¿Quién genera el empleo en México?

¿Quién genera el empleo en México? La respuesta a esta interrogante es muy sencilla: el sector privado. De los poco más de 42.9 millones de personas ocupadas en una actividad económica únicamente 2.2 millones laboran en el Gobierno, cifra que coloca en su justa dimensión el alcance que tiene el sector público como fuente de empleo directo.  En este sentido no puede dudarse que la evolución de una variable tan sensible para la estabilidad familiar y social esencialmente depende del vigor del sector privado.

Cuando se observa que la tasa de desempleo en abril pasado se ubicó en 5.25% , marcando con ello un nuevo e importante incremento en la tendencia del número de personas que se encuentran sin trabajo, no puede negarse que ello representa el grado de afectación que las empresas privadas de México están sufriendo por la recesión económica.

En particular puede añadirse que son los micronegocios, así como las pequeñas y medianas empresas quienes generan la mayor proporción de las fuentes de trabajo que existen en este país, y dado que su margen de reservas financieras es menor, sin duda puede estimarse que su potencial mortandad y la falta de un programa fiscal que les genere un entorno económico más favorable podría significarse en un problema mayúsculo para la sociedad.

Tomando como referencia la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), de los 36.5 millones de personas que laboran en un sector económico no agropecuario, 17.7 millones lo hacen en un micronegocio, en donde 9.7 millones no tienen un establecimiento. 

La estabilidad económica y las condiciones de trabajo de mucha de esta gente es precaria, sujeta a la fluctuación de una economía que entre enero y marzo de 2009 se desplomó en 8.2%, y que con una alta probabilidad disminuirá en una cifra similar o mayor durante el segundo trimestre del año.

Algo similar ocurre para los pequeños y medianos establecimientos, cuyo tiempo de vida es muy reducido en épocas de crecimiento regular, por lo que durante la recesión el riesgo de que desaparezcan es más elevado, implicando que las 10.8 millones de personas que ahí laboran se encuentran sujetas al advenimiento de un contexto económico no visto desde 1995.

El problema se exacerba cuando se observa que hay más de 12 millones de personas laborando en el sector informal (de acuerdo a la ENOE), en donde aún más grave es el hecho de que más de 13 millones no tienen acceso a un sistema de salud. 

De igual forma puede citarse que poco más de 10 millones de trabajadores no reciben las prestaciones que la ley marca, por lo que en su conjunto tenemos un universo de gente que está viviendo una situación laboral en donde no únicamente existe un problema de desempleo, sino que además las personas que se encuentran ocupadas lo hacen en condiciones de precariedad que en algunas ocasiones son violatorias a lo marcado por la ley.

Cuando la revisión se realiza por el tamaño de la duración de la jornada laboral las cifras son igualmente preocupantes: poco más de 8 millones de personas trabajan más de 48 horas  a la semana, al mismo tiempo que 4 millones únicamente lo hacen para un periodo de entre 15 y 34 horas, y cerca de un millón más  labora menos de 15 horas.

Si bien es cierto que el subempleo y la actividad informal son parte de la explicación del fenómeno descrito, no puede dejarse de mencionar el hecho de que existen casi 14 millones  de personas  sin un contrato escrito, es decir, existe un cúmulo de gente labora en empresas con las cuales no existe un documento legal que les vincule, y bajo el cual queden amparados sus derechos y obligaciones.

Por ello cuando se observa que en abril la cifra de desempleo se incrementó a 5.25%, y que en datos que descuentan los efectos estacionales ello correspondió a una tasa 0.70% superior a la de marzo, lo que viene inmediatamente a la cabeza son dos cosas: se incrementa la magnitud de personas laceradas por la falta de empleo y aumenta la precariedad de quienes continúan laborando.

Si el encargado de generar el empleo es el sector privado, en primera instancia sería de esperarse que el gobierno ejecutase una política económica acorde con un impulso decidido a la creación de fuentes laborales. En segundo término la orientación de dichas políticas debería preocuparse por garantizar  los derechos laborales plasmados tanto en la constitución como en la Ley Federal del Trabajo.

Bajo el ejercicio de la política pública, el gobierno no debería reducir su participación a la de simplemente ser un facilitador. Pensar que con una página de Internet en donde se publiquen las ofertas de trabajo será suficiente para mitigar dichos problemas simplemente es negarse a reconocer la magnitud de los mismos.

En realidad la gran ausencia es la de una política económica orientada al desarrollo industrial, sectorial y regional. Las personas laboran en profesiones, industrias y lugares que se encuentran lejos de sus áreas de especialidad, de la experiencia adquirida previamente en sus trabajos o en empresas remotas a su hogar. 

Resolver las distorsiones que existen en el mercado laboral es una de las tareas fundamentales del gobierno, principalmente porque vivimos en un sistema productivo de bajo valor agregado, el cual demanda personas con bajas calificaciones, hecho que es parte de la explicación del porque las mayores tasas de desempleo las enfrentan personas con estudios de nivel medio superior  y superior.

Afirmar que la población estudia o se capacita en áreas que no son las del presente y futuro de la actividad económica es algo parcialmente cierto. Aún en el caso de que así fuese ello simplemente indicaría que el gobierno se equivocó en la política educativa: ¿ en dónde estuvieron o se encuentran las nuevas carreras que debieron formar, o formarán, a los estudiantes para enfrentar el futuro económico? El rezago, tanto en el diseño de la política educativa como en la aplicación de la misma en un elemento preocupante que lacera a un sistema productivo falto de competitividad  presente y futura, sobre el cual no se ha tomado ninguna acción con resultados reales.

La complejidad de los problemas del mercado laboral indica que su reforma no se constituye  simplemente con la afirmación simplista de que debe "flexibilizarse",  la solución del problema abarca desde una política económica y una reforma fiscal que impulse la generación y preservación de empresas, hasta la construcción de una política laboral  en donde los derechos de los trabajadores queden efectivamente garantizados.

De manera clara debe precisarse que todo ello debe estar orientado a facilitar el crecimiento económico del sector privado, fundamentalmente porque en la actualidad representa la fuente de empleo para México. Debemos olvidar la parte discursiva bajo la cual pareciera que el  gobierno tuviese la capacidad de generar empleo con la simple aplicación de una serie de medidas de política económica descoordinadas de las empresas, los trabajadores, los gobiernos estatales, municipales, las universidades y  de la sociedad en general; en su lugar se precisa elaborar un nuevo programa productivo que oriente los esfuerzos de una sociedad tanto para resolver los problemas de la coyuntura como los que afectan a la estructura económica de la nación.

*El autor es profesor del Departamento de Finanzas y Economía del Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y se ha desempeñado laboralmente en los sectores privado, académico y público, en este último como Subdirector de Análisis Macroeconómico en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.