dice Mariana Castillo, analista del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, una organización civil de protección al medioambiente.

Las empresas consideran que obtener el consentimiento de la población es uno de sus últimos trámites, afirma Castillo, “cuando debe ser lo primero que deben hacer, antes que cualquier cosa en el terreno”.

El inicio de la construcción de la hidroeléctrica San Antonio estaba previsto para 2014. Pero, en octubre de ese año, los pobladores volvieron a firmar un acta de rechazo.

El proyecto sigue adelante, con el permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero con la oposición de parte de la comunidad, que organiza bloqueos y protestas.

Procesos largos

Hay más casos: la construcción del parque eólico Mareña Renovables en Oaxaca, del fideicomiso de infraestructura Macquarie México y otros inversionistas, lleva años con aplazamientos por problemas con los pobladores.

“Estos procesos toman tiempo y es algo que las empresas deben tener en cuenta”, dice Nadjeli Babinet, directora de Desarrollo Sustentable del Centro de Colaboración Cívica, una ONG que promueve el diálogo en los conflictos y que hizo más de 200 entrevistas con actores involucrados en México en proyectos de energías renovables.

“Para las comunidades, estos procesos de diálogo y participación pueden tomar hasta un par de años, cuando a las empresas les interesa tener la anuencia en cuestión de pocos meses”, explica a la revista, cuya suscripción está disponible en el Kiosco Digital de Grupo Expansión.

Los conflictos son numerosos: las comunidades denuncian amenazas e intimidaciones por parte de las empresas y los gobiernos, mientras que las compañías denuncian bloqueos y saqueos por parte de los pobladores.

Al cierre de su edición del 10 de abril, Expansión visitó algunas poblaciones enfrentadas a proyectos energéticos: las hidroeléctricas de la Sierra Norte, un gasoducto entre Puebla y Morelos y varios parques eólicos en Juchitán, Oaxaca. Sus problemas son los mismos que pueden vivir las empresas del sector que lleguen al país a partir de la reforma que abre el petróleo, el gas y la electricidad a la inversión privada.

Contra el gas

El gasoducto Morelos recorrerá 158 kilómetros entre Tlaxco de Morelos, en Tlaxcala, y Yecapixtla, en Morelos, pasando por Puebla, para llevar hasta 3.3 millones de metros cúbicos de gas al día a una planta de electricidad
de ese estado. Un consorcio de las empresas españolas Elecnor y Enagás ganó en octubre de 2011 la licitación
para su construcción.

Sin embargo, las obras llevan casi dos años de retraso en el lado de Puebla por el rechazo de parte de la comunidad local, que realizó bloqueos y manifestaciones. Algunos empresarios protestan ante esta actitud. “Si los indígenas no quieren gas, que se vayan a vivir a Barrancas del Cobre o al Amazonas”, dice un directivo de una empresa que perdió la licitación para el gasoducto. “Todo el mundo quiere gas, nadie quiere que esté el gasoducto al lado de su casa, pero en algún lugar ha de estar”.

Expansión solicitó entrevistas con la CFE, Elecnor y el gobierno de Puebla, pero al cierre de su edición no recibió respuesta. Algunos de los opositores terminaron con problemas con la justicia. Avelino Velázquez, comisariado de Bienes Comunales de San Juan Amecac, una localidad poblana de 4,000 habitantes, se esconde con su familia en una casa de tres cuartos, suelo de cemento, paredes color menta y donde apenas hay muebles aparte de las camas, dos sillas y un banquito de madera.

Hay una orden de aprehensión de la Procuraduría General de Justicia en su contra por robo y obstrucción de obra pública.

Él niega los cargos. “Estaba en contra del gasoducto (...) por el futuro de los niños —dice—. Se rumoró que era la muerte, no quiero muerte para mi población.

Reuní un buen tanto de firmas y me sentí seguro que lo podía lograr, y por un tiempo logré detenerlo legalmente.
(...) Pero después empezaron las presiones. (...) Siempre tengo miedo, no hago nada de mis días”.

Juan Carlos Flores es otra de las caras más conocidas entre los opositores al gasoducto. Cuando Expansión lo entrevistó, en julio de 2014, estaba en la cárcel de Cholula acusado de motín y ataques a la obra pública,
entre otros cargos.

Decía que estaba preso por oponerse al gasoducto, pues, según él, va contra los intereses de la comunidad. “A los ejidatarios que no saben leer les compraron 40 pesos el metro cuadrado y les hicieron dejar una huella en un árbol como firma”, aseguró, vestido con un pantalón y una playera color crema iguales a las del resto de reclusos.

Flores añadió que, cuando saliera de la cárcel, continuaría “la lucha” contra el proyecto. Fue absuelto de los cargos y liberado en enero.

Jaime Domínguez, un agricultor de Jantetelco, en Morelos, es otro opositor al gasoducto. Las autoridades lo detuvieron dos veces. Afirma que sufrió torturas por parte de la policía estatal, y cuenta que unos agentes le dijeron: “Eso te pasa por defender a esos indios de mierda”.

El visitador de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, Cuauhtémoc Magdaleno González, ratificó su
queja ante la Procuraduría General de Justicia de ese estado y confirmó que el denunciante tenía lesiones.

Expansión no pudo comprobar sus afirmaciones.

¿Malos vientos?

Los proyectos eólicos de la zona costera de Juchitán, en Oaxaca, cuyo potencial de producción supera el de toda
Europa, también tienen este tipo de conflictos. Gran parte de la tierra de esa región es comunal, y algunos propietarios se oponen a las eólicas.

Dicen que la alta concentración de aerogeneradores afecta al medioambiente y a las aves. “Sí, la concentración es extremadamente fuerte, pero hay lugares de tamaño parecido en el mundo”, dice Tristan Grimbert, CEO de la filial de energías renovables de la empresa francesa EDF, que opera parques eólicos en Oaxaca.

“El impacto es superior a lo que pensábamos y vamos a tomar medidas para remediarlo, especialmente en el caso de los pájaros”.

Juan Regalado, propietario en Unión Hidalgo, un municipio con 12,000 habitantes, está en contra de un proyecto de Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex), subsidiaria de la española Renovalia y constructora del parque eólico Piedra Larga. “Contrató edecanes para hacer firmar a los ancianos —afirma—. Organizó una vela (celebración tradicional) para los dueños que se resistían a firmar. Les regaló 10 cartones de cerveza”.

Alejandra Ancheita, abogada de la ONG Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales —dedicada a la promoción del uso justo de la tierra—, asesoró a los habitantes de Unión Hidalgo. Dice que también documentó malas prácticas, aunque declinó señalar responsables.

“Se les prometía a los residentes cosas como becas para sus hijos”, asegura.

La empresa lo niega. “Las acusaciones son totalmente falsas, no se corresponden con la realidad”, dice Juan Carlos Sanmartín, vocero de Renovalia.

Su compañía, añade, cumplió todos los requisitos de informar a los ejidatarios —en español, zapoteco y diidxazá— y tiene la anuencia de los propietarios de cada terreno donde opera. “Las inconformidades hasta ahora generadas (...) no se han debido a la falta de información y transparencia —dice Sanmartín—, sino que son resultado de las disputas internas de las colectividades comunitarias, de donde han surgido grupos minoritarios que manifiestan su contrariedad con estos proyectos”.

El problema comienza cuando las empresas reparten los beneficios —el pago por rentar los terrenos— de manera desigual, dice Babinet, de la ONG Centro de Colaboración Cívica. “Unos reciben más dinero que otros.

Esto es totalmente racional desde el punto de vista comercial, pero genera tensiones en las comunidades”.

La construcción del parque eólico Bií Hioxo, de la española Gas Natural Fenosa, también tiene opositores que acusan de malas prácticas a la compañía. Es el caso de Carlos Sánchez, un propietario de Juchitán.

“Gas Fenosa le dijo a mi papá que si él les daba sus 10 hectáreas en Juchitán, lo iban a hacer tan rico que iba a colgar su hamaca de un aerogenerador al otro —dice—. La realidad fue una renta de 1,500 pesos anuales”.

Gas Natural Fenosa, a través de un vocero, afirma que tienen el respaldo de todos los propietarios de los terrenos y que las críticas son “descalificaciones y acusaciones falsas por parte de opositores al proyecto. (...) No existen denuncias en contra del parque”.

Servidumbre legal

La reforma energética regula algunas de las causas de conflicto para tratar de evitarlas en el futuro. Por ejemplo, el nuevo reglamento exige  que los proyectos tengan el acuerdo social y permite a los propietarios solicitar avalúos independientes sobre el valor de sus terrenos, dice González, de Ibáñez Parkman.

Sin embargo, agrega este experto,  si las empresas y los propietarios no llegan a un acuerdo, un juez puede dictar la servidumbre legal y obligar al arrendamiento forzoso. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que desde febrero dirige el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, establecerá, en estos casos, la forma y el monto del pago a los propietarios.

La reforma estima que las actividades de energía eléctrica y de hidrocarburos son de interés público, por lo que los propietarios no podrán oponerse a la instalación de la infraestructura necesaria en sus tierras, aunque sí tendrán derecho a un pago.

“En resumen, ahora se trata de negociar con los propietarios de los terrenos, que (...) por otro lado, muestran cada vez una mayor capacidad de organización en el caso de que un proyecto afecte su estilo de vida”, dice José Juan González, presidente del Instituto Mexicano de Investigaciones en Derecho Ambiental.

Por tanto, los conflictos pueden continuar si el gobierno no atiende los intereses de todos, afirma Manuel Molano, director general adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad, un centro de investigación sobre políticas públicas. “Con todos nuestros recursos, podemos ser Noruega, construir un país increíble con instituciones transparentes, distribuyendo las rentas, o ser Nigeria y tener una locura de país, encarcelando a los indígenas, dejando a la generación actual llevarse todas las riquezas, y no dejar nada a las futuras”.

Con información de Leonardo Peralta

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