Apatía inmobiliaria

Hasta ahora no hay leyes que regulen la actividad inmobiliaria, de acuerdo con Celina Yamashiro; la experta en infraestructura afirma que miles de consumidores del país están a la deriva.
Sin Titulo  (Foto: Patricia Aridjis)
Celina Yamashiro
CIUDAD DE MÉXICO -

Cada día crecen los fraudes inmobiliarios. En los últimos tres años, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recibió 26,575 quejas de este sector. La razón es simple: no existe ninguna regulación federal, estatal ni municipal para esta actividad.

Cualquiera puede dedicarse a la construcción y venta de bienes raíces nuevos o usados, sin tener conocimiento alguno, y sin contar con una licencia inmobiliaria, ni formar parte de un banco de datos oficial que lo avale como profesional inmobiliario. De hecho, sólo 15% de las operaciones inmobiliarias se realizan a través de agremiados de asociaciones como la Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

Los segmentos de vivienda medio, medio alto y alto son los más propicios para cometer los fraudes. Por un lado, no entran en la regulación del Fovissste y del Infonavit, organismos que sólo remiten los créditos de casas de interés social a las inmobiliarias certificadas, y por el otro, cada operación se registra ante notario y de manera individual para pagar impuestos.

Si consideramos que en México se generan miles de traslados de dominio de propiedades al año, no imaginamos la cantidad de fraudes que ocurren, que van desde la desaparición de las inmobiliarias hasta incumplimiento en la entrega, cambios, devoluciones, bonificaciones y contratos de adhesión, entre otros.

A la apatía de los tres niveles de gobierno se une la de la Cámara de Diputados, que en varias ocasiones ha rechazado la creación de la primera ley que obligue el uso de la licencia inmobiliaria. ¿Acaso los legisladores no saben que la ausencia de leyes motiva el lavado de dinero?

Sin leyes, los consumidores seguirán estando en el desamparo, debido a que una vez en las garras de los defraudadores, sus opciones de defensa se reducen a quejarse ante la Profeco o a entablar juicios legales, que pueden tardar años.

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celinayamashiro@gmail.com

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