Ciudades caóticas en América Latina
En los próximos años, las distintas zonas urbanas de Latinoamérica concentrarán 80% de la población. El hecho incrementará la falta de servicios, el deterioro ambiental, la marginalidad y la violencia que vive la región, indican cifras de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC).
Esta expansión ya ocurre en las periferias de las metrópolis, debido a los asentamientos clandestinos que surgen cerca de los cauces de ríos y manantiales, argumentó Livio Amato, ex presidente de la Confederación Internacional de Asociaciones de Constructores (CICA).
El brasileño ahondó en que esta escasez de infraestructura pone en riesgo la integridad de la gente cuando se presenta un desastre natural, además de que la “poca capacidad de los gobiernos” para hacer cumplir las legislaciones agrava el problema.
Un alto porcentaje de la población urbana no cuenta con agua potable ni servicios básicos, mientras que más de 14% vive en malas condiciones de saneamiento y con problemas vinculados al deterioro de los recursos naturales, enfatizó Martín Carriquiry, representante de la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU).
Del tema, el especialista opinó que para mejorar la calidad de vida en las ciudades, el gremio deberá edificar desarrollos capaces de interactuar en armonía con el medio ambiente: “No podemos seguir dejando toda la responsabilidad al Gobierno”, es necesario que los constructores tomen consciencia de su “papel en el progreso de la sociedad”.Hay que “poner fin al deterioro ambiental”, por eso, es preciso atender las necesidades del presente, pero “sin comprometer el futuro de las próximas generaciones”, indicó Amato. Para lograrlo es indispensable modernizar a profundidad la cadena productiva de la construcción, puntualizó en el marco del XXVI Congreso Interamericano de la Industria de la Construcción.
Manuel Zepeda Payeras, presidente de la Unión Interamericana para la Vivienda (Unapravi), ve necesaria la creación de lo que él llama un director de ciudad: un funcionario encargado de vigilar la edificación de inmuebles bajo las normas de sustentabilidad. Tiene que estar comprometido con un desarrollo urbano que mejore la plusvalía de las viviendas y fomente la inversión.