Preciado tesoro

El crecimiento de las ciudades trae nuevas necesidades, como el tratamiento de aguas negras.
Eduardo Limón

Si ICA, mayor constructora del país, e IDEAL, brazo de infraestructura de Slim, le entran, es que hay negocio. La construcción y operación de plantas tratadoras de aguas en México es una obligación legal para los municipios desde 1996, pero hasta recientemente no han comenzado a proliferar. Y todo depende de las autoridades municipales y estatales, que son quienes las compran.

La Norma Ecológica Mexicana 001 obliga desde 2000 a todas las poblaciones con más de 50,000 habitantes a tratar sus aguas residuales. Así que los municipios, sin capacidad para construir las plantas, las encargan a empresas como Grupo Carso, del empresario Carlos Slim. A través de su filial FRISCO está construyendo dos plantas en Saltillo por 456 millones de pesos (mdp). ICA obtuvo el mes pasado un contrato a 20 años por más de 4,000 mdp para construir un nuevo acueducto para Querétaro, así como una presa, un par de plantas de bombeo y una planta de tratamiento de aguas.

Hay otras firmas menos conocidas con mucha experiencia en el sector, como FYPASA (Filtros y Purificadores Aztlán, SA), con más de 60 años y presencia nacional. En 2007 esperan inaugurar tres plantas en Tijuana, que en conjunto serán capaces de tratar un total de 1,094 litros por segundo. Esto significa que para 2008 la ciudad tendrá la capacidad de reutilizar 100% de sus aguas residuales. Para Félix Hernández, director de nuevos negocios de FYPASA, “es evidente que en México tenemos una cobertura muy baja en capacidad instalada”.

Pero no son las únicas. Trabajan también la francesa Degrémont (que se encarga primordialmente del surtido de equipos para plantas tratadoras), la estadounidense US Filter (especializada en el diseño de plantas, además de ser proveedora de equipos y operadora, incorporada a grupo Siemens desde 2004) y la japonesa Hitachi (que construyó una planta de más de 200 mdp en Jalisco a mediados de 2004).

Suez Environment, una de las empresas más importantes en servicios relacionados con el agua potable del mundo, también tiene presencia en México. Asociada con Industrias Peñoles a 50% en Bal-Ondeo, es la principal empresa del país en servicios relacionados con el agua y también construye plantas de tratamiento. La mayor parte de los 1,000 mdp que han invertido desde 1993, explica Hugo Contreras, director de Promoción, se han dedicado a este rubro. En esta administración tienen previsto igualar la cifra invertida hasta ahora.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la capacidad instalada en el país para dar tratamiento a las aguas residuales no rebasa 37%, con sólo 1,500 plantas de tratamiento. “Es importante lograr un buen nivel de cobertura en agua tratada”, explica Gustazo Paz Soldán, Premio Nacional de Ingeniería Hidráulica 2006 y miembro emérito del Colegio de Ingenieros Civiles de México. “Así habrá menos presión en los años venideros.”

La mejor opción para los municipios que no tienen los recursos necesarios para comprar estas plantas es el esquema BOT, por sus siglas en inglés (Build, Operate and Transfer) o COT en español (Construir, Operar y Transferir). Mediante este esquema el municipio da la concesión para construir y operar las plantas por un tiempo determinado y permite al operador cobrar cuotas a los usuarios para amortizar su inversión. Finalizado el contrato, la planta pasa a ser de gestión municipal. La Conagua tiene registradas 33 plantas de este tipo.

Vanguardia norteña
Paradójicamente, explica Hernández, de FYPASA, las grandes urbes son las que tienen menos cobertura de tratamiento. La Ciudad de México y su zona conurbada reciclan menos de 15% del agua que consume. Sólo Monterrey, León, Aguascalientes y Mexicali, y pronto Tijuana, tienen capacidad para depurar más de 100% de sus aguas negras. Las ciudades fronterizas, como Tijuana o Mexicali, llevan la delantera. A pesar de que durante años fue una de las zonas más rezagadas, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) les hizo cambiar. “Las aguas compartidas entre las dos naciones llegaban muy contaminadas desde el lado mexicano”, explica Paz Soldán.

A través del Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) se dieron ayudas no reembolsables que consolidaron la infraestructura rápidamente. Desde su establecimiento en 1995, el BDAN ha otorgado más de 4,740 mdp en créditos y recursos no reembolsables para apoyar 52 proyectos a lo largo de la región fronteriza entre México y EU.

Mexicali es otra de las ciudades fronterizas a la vanguardia. El gobierno de Baja California acaba de terminar una planta, todavía en fase de pruebas, que permitirá a la ciudad reciclar 100% del agua que consume. La planta tiene capacidad para atender una población de 400,000 habitantes, costó 340 mdp y fue financiada por un crédito japonés, la agencia de protección medioambiental del gobierno de EU y la Conagua.

Es el norte y el centro justamente el objetivo de Bal-Ondeo. Contreras explica que es la zona donde hay más demanda de agua, con 36% menos de agua que en el sur, y sin embargo tienen 85% de la población. “Nosotros queremos hacer un manejo integral del agua en esta zona”.

Pero hacer una planta de tratamiento es caro y no todos los municipios pueden comprar una. Las plantas de Tijuana, por ejemplo, han supuesto una inversión en conjunto de 230 mdp, 65% aportados por el Japan Bank for International Cooperation. El crédito está coordinado a través de la Comisión Estatal de Agua de Baja California, el Gobierno del Estado y Banobras.

La financiación de los grandes proyectos depende fundamentalmente de la financiación pública, a través de créditos blandos o con aportaciones directas. A principios de los años 90, la Federación destinaba un promedio de 6,000 mdp anuales al sector. Sin embargo, y según el Plan Hidráulico Nacional 2000-2006, el sector de agua potable y saneamiento demanda una inversión de 30,000 mdp al año.

A pesar de esto, Paz Soldán cree que el equipo de Calderón combatirá el rezago. “La importancia no es sólo económica, sino social”, explica. “Estoy convencido que el gobierno del Presidente Calderón tiene una voluntad manifiesta por resolver el problema. Por supuesto, también hay la conciencia de que la problemática es grave y no puede resolverse de un día para otro”.

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