El negocio del agua, en manos privadas

Aguakán es la primera empresa que tiene una concesión para gestionar integralmente el agua.
Aguakán, participada por varias firmas, es responsable de la  (Foto: )
Silvia Ortiz

Acapulco no puede seguir creciendo porque no tiene agua potable suficiente. El municipio abastece a 70% de la población. El rezago es difícil de atajar, por el crecimiento constante a causa del turismo. El gobierno municipal no ve otra salida que concesionar el servicio a una empresa con la experiencia y la capacidad para encargarse del problema. José Maldonado, director técnico de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco, reconoce que la falta de suministro ha detenido el desarrollo de la Zona Diamante, principal polo de crecimiento turístico actual.

Para poder atender el rezago hace falta una inversión de alrededor de 500 millones de pesos (mdp), cantidad impensable para el municipio. “Le busquen por donde le busquen no hay otra alternativa más que permitir la entrada a las empresas”, explica Maldonado. Las constructoras ICA y Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) ya han hecho sus propuestas para obtener la concesión. Ahora corresponde al congreso local decidir.

En México la gestión del agua corresponde a los municipios. Ellos son los encargados de recogerla en los manantiales, ríos o pantanos, potabilizarla, distribuirla entre la población, cobrar por su uso y tratarla después de usada. También los municipios son quienes marcan las tarifas y quienes deciden el grado de participación privada en caso de que lo permitan.

En Cancún, Quintana Roo, ya existe un precedente de gestión privada. Desde 1993 una filial de GMD se ocupa del agua municipal a través de una concesión por 30 años, prorrogable otros 30. Lo hacen a través de Aguakán, participada a medias con Bal-Ondeo, empresa en la que a su vez están asociadas la minera Grupo Peñoles y Suez Environment, compañía francesa que abastece de agua a 117.4 millones de personas en 23 países del mundo y que fue la encargada de construir el Canal de Suez en el siglo XIX.

Aguakán se encarga de todo el ciclo de negocio, desde la extracción hasta el tratamiento, pasando por el mantenimiento y construcción de la infraestructura necesaria para operar y el cobro de las cuotas. Cuentan con 158,000 tomas de agua, de las cuales 3,000 pertenecen a Isla Mujeres y el resto a Cancún. Esto, junto con los turistas, supone alrededor de un millón de personas. A cambio de la concesión, Aguakán paga una cuota al municipio. Hugo Contreras, director de promoción de Bal-Ondeo, no quiere dar detalles, pero explica que entre 1994 y 2006 se pagaron más de 850 mdp en impuestos y derechos.

La firma ha invertido 1,120 mdp desde que comenzaron a operar en Cancún, un 70% para las tres plantas de tratamiento que no existían y el resto para mejorar la red, los pozos y los equipos de bombeo, entre otras cosas. Hasta 2004 la compañía no repartió dividendos entre sus accionistas, justamente para poder actualizar el rezago. Todas las utilidades, explica Contreras, se reinvirtieron. Hoy, Aguakán asegura una cobertura de 100%, tanto de agua potable como de tratamiento de aguas usadas, mientras que la de alcantarillado es de 85%, aunque a finales de año espera que sea de 95%.

El año pasado, de acuerdo con las cifras de GMD, tuvieron 453 mdp de ingresos. Sin embargo, no es un mercado explotado en la República. El caso de Cancún sólo se repite en Aguascalientes aunque de forma parcial, a través de Proactiva MedioAmbiente (formada por ICA junto con las españolas Fomento de Construcciones y Contratas y Veolia, dedicada a la infraestructura de agua) desde 1997. La diferencia con Cancún está en que no son responsables del tratamiento de las aguas negras. Hay un tercer ejemplo en Saltillo, Coahuila, donde la gestión es mixta desde 2001 entre el municipio y la también española Aguas de Barcelona.

El eterno problema municipal
La necesidad de agua es mucha en el país, especialmente en el Norte, donde tienen 36% menos agua que en el Sur pero con 77% de la población. Según la Conagua, sólo 89.6 millones de mexicanos, de los 105 que viven en la República, cuentan con servicio de agua potable.

El ambicioso Plan Nacional de Infraestructura presentado meses atrás por el presidente Calderón para el presente sexenio no mejora mucho las condiciones. La previsión de inversión en agua potable y saneamiento es de más de 200,000 mdp. Sin embargo, la cobertura en zonas urbanas sólo aumentaría de 90 a 92%. Andrés Ruiz, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México, declaraba recientemente a la prensa que para abatir el rezago habría que invertir 55,000 mdp al año, es decir, 330,000 mdp en el sexenio.

Las concesiones privadas, explica Ramón Ardavín, subdirector general de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), permitirían el crecimiento de la infraestructura municipal, que con dinero público es imposible actualizar.

Uno de los principales problemas que enfrentan los municipios es la dificultad de cobrar a los usuarios. En Cancún, la eficiencia de cobranza es de 98%, mientras que la media nacional no llega a 80%, explica Ardavín, de Conagua. Las empresas privadas, preocupadas por generar utilidades, crean mecanismos para que el cobro sea más eficiente. A pesar de esto, la ley no les da facultades para suspender el servicio en caso de impago.

Las tarifas muy bajas, como en algunas zonas de la capital donde se paga 2.5 pesos por metro cúbico, también inciden en la falta de inversión, explica Ardavín, de Conagua. Los costos de operación no se cubren a veces (alrededor de 8 pesos por metro cúbico, según Contreras, de Bal-Ondeo). No hay un mecanismo nacional para establecer el precio del agua, cada municipio lo decide libremente. México es el único país de la OCDE que no tiene una estructura tarifaria pública, según la Conagua. La dependencia está trabajando para establecer una norma pero no será más que una recomendación, ya que la decisión final sigue estando en los municipios.

En el caso de Cancún, Aguakán no tiene poder para establecer las tarifas, sino que le viene dada desde el congreso local. Son tarifas diferenciadas para comercios, que pagan 18 pesos por metro cúbico, y para domicilios, que sólo pagan 4.5 pesos por metro cúbico.

A pesar de las dificultades, GMD está dispuesta a apostar por otras zonas del país. Su principal objetivo es el Norte, donde el rezago es mayor, pero también las zonas turísticas, de mayor crecimiento y menor dificultad para la gestión en las zonas hoteleras y con menos tomas de agua. Por otro lado, al ser zonas en crecimiento, la infraestructura necesaria es nueva, mientras que en las zonas habitacionales ya existe. De momento están trabajando en proyectos en Los Cabos (Baja California Sur) y Puerto Peñasco (Sonora), aunque todavía no quieren hacer públicos los planes. “Muchas ciudades van a requerir pronto del apoyo de expertos para mejorar sus sistemas de agua porque están en condiciones críticas”, afirma Contreras, de Bal-Ondeo. “Es mucho el mercado”.

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