México, muchas necesidades y poco dinero

La nueva legislatura de la Cámara de Diputados debe trabajar en reformas fiscales y económicas; su prioridad debe ser que los recursos públicos basten para atender las necesidades del país.
pesos  (Foto: Archivo)
José Luis de la Cruz *
CIUDAD DE MÉXICO -

La responsabilidad que la nueva legislatura tendrá pasa tanto por lograr alcanzar acuerdos con el gobierno federal, los estados y municipios como con el resto de la sociedad.

La población que emitió un voto efectivo ha confiado en el sistema electoral para resolver los problemas que aquejan a México. De igual manera la gente que prefirió expresarse mediante el voto nulo lo hizo como medida de presión a los partidos dentro del marco institucional. Ante ello tanto los institutos políticos como el gobierno tienen la obligación de resolver los desequilibrios económicos, políticos y sociales nacionales antes de que los mismos se profundicen.

Sabemos que los problemas no son menores y que los desafíos son grandes, por lo que las medidas a tomar deben ser consensadas con la sociedad en momentos en que los recursos públicos son escasos y que existen serias limitantes económicas, algo que de inicio debe forzar a reorientar el destino del gasto en nuestro país.

Como ejemplo de las restricciones puede citarse que hasta el 31 de marzo del presente año la deuda de los estados con la banca comercial alcanzó 102.9 mil millones de pesos. De este monto, el Estado de México (-30.3%), el Distrito Federal (-21.5%), Jalisco (-6.5%), Sonora (-5.6%) y Puebla (-4.0%) fueron las entidades que concentraron la mayor proporción del débito a la banca comercial.

Si a lo anterior se le agrega que en el mismo mes la deuda que los estados mantienen con la banca de desarrollo superó los 52.2 mil  millones de pesos (Distrito Federal -34.5%, Jalisco -11.3%, Nuevo León -10.7%, Baja California -9.5% y Puebla -4.3%), podría establecerse que ante un escenario económico restrictivo la capacidad financiera estatal es marginal para enfrentar dicho entorno con programas expansivos que no afecten la salud de sus finanzas públicas.

Por lo que respecta a la deuda contraída mediante emisiones bursátiles, para el tercer mes del año la misma representaba algo más de 42.2 mil millones de pesos. A diferencia de lo anterior en este caso únicamente ocho estados han manejado este dicho tipo de esquemas: Nuevo León (-22.2%), Veracruz (-16.9%), Chiapas (-12.9%), Chihuahua (-12.3%), Distrito Federal (-12.3%), Hidalgo (-5.8%), Michoacán (-8.8%) y Oaxaca (-7.1%).

En general tan sólo el costo financiero que lo anterior representa consume una parte de los ingresos que tienen los estados. En este sentido cuando se observa que la tasa de interés promedio es de 8.9% se puede comenzar a dimensionar que de entrada cada año las entidades federativas deben destinar más de 15 mil millones de pesos tan sólo por pago de intereses y manejo de la deuda.

Además, cuando se tiene en cuenta que algunos fideicomisos creados por los estados les obligan a que la primera parte de sus ingresos vaya a las empresas financieras calificadoras que certifican su calidad crediticia, puede observarse que la necesidad de recursos ha llevado a que las entidades federativas apliquen una cantidad considerable de su capacidad financiera y humana a esquemas que no necesariamente tienen un impacto directo sobre el crecimiento económico y el bienestar social de sus regiones. Son cosas que deben empezar a cambiar.

Lo anterior se agrava en situaciones como la actual, cuando la crisis en la industria y el sector servicios se ha profundizado a un grado tal que las participaciones federales  a los estados han disminuido de manera sustantiva. En la parte clasificada como participaciones a las entidades federativas el decrecimiento real alcanzado hasta mayo del presente año es de 23%, siendo Campeche (-31%), Aguascalientes (-26%), Guanajuato (-26.4%), Guerrero (-26.8%), Estado de México (-25.9%), Oaxaca (-25.5%), y Puebla (-27.7%) los estados más afectados.

Por lo que respecta al ramo de aportaciones a entidades federativas la reducción es menor pero igualmente preocupante en algunos casos particulares. A nivel general la contracción es de -5.2% en términos reales, pero en los casos de Aguascalientes (-12%), Campeche (-9.9%), Coahuila (-11.2%), Colima (-10%), Hidalgo (-11.9%), Michoacán (-9.5%), San Luis Potosí (-9.6%), Sonora (-17.4%) y Tamaulipas (-12.3%) los recortes son superiores.

De manera adicional debe citarse que a nivel federal los problemas no son menores, principalmente por la deuda que enfrenta el sector público. Cuando se observa que la deuda externa pasó de 24.3 mil millones de dólares en diciembre de 2008 a  84.3 mil millones de dólares en mayo de 2009, (en términos netos), puede intuirse el por qué el país debe destinar más de 200 mil millones de pesos anuales tan solo por pago de intereses y comisiones a los intermediarios que se encargan de realizar las transacciones respectivas.

Lamentablemente lo anterior se ha conjuntado con una tendencia negativa de la economía en general, la cual aún se mantendrá en los siguientes meses, tanto por los problemas provocados por la crisis sanitaria de la influenza como por la recesión económica que ya se manifestaba previamente.

La información acumulada hasta el mes de abril de 2009 (antes del problema de la influenza) señala que las principales ciudades del país disminuyeron sus ventas al menudeo. Las más afectadas fueron Oaxaca, León Chihuahua, Villahermosa, Colima y Torreón. Sin embargo el Distrito Federal, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Querétaro, Veracruz y  Mérida, también manifiestan retrocesos en los primeros cuatro meses del año, situación que se conjuga con los problemas de caída en la generación de empleo, disminución de remesas, un  menor número de patrones registrados en el IMSS y la baja en las transferencias que por recaudación han recibido los estados de la república.

Ante todo ello el deber de las autoridades políticas, económicas y de los nuevos legisladores será el de emprender acciones con un claro sentido social, productivo y de transparencia tanto en el ejercicio del gasto público como en el de su poder, de otra manera los mecanismos electorales no mostrarán los resultados deseados por las personas que hemos confiado en el mismo como forma de progreso para nuestro país.

*El autor es profesor del Departamento de Finanzas y Economía del Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y se ha desempeñado laboralmente en los sectores privado, académico y público, en este último como Subdirector de Análisis Macroeconómico en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

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