Urge cambiar la ley de Obras Públicas
El Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM) propone reformar la Ley de Obras Públicas. El organismo pretende que los Proyectos de Infraestructura (PI) que se realizan en México sean certificados y avalados por aquellos peritos que cuenten con el respaldo de los colegios de ingenieros, situación que hasta ahora no sucede. También considera que debe existir una sinergia entre la Ley de Obras y el dictamen de presupuesto para garantizar que se cumpla con los requisitos establecidos en ambos casos.
“Cuando se dimensionan los elementos que constituyen la obra pública se calcula su resistencia que debe ser superior a las especificaciones [que se piden] para garantizar la seguridad y, en muchos casos, la vida de los usuarios. En esta etapa se producen las instrucciones para la ejecución de la obra y se expresan en planos y memorias”, dice Melesio Gutiérrez Pérez, integrante del CICM, quien también destaca que la ingeniería civil es fundamental en la etapa del diseño del proyecto.
Gutiérrez Pérez aclara que en los procesos de planeación, diseño y ejecución se requiere la participación de un gerente de proyectos de infraestructura certificado para garantizar eficiencia, eficacia y economía en los PI. Por ello, propone que la certificación de peritos profesionales que ya establece la ley como una facultad de los colegios, se haga obligatoria. Y que estos especialistas sean quienes certifiquen los proyectos de inversión, evalúen las propuestas y emitan el fallo en las licitaciones de los grandes proyectos, así como en su gerencia.
Cuando los proyectos han sido bien estructurados desde el principio, los programas de construcción son más fáciles de ejecutar porque el proyecto está bien integrado. “Se puede presupuestar mejor y se puede programar mejor. Por lo tanto, los tiempos se pueden cumplir con mayor probabilidad”, explica Gutiérrez.
La más reciente encuesta realizada por el CICM entre profesionales en proyectos de infraestructura arroja lo siguiente: los proyectos de infraestructura son más caros que lo planeado (63%); se concluyen tarde (81%); no se sabe cuánto van a costar ni cuándo van a terminar hasta que llevan más del 50% de avance (84%); los análisis de riesgo del proyecto se hacen rara vez (41%) y a destiempo (71%) y con estudios de pre-factibilidad sin metodología uniforme (61%) y recursos insuficientes (78%).
La encuesta se efectuó entre febrero y marzo de 2007 entre más de 600 personas que ocupan puestos de dirección y ejecución. Su objetivo fue conocer la percepción que se tiene sobre la definición, ejecución (costo y tiempo), operación de los proyectos y qué tan competitivas son las empresas mexicanas.
SCT y Pemex, las que más sufren incumplimientos
De acuerdo con el ex presidente de la Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra y Corresponsables (Amdroc), Jorge Vázquez del Mercado, SCT y Pemex son las entidades que sufren más incumplimientos de contratos por parte de la iniciativa privada.
Pemex tienen el mayor número de quejas en materia de obras, explica Alfonso Sainz Ramírez, director general de Responsabilidad y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
“[La causas] son muy variables, existen algunas relacionadas con las deficiencias en cuestiones de licitaciones, bases o convocatorias”, dice.
El funcionario federal indica que el Órgano Interno de Control ya concluyó diversas investigaciones vinculadas con el rubro de obras que corresponden a Pemex, que han derivado en sanciones económicas e inhabilitación de funcionarios, pero evade hablar de nombres.
Por lo que toca a la SCT sobran ejemplos de empresas privadas que en los últimos años no han cumplido los contratos que les fueron adjudicados para realizar PI. Por ejemplo, en el rubro de carreteras se encuentra Gutsa, que en 2007 dejó inconclusas las obras de reparación de la Autopista del Sol, situación que llevó a la SCT a rescindirle los contratos. Este hecho, según calcula el diputado Humberto Zazueta Aguilar, provocó pérdidas para el erario del orden de 20 millones de pesos (mdp).
Otro ejemplo es la empresa Fabricación y Colocación de Pavimento (Facopsa), que de acuerdo con la SCT incumplió al menos siete contratos que le fueron adjudicados para la construcción y renovación de tramos carreteros.
En junio de 2006 la SFP inició auditorías a por lo menos 23 contratos asignados por la SCT a Facopsa en el sexenio pasado. Moisés Ciriaco, del área de Comunicación Social de la SFP, asegura que dichas auditorías aún no concluyen.
No obstante, la SFP a través de la Ley de Transparencia informó el pasado 26 de marzo que las auditorías ya terminaron y que (a través del oficio número 09/000/001329/2008) el órgano interno de control en la SCT informó a este comité que los expedientes de las auditorías realizadas a Facopsa se encuentran reservados debido a que las observaciones determinadas se encuentran en etapa de seguimiento.
Los despachos que contrató la SFP para que realizaran las auditorías a los contratos asignados por la SCT a la empresa Facopsa son: Lorsa Consultores, Coordinación Técnico Administrativa de Obras y ATSC.
A la pregunta de cuáles fueron las observaciones que hizo la función pública por el caso de Facopsa, la SCT a través de la Ley de Transparencia contestó: “No existe recomendación alguna”.
Peritos a la espera
Melesio Gutiérrez Pérez aclara que el CICM tiene peritos certificados por especialidad en las diversas disciplinas de la ingeniería como son: estructural, geotecnia y mecánica de suelos, hidráulica, vías de comunicación, gerencia de proyectos, auditoría de obra y costos, entre otras. Afirma que por cada especialidad se tienen alrededor de 20 personas y que en algunos casos la cifra alcanza las 100.
Jorge Vázquez del Mercado coincide con que los peritos evalúen los proyectos y avalen las licitaciones de los mismos, y agrega que para evitar casos de corrupción también la ley de Obras Públicas debería contemplar un pago a los peritos de acuerdo con la magnitud de cada una de las obras.
Por su parte, Gutiérrez indica que el CICM es muy cuidadoso en el cumplimiento del código de ética, lo cual no excluye que alguien pueda no cumplirlo, y precisa que es difícil que se den actos de corrupción con los peritos que se encargarían de certificar los PI, ya que no manejarían dinero y únicamente emitirían la certificación para el cliente que encargaría el trabajo, en este caso el Gobierno Federal.
Ello no obsta que se puedan dar casos, dice, en donde el perito determine que algún proyecto no es viable por alguna razón y que el cliente le diga: ‘tú hazlo viable a como dé lugar y yo te pago por eso’.
Una manita a las mexicanas
El CICM también propone incluir en la ley de Obras Públicas un capítulo correspondiente a los servicios de ingeniería que permita seleccionar a las empresas por especialidad y calidad y no por precio.
Vázquez del Mercado afirma que las dependencias o entidades contratan a las empresas extranjeras debido a qué éstas ofrecen mejores precios en los costos de operación de las obras, ya que cuentan con el financiamiento para hacer las obras. La propuesta de Vázquez Mercado es crear mecanismos que faciliten el acceso al financiamiento a las empresas mexicanas.
Indica que estos créditos se pueden dar a través de la banca de desarrollo como Nacional Financiera (Nafin), o bien recurrir a otros esquemas en donde las empresas de menor tamaño tengan el respaldo de una empresa mayor que cuente con la tecnología y la maquinaria para ejecutar los PI.
Cabe destacar que Nafin implementó desde 2004 el Programa de Financiamiento de Obra Pública en el que existe una derrama por más de 21,000 mdp y con el que las empresas contratistas pueden acceder a anticipos hasta por 30% del valor estimado de la obra que se va a desarrollar así como de hasta el 80% en los avances de obra que se presentan durante el proceso de construcción.
Los créditos
Nafin informa a Obras que dicho programa, en el que se han otorgado 24,920 créditos, se basa en calificar una línea de crédito al contratista, misma que tiene la característica de ser revolvente, la cual tiene una comisión de apertura de 1% más IVA, obteniendo financiamiento de los diversos contratos de obra pública que llegue a tener con una o varias dependencias durante la vigencia anual de la línea.
Asimismo, explica que “el importe máximo de la línea por acreditado es de 30 mdp con la que se pueden financiar contratos de obra pública, sin restricciones en cuanto al importe de los mismos, contando Nacional Financiera con la obligación solidaria del principal accionista de la empresa (que cuente con buen historial crediticio y cuente con bienes inmuebles) y la cesión de los derechos de cobro del contrato financiado”.
Señala que existen dos modalidades de financiamiento que se pueden solicitar para cada pedido o contrato que se tenga con los organismos participantes, siendo la primera el financiamiento de anticipos (disponible para contratistas con experiencia en desarrollo de proyectos de obra pública mínima de dos años) y la segunda el financiamiento de estimaciones de obra ejecutada (experiencia mínima de 1 año).
Actualmente el esquema funciona ya con contratistas de la SCT, Pemex y CFE, con la posibilidad de que puedan incorporarse otras dependencias federales.
Melesio Gutiérrez afirma que el CICM ha solicitado al Gobierno Federal que apoye a las empresas mexicanas para que éstas tengan las mismas condiciones de financiamiento que las extranjeras.
La petición de Melesio Gutiérrez a Banobras y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es que se beneficie a las empresas de ingeniería, principalmente a las de diseño nacional, con recursos del Fondo Nacional de Infraestructura, donde se canalizarán recursos por 270,000 millones de pesos adicionales a los presupuestales en proyectos de infraestructura en los próximos cinco años.
“Hay que propiciar que se desarrollen las empresas de ingeniería de diseño nacional porque quedaron muy maltratadas, hay que recolectar a los ingenieros y volverlos a agrupar y darles tecnología para competir y desarrollar los grandes proyectos de ingeniería”, insiste Gutiérrez Pérez. Y va más allá: pide que se privilegie a las empresas nacionales en materia de ingeniería y se les asignen contratos en función de sus especialidades y capacidades.
Reconoce que de cierta forma el CICM quiere todo el pastel para las empresas mexicanas y aclara que no hay otra manera de recuperar la ingeniería nacional.
Revisar la ley
Melesio Gutiérrez Pérez precisa que las propuestas del CICM ya fueron enviadas a la Cámara de Diputados y que el legislador príista Carlos Rojas Gutiérrez es quien está recabando la información para elaborar la iniciativa de ley. Incluso, adelanta que en San Lázaro en la Comisión de la Función Pública se creará una subcomisión para revisarla a cargo del diputado Benjamín González Roaro.
Gutiérrez Pérez indica que se han acercado a SFP para trabajar juntos la iniciativa de ley.