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El segundo accionista de Oceanografía es detenido en EU

Martín Díaz Álvarez es acusado de presunto fraude contra Banamex usando contratos falsos con Pemex; el inversionista tiene desde junio de 2014 una orden de aprehensión en su contra.
jue 13 agosto 2015 03:05 PM
Tras la resolución del juez, Oceanografía podrá tener contratos con el Gobierno. (Foto: tomada de Facebook/Oceanografía)
oceanografía (Foto: tomada de Facebook/Oceanografía)

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Miami detuvo este jueves a Martín Díaz Álvarez, el segundo accionista de la empresa Oceanografía, acusado de presunto fraude contra Banamex usando contratos falsos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“La Procuraduría General de la República informa que ayer se detuvo a Martin Díaz Albares en Miami Florida, accionista de la empresa Oceanografía, imputado por cometer un quebranto patrimonial en contra de una institución de crédito, la detención se realizó por autoridades del Servicio de Migración y Control de Aduanas a petición de la Subprocuraduría Jurídica y Asuntos Internacionales de la PGR", indicó Tomás Zerón jefe de la agencia de de la Agencia de Investigación Criminal de México.

El acusado tenía desde junio de 2014 una orden de aprehensión en México y se presumía que estaba en Estados Unidos por lo que la Agencia de Investigación Criminal activó una alaerta a través de Interpol México.

En febrero pasado, un juez federal negó un amparo para Díaz Álvarez en contra de la orden de aprehensión.

En septiembre de 2014 la Procuraduría General de la República informó que había solicitado a las autoridades estadounidenses la detención y extradición del socio de Amado Yáñez, quien recibió en octubre auto de formal prisión por su probable responsabilidad en el delito de falsedad de datos.

Oceanografía pidió préstamos a la unidad mexicana de Citigroup usando como garantía los pagos que esperaba de supuestos contratos con Pemex Exploración y Producción (PEP).

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Sin embargo a mediados de febrero de 2014 fue inhabilitada por 21 meses y 12 días de los procesos de contratación del Gobierno mexicano, luego que la paraestatal encontró en una revisión interna irregularidades en contratos con la firma.

El presunto fraude involucra alrededor de 585 millones de dólares en un crédito a corto plazo.

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