Diputados, por el control de los DRO
En estos últimos cinco meses se ha discutido en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) la iniciativa para constituir el Instituto de Seguridad de las Construcciones. Su propósito es el de ‘controlar’ a los profesionistas que ofrecen sus responsivas como Directores Responsables de Obra (DRO) y Corresponsables en Seguridad Estructural (CSE). La motivación aparente es la duda acerca de su desempeño.
Quienes impulsan esta modalidad de sobre vigilancia se basan en la necesidad de “concentrar las facultades para la revisión estructural de las obras públicas y privadas en el DF, asegurando que el objetivo es dar atención a todos aquellos proyectos de nuevas obras así como en edificaciones existentes, basándose en que la actual reglamentación presenta dificultades para verificar la totalidad de las mismas”.
Para eliminar actos de corrupción, sin mencionar alguno, esta nueva institución también será el vigilante de estos profesionistas, al constituirse como revisor de oficio y apoyarse en personal técnico de capacidad previsiblemente dudosa, puesto que esta iniciativa no informa sobre los requisitos que garantizarían la mínima solvencia ética y técnica a la sociedad y a los propios profesionales sujetos a su juicio; en este contexto también fijaría el arancel por servicios de los DRO y corresponsables, lo que limitaría la libre empresa.
En un país moderno o que se precie de serlo, las nuevas regulaciones deben estar acompañadas de estudios técnicos y estadísticos que amparen las motivaciones y los beneficios sociales y económicos esperados, para de este modo no dar pie a la especulación o a la satisfacción de intereses personales o políticos.
Por ejemplo, los impulsores de la creación del instituto afirman que se basan en las experiencias derivadas del sismo de 1985, pero no presentan estudios o casos concretos que confirmen sus dichos y la mala actuación de los peritos que suscribieron las licencias de construcción en su oportunidad.
Esta iniciativa no evitaría la responsabilidad de la administración local de contar con personal experto para opinar sobre el contenido técnico de las solicitudes de permisos de construcción o la ineficacia para vigilar la pertinencia o la calidad de las obras públicas, como la infraestructura vial, misma que no puede ser transferida a los DRO y CSE a través de someras opiniones sin respaldo alguno.
Recordemos que la ley de desarrollo urbano y el reglamento de construcciones ya prevén mecanismos de sanción y vigilancia, así como de revisión y actuación para los DRO y los corresponsables. Por eso sugiero que los impulsores de este instituto y la autoridad se apoyen en estos mandatos para promover y fomentar la actualización profesional, con el concurso de los colegios de profesionistas y sin cargo al erario público, de por sí ya muy disminuido.
Estas acciones afirmarían el conocimiento técnico y de la normatividad, y al mismo tiempo se reflejarían en edificaciones más seguras y de mayor calidad que consolidarían la Ciudad de México.
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* Director técnico del Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y la Edificación SC (ONNCCE).