La reforma fiscal y las elecciones

Una reforma fiscal aumentará los ingresos para el país, pero no beneficiará a la población; empero, tras las elecciones y con la crisis es muy probable que resucite la generalización del IVA.
VOTO-urna-electoral-JI-ok.jpg  (Foto: Jupiter Images)
José Luis de la Cruz Gallegos*
CIUDAD DE MÉXICO -

El presupuesto autorizado para el Instituto Federal Electoral  (IFE) en el presente año supera los 12,100 millones de pesos, en donde 5,400 millones (44.6%) son para servicios personales y 4,100millones (34.7%) son para "otros de corriente". 

Cuando se observa que 849 millones de pesos se destinan a los servicios personales de "apoyo al  proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional" el resultado que cualquier ciudadano espera de dicho ejercicio del gasto es el de mejores resultados en términos electorales. 

Si a lo anterior se suman los 1,100 millones de pesos destinados los servicios personales de la denominada como "planeación, concertación y control" del IFE, sin duda que la expectativa generada es la de mejores métodos, procedimientos y decisiones en el sistema electoral mexicano.

Las cifras anteriores sin duda señalan que el mecanismo político electoral nacional es muy caro, sobre todo en tiempos de crisis. No obstante los elevados costos no son derivados únicamente de mantener a un instituto electoral que no ha terminado de madurar y garantizar que el proceso del voto efectivamente sea garante de una democracia electoral y en donde  la sociedad se vea representada. Tan solo para 2009 el presupuesto del IFE tiene asignados 3,700 millones a las "prerrogativas garantizadas y oportunas para los partidos políticos", en donde por cierto todo es clasificado como "otros de corriente".

La danza de miles de millones de pesos para el sistema electoral contrasta con las expectativas que la sociedad tiene sobre el proceso y los resultados de los comicios del próximo 5 de julio. En general, la abstención superará a la cantidad de ciudadanos que iremos a votar, en donde la decepción no solamente se deriva de la actuación de los partidos y de las instituciones electorales: es un hecho de que el ejercicio del poder de las autoridades electas ha decantado sus verdaderas capacidades para resolver los problemas que aquejan al país.

En ese sentido las expresiones del voto nulo, del voto comprometido o del voto por candidatos no registrados representan otra forma de buscar que las élites políticas, las autoridades electorales y los diversos Gobiernos se den cuenta de que la sociedad  no  ve reflejada sus aspiraciones en ellos, situación que tiene como resultado el agotamiento de estas instituciones, algo que debe revisarse con detenimiento en el marco de la estabilidad social.

La agenda coyuntural se ve agravada cuando no se tiene claro si existen intereses de poderes fácticos detrás de las últimas alternativas citadas, por lo que no existe certidumbre sobre si no acabaran siendo utilizadas para cuestiones particulares antes que para el beneficio de un país que necesita iniciar un proceso de crecimiento y desarrollo.

Y es que tanto la estructura oligopólica del poder económico en  México, como la capacidad de mimetizarse de los políticos, hace que surjan dudas sobre lo que seguirá después del 5 de julio: las promesas incumplidas a lo largo de la historia son el mejor reflejo de que las palabras, orales o escritas, se las lleva el viento (y el tiempo). Tan solo en la discusión de una potencial reforma tributaria se tienen elementos dignos de ser tomados en cuenta. 

¿Qué viene después del 5 de julio? 

Un escenario probable es que después de los comicios se comience a gestar la presentación de una reforma que tenga como eje al aumento del IVA en alimentos y medicinas. La receta no es novedosa, ya que más allá del intento fallido en la anterior administración, también se tienen  a los cambios introducidos durante los sexenios de José López Portillo y Ernesto Zedillo. En ambos periodos, las necesidades fiscales asociadas a eventos de crisis tuvieron como resultado un incremento del IVA.

Evidentemente puede asegurarse, sin margen de error, que ninguno de ellos solucionó los problemas de las finanzas públicas, principalmente porque el problema de fondo es mucho más complejo que el de eliminar este tipo de exención fiscal. En ambos casos los legisladores que aprobaron las alzas al IVA (así como otros al ISR o la generación de nuevos impuestos, por ejemplo el IETU) indicaron que era para mejorar no únicamente la solvencia de la política fiscal del Gobierno, sino que además con ello se sentarían las bases de un mayor crecimiento económico, ya que el gasto de Gobierno supuestamente aumentaría en áreas estratégicas como educación, salud e infraestructura, es decir la sociedad se vería beneficiada del aumento en los impuestos. Los resultados de bajo crecimiento económico y el desplome de la competitividad indican que ello simplemente no ocurrió.

Por tanto es relevante preguntarse para qué necesita más dinero el Gobierno, y es que en los últimos cinco años los ingresos han sido superiores a lo presupuestado por más de un billón de pesos.  Analizar la dirección, transparencia  y eficiencia del gasto público es prioritario, particularmente en épocas de crisis.

Durante el presente año el entorno económico no es propicio para realizar cambios que afecten el bienestar de la sociedad, especialmente si cada peso que se distraiga de su seno terminará en unas arcas públicas que no lo llevarán a la atención de las necesidades primarias del país. Un ejemplo lo representa el gasto en infraestructura.

De acuerdo al documento que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público presentó en conformidad del artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para 2010 el Gobierno federal no estima elevar la inversión en rubros que el propio documento etiqueta como prioritarios.  Simplemente, y para observar un aspecto que tiene un matiz social y de desarrollo regional, puede citarse que en los "proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales" la SHCP tiene como deseable un presupuesto de 10,000 millones de pesos para 2010, es decir 5,700 millones menos que lo aprobado para 2009.

El problema de lo anterior es que algo similar sucedió para el presupuesto del presente año: en el documento original propuesto por el poder ejecutivo federal al legislativo se tenía una cantidad inferior a lo aprobado en 2008. Cuando se observa que dos terceras partes del sistema carretero nacional no están pavimentados, principalmente en áreas marginadas, no puede dejarse de citar que el destinar menores  recursos va en contra de una lógica de crecimiento económico y desarrollo regional.

Otro ejemplo lo constituye la educación pública, particularmente la media  y superior. En la actualidad, y de acuerdo con estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el gasto en educación pública en México en esos rubros es regresivo, en otras palabras quien más se beneficia del gasto de Gobierno en educación media y superior son las personas de mayores ingresos, mientras que la gente de menores recursos  no puede acceder a dichos niveles educativos.

El problema no únicamente es el de aumentar el gasto, la cuestión en realidad es  hacerlo con un objetivo social y económico bien definido, y además realizarlo bien. Si el Gobierno necesita una reforma fiscal únicamente para garantizar la solvencia de su política fiscal ello no se traducirá en bienestar para la población, crecimiento económico y competitividad. Y es que no es descabellado pensar que en realidad lo necesita para enfrentar las deudas y los pasivos contingentes que actualmente representan más del 100% del Producto Interno Bruto (PIB). Tan solo por Pidiregas a fines de 2008 se acumularon compromisos por más de 900,000 millones de pesos, algo que demuestra la ineficiencia de quienes idearon e instrumentaron dichos programas y por lo cual hay que pagar fuertes intereses.

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Para el 2009 se tiene un escenario en donde los problemas estructurales se han conjuntado con los coyunturales, y en donde la sociedad no encuentra el mejor mecanismo para incidir sobre el futuro del país. La participación electoral no ha respondido a la búsqueda de bienestar social y crecimiento económico, y eso es algo peligroso para país. De igual manera el problema no necesariamente ha sido la falta de recursos económicos, en el fondo es la falta de eficiencia y dirección. En los tiempos por venir como sociedad deberemos responsabilizarnos de destrabar los nudos que cierran los caminos, ya que la clase política, el Gobierno y las instituciones electorales no lo han logrado, y han malgastado los recursos económicos que vía impuestos les hemos transferido.

* El autor es profesor del Departamento de Finanzas y Economía del Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y se ha desempeñado laboralmente en los sectores privado, académico y público, en este último como Subdirector de Análisis Macroeconómico en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

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