El Gobierno investiga presunta extorsión en Pemex

Funcionarios presuntamente extorsionaron a la compañía Súper Pereyra en una licitación; Pemex dijo que supuestamente solicitaron a la empresa 10 mdp en efectivo y dos camionetas.
pemex sonda campeche ok  (Foto: Tomada de @Pemex)
CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) -

La Secretaría de la Función Pública (SFP) inició una investigación sobre presuntos actos de extorsión por parte de funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) a la compañía Súper Pereyra, luego de una denuncia de un trabajador de Pemex Exploración y Producción.

“Supuestamente los acusados solicitaron a dicha empresa 10 millones de pesos en efectivo así como dos camionetas para "apoyar" el desarrollo del contrato (de servicios de alimentación y hotelería en plataformas habitacionales en la Sonda de Campeche)”, indicó este martes Pemex en un comunicado.

La Secretaría de la Función Pública en coordinación con la empresa Súper Pereyra denunciaron los hechos el 25 de junio pasado ante el Ministerio Público.

Pemex dijo que al día siguiente fueron detenidas tres personas en un restaurante de Polanco, uno de ellos trabajador de Pemex.

"Tres días después, el Ministerio Público consignó por extorsión a los detenidos y el domingo 5 de julio se les dictó auto de formal prisión por el delito de extorsión", agregó.

La empresa señaló que aún siguen las investigaciones para determinar si existe algún otro servidor público involucrado en el caso.

Pemex, la mayor empresa pública mexicana, realiza numerosas licitaciones entre prestadores de servicios de distintos ramos para cubrir sus necesidades operacionales.

Por primera vez desde 1938, cuando se nacionalizaron los energéticos mexicanos, se han abierto licitaciones para que capitales privados nacionales y extranjeros participen en la explotación de hidrocarburos.

El próximo 15 de julio se conocerán las ofertas ganadoras de una primera licitación, denominada Ronda 1 y que incluye 14 bloques en aguas someras del Golfo de México.

Esta apertura del sector energético fue resultado de una reforma constitucional aprobada en 2013 a iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto.

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