Por un puñado de pesos
Miedo. Incomodidad. Los entrevistados para este reportaje piden la omisión de su nombre por temor a represalias. Perder el empleo, demandas legales de ex socios y colaboradores, acoso administrativo de las autoridades o amenazas de muerte. “Si quiere veamos mi auto, tiene un balazo”, re?ere un constructor amenazado. Los responsables, en su opinión, fueron miembros de un grupo de Directores Responsables de Obra y Corresponsables (DRO) conocidos como La Fraternidad. El DRO vigila que la obra cumpla con la normatividad, es el último responsable de que un edi? cio esté bien construido. Son profesionales independientes, pero tienen que estar colegiados y registrados en la administración pública local. Los de La
Fraternidad, según el constructor, aprueban por la vía rápida los proyectos que llegan a las delegaciones del Distrito Federal. “Aceitan las operaciones”, insiste el ingeniero. “Pero nada más ?rman, ni revisan siquiera que los proyectos cumplan el reglamento o la normatividad”.Arturo Aispuru, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México no quiere contestar las acusaciones. Reconoce que hay prácticas ilícitas, pero considera que su equipo debe proponer los cambios para que dejen de ocurrir. “Me queda claro que las prácticas ilícitas se han dado en este sector como en muchos otros”, explica. “Pero la visión tiene que ser constructiva, no queremos profundizar en algo que sabemos que se ha dado, tenemos que actuar”.Incluso organismos internacionales como la ONG Transparencia Internacional (TI) han nombrado al sector de la construcción como el más corrupto entre los rubros de la economía. Y México, según testimonios de los constructores entrevistados por Obras, es parte del fenómeno mundial. Otros, como Ramón Escobedo, no ceden. Hace cuatro años hizo su primera incursión en la industria junto con seis socios más. Compraron un terreno para edi?car dos casas en la delegación Álvaro Obregón. Nunca pudo construir porque nunca obtuvo los permisos pertinentes. “Nos negamos a dar mordida”, a?rma. “¿Por qué, si teníamos todo en regla?”. Obtener los permisos, un trámite que dura entre seis y ocho meses, tardó dos años y medio. Finalmente decidieron vender el terreno. No perdieron dinero, pero decidieron abandonar la industria. “Y eso que es uno de los sectores con mayor impulso del gobierno”, comenta. Una encuesta realizada por Obras entre sus suscriptores revela que la corrupción es una práctica generalizada en la construcción de vivienda en la capital. “El problema es tan cotidiano que desgraciadamente ya nos acostumbramos a vivir con él”, explica un constructor.
Sin el pago de mordidas, los trámites se ralentizan eternamente y muchos proyectos no logran despegar. 35% de los encuestados reconoce que paga entre 0.5 y 3% del valor total del proyecto en mordidas y 22.7% dice que paga entre 3 y 7%. Una cifra llama la atención. Ramón Escobedo no está solo, 17.83% de nuestros encuestados dice que no paga mordidas. Ante el agobiante problema para la industria, el gobierno capitalino está trabajando para acabar con esta costumbre. Aispuru explica que las iniciativas que están tomando tienen como objetivo volver más competitiva a la ciudad y hacer los procesos más simples y transparentes. “Lo que nos toca es proponer los mecanismos para que no suceda más o que suceda lo menos posible”, comenta. La idea es simpli?car la ley fusionando algunos de los procesos como son el estudio de impacto urbano y el estudio de impacto medioambiental, hoy en dos Secretarías independientes a pesar de que, explica Aispuru, ambos comparten 80% de la información. Éste es un punto importante para los constructores consultados en la encuesta de Obras. Uno de ellos explica: “Las normas y reglamentos son insu?cientes y las autoridades superiores dependen de los empleados de base, que son quienes piden las mordidas”. La reglamentación municipal, según 55.63% los encuestados, alienta la corrupción. La corrupción es uno de los principales obstáculos para el crecimiento económico, según un informe de TI de 2005 sobre corrupción en el mundo. Y además tiene grandes costos para las empresas, como indica un estudio del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). El documento dice que 13% de las empresas en México realiza pagos extrao?ciales para in?uir a funcionarios públicos a nivel federal. Las empresas gastan en promedio 6.1% de sus ingresos en la corrupción y pagan mordidas en 15% de los servicios públicos que utilizan. Los trámites que se prestan a mayor corrupción son los relacionados con agilizar servicios, obtener contratos gubernamentales no licitados e ignorar violaciones a la seguridad, regulaciones laborales y normas ambientales. En el caso de la Ciudad de México, Aispuru es consciente de que los certi?cados de zoni?cación son los que más se prestan a la ilegalidad, porque los constructores presentan una intención de obra y más adelante modi?can el proyecto original brincándose las reglas. México ocupa el lugar 71 de 104 en el nivel de corrupción de sus empresas, siguiendo el orden del menos al más corrupto, según un estudio del Banco Mundial. Los menos corruptos son Holanda y Noruega, y el que tiene compañías más corruptas es Filipinas. Pero no se le puede echar la culpa sólo a los funcionarios públicos, explica Roberto Hernández, presidente del Comité Anticorrupción de la Cámara de Comercio Internacional de México. El sector privado, explica, acepta este tipo de prácticas y se presta a ellas. El informe de TI coincide: los empresarios de América Latina consideran normal dar dinero o regalos a las autoridades especialmente en el sector la construcción. Los propios constructores de la ciudad que respondieron a la encuesta hacen comentarios sobre esto: “Muchos actores dentro de nuestra industria carecen de entendimiento y respeto hacia las leyes”, explica uno; “A veces con razón por los laberintos y vacíos legales, pero las más de las veces es por seguir un camino fácil”.De hecho, la construcción es el sector donde está más arraigada la corrupción, según TI. Ellos consideran que es un problema global, no especí?camente local, por lo que es difícil de erradicar. Los constructores consultados por Obras sostienen que efectivamente siempre ha habido que pagar bajo la mesa para poder edi?car en la ciudad, pero que tradicionalmente fue un “pacto entre caballeros”, según un arquitecto con más de 20 años de experiencia. “Corrupción siempre hubo, pero antes te cumplían. Ahora les das el dinero pero te quedan mal y cuando los buscas hasta te amenazan”.
El corredor Reforma–Santa Fe es uno de los puntos de mayor desarrollo inmobiliario en los últimos siete años. La zona ha recibido más de 10,000 millones de dólares (mdd) en este periodo en inversión. Si consideramos que, según los constructores consultados, hasta 6% de la inversión se usa para mordidas, tan sólo en este corredor estamos hablando de un desembolso de 600 mdd en fondos desviados. Además, los desarrolladores se quejan de que a cambio de los permisos se les exigen servicios sociales a los que la ley no les obliga, como préstamos de autobuses para trasladar a gente a mítines políticos. “Si no accedo, me clausuran el proyecto”, explica uno de ellos que no quiere revelar su identidad por miedo a represalias. El principal problema es el perjuicio en la ciudad. Aispuru, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, considera que este tipo de prácticas hacen que en ocasiones las obras no tengan la calidad requerida y la ciudad se vuelve menos competitiva. La inversión (creadora de industria y generadora de empleo) se va a otros lugares. “Si acortamos los tiempos para conseguir una autorización, si los hacemos más transparentes, por supuesto las inversiones tendrán mejores condiciones”, explica Aispuru.
Efecto contrario
En un intento por regular la situación, el gobierno capitalino dictó un bando en 2001 que nada más permite construir en cuatro de las 16 delegaciones de la ciudad. El bando, conocido como Bando 2, incluyó una iniciativa anticorrupción que consiste en tramitar los permisos de construcción a través de internet y establecer un sistema de seguimiento público de los trámites. Esta práctica se está generalizando ahora en todas las delegaciones capitalinas. Todas las autorizaciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) se harán a través de una ventanilla única electrónica. Con esto, la Seduvi busca que se le pueda hacer seguimiento a los trámites y evitar el contacto físico con los funcionarios y así evitar la tentación de agilizar el trámite con un pago adicional no declarado. Los desarrolladores creen que la medida de limitar la construcción a cuatro delegaciones tuvo el efecto contrario del deseado. En la encuesta de Obras, 66.24% de los constructores opinaron que el Bando 2 alentó el pago de mordidas. Propició la especulación con el precio del suelo en las delegaciones donde sí se puede construir y entorpeció la obtención de permisos y la realización de trámites. Dos de éstos han subido considerablemente de precio: el estudio de impacto ambiental y el de factibilidad para obtener el servicio de agua. Otro frente para Seduvi es justamente la capacitación del personal propio, la motivación para que se consideren parte del proyecto de ciudad. Y la primera medida en este sentido es dar un reconocimiento como empleado del mes al trabajador que mejor disposición demuestre, premio que se re?ejará en el expediente laboral y se acumulará para promocionar a un mejor puesto. “Son cosas que normalmente no se reconocen”, explica Aispuru. Pero además, están trabajando en la capacitación en todas las áreas, “incidiendo en todos y cada uno de los niveles”, completa. Aispuru, junto con el nuevo equipo de gobierno local, quieren construir la ciudad con un nuevo proyecto y quieren que ese proyecto sea compartido por su propio personal, empresarios y ciudadanos. Erradicar la corrupción en la construcción, dicen los expertos, es complicado, pero en la medida que se tome mayor conciencia, se podrá luchar mejor contra ella, considera el Secretario. Todas las autorizaciones de la Seduvi se harán un una ventanilla única electrócnica a partir de ahora para dar mayor transparencia a los procesos.
El principal perjuicio de la corrupción es que los edi?cios no cumplen con la reglamentación vigente. Roberto Hernández, presidente del Comité Anticorrupción de la Cámara de Comercio Internacional de México—