Historias de narco y construcción II

El dinero ilegal crea competencia desleal a las empresas formales que participan en una licitación; la Ley de Extinción de Dominio podría reforzarse con información de las cámaras de construcción.
Narcotráfico  (Foto: Notimex)
Celina Yamashiro Arcos
CIUDAD DE MÉXICO -

El año pasado, el Senado mexicano aprobó la Ley Federal de Extinción de Dominio, que permitirá al Estado despojar los bienes y recursos económicos que sean producto de un delito cometido por el narco y el crimen organizado. Este hecho podría resultar una salida para combatir la competencia desleal de las constructoras que están infiltradas por la delincuencia.narco-tablas-construccion.gif "Se trata de una ley que no tendrá impacto, porque existen trabas para debilitar las finanzas de la delincuencia y con ello la violencia y la corrupción", enfatiza Edgardo Buscaglia, profesor de Derecho y Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y director del Centro Internacional de Desarrollo Económico y Legal.

Por un lado, explica, la ley se vincula a un delito penal, que hasta que no comprueba la culpabilidad, no se puede extinguir el dominio de una propiedad.

Por otro, carece de un respaldo de información financiera, así como de los bienes de la mafia organizada, que en 10 años se prevé acumuló un ‘patrimonio criminal' que conservadoramente equivale a 40% del PIB (unos 850,000 mdd).

Los especialistas coinciden en que la Ley de Extinción de Dominio podría reforzarse con información de los registros públicos de la propiedad mercantil, así como de las cámaras de comercio y de la industria de la construcción.

"El dinero ilegal perjudica a la industria, porque crea competencia desleal, respecto a las empresas formales que compiten en una licitación y cumplen con los requerimientos que exige la ley, explica Antonio López Ugalde, director del Centro Miguel Villoro Toranzo de la Universidad Iberoamericana, especialista en derechos humanos en materia penal y de seguridad pública.

Además, se requiere un rediseño de inspección, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la participación del Sistema de Administración Tributaria (SAT), para llevar a cabo auditorías más profundas a empresas de alto riesgo de lavado patrimonial.

A esto podría unirse la colaboración de las Unidades de Inteligencia Financiera, de investigación patrimonial de las Procuradurías del DF y la General de la República, para detectar si hubo omisiones y acciones ilegales, y se deriven los casos a una Fiscalía Especial, como sucede en Colombia, Francia, Italia y otras naciones. "Es como ir a una pequeña laguna con millones de truchas nadando. Es muy fácil pescar", dice Buscaglia, quien estudia al crimen organizado en 147 países.narco-tablas-construccion_2.gif

La lista negra
A diferencia de las autoridades mexicanas, el gobierno de Estados Unidos realiza una intensa búsqueda de empresas que son usadas para lavar dinero del narcotráfico.

Desde 2000, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense, vía la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, ha detectado más de 150 empresas y más de 1,000 personas relacionadas con nueve grupos criminales mexicanos.

La ley congela bienes de los delincuentes que designe dentro de su jurisdicción. En la lista destacan compañías como Administradora de Inmuebles Vida y el Complejo turístico El Oasis, vinculados al cártel de los Arellano Félix.

"A pesar de ello, se conservan intactas las tres fuentes de lavado patrimonial en México", subraya Edgardo Buscaglia, en referencia a la infiltración de empresas, la evasión fiscal y la corrupción a través de la adquisición de bienes inmuebles, incluso para soborno de funcionarios públicos.

narco-tablas-construccion_1.gif "Si los dirigentes del país no son miembros de las mafias organizadas, es porque éstas no tienen interés directo en gobernarlo; su proyecto es proteger sus intereses a través de la complicidad con funcionarios", dice López Ugalde.

Martín Barrón, profesor investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), no descarta que el narco haya negociado con el poder político la construcción de la Supervía Durango-Mazatlán, que une el

Pacífico con el Golfo de México, porque podría generar un mayor flujo en el tráfico de drogas. "Pero la carretera también se podría interpretar como una forma de combatir al narco, por parte de la autoridad", aclara el investigador del INACIPE.

Por ahora habrá que esperar que los mecanismos de la Secretaría de la Función Pública para unificar criterios de contratación de obra pública (El poder de Elizabeth) surtan efecto. Es decir medidas como:

· Contar con un plan único de contrataciones anual

· Que las bases de licitación sean gratuitas

· Crear Contratos Marco por tipo de producto o servicio

· Crea el Sistema Integral de Información y el Registro Único de Contratistas y Proveedores, e

· Implementar el mecanismo de Subasta en reversa para adquisición de bienes y servicios del sector público federal.

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De esta manera el Ejecutivo tendrá más herramientas para poder identificar y evitar las posibles infiltraciones del hampa en la industria de la construcción y los contratos gubernamentales.

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