Las pruebas que pidió Calderón

Como lo pronosticamos el viernes 7 de agosto en una columna invitada de CNNExpansión.com , la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el proyecto de resolución del ministro José Ramón Cossío que pretendía acotar los alcances del fuero castrense por considerar que el artículo 57 del Código de Justicia Militar, que tipifica como delitos contra la disciplina militar los del orden común y federal, es inconstitucional.

En una votación dividida de 6 contra 5, los ministros dieron carpetazo al asunto y, con ello, dejaron a la señora Reynalda Morales, esposa de una de las seis víctimas mortales de los hechos de Badiraguato, Sinaloa (en donde elementos del Ejército mexicano apostados en un retén abrieron fuego contra seis personas que pasaron de largo), sin un recurso efectivo para acceder a la protección judicial y a un juicio independiente e imparcial.

El proyecto del ministro Cossío recogía los estándares de derechos humanos en materia de fuero castrense y advertía que México se encuentra incumpliendo sus obligaciones internacionales.

La derrota por acotar la jurisdicción militar tuvo lugar en una batalla que ni siquiera fue jurídica: este lunes trascendió en una nota de la agencia APRO que representantes del Poder Ejecutivo ejercieron presión política sobre el Poder Judicial para evitar que el proyecto de marras prosperara, lo cual resulta un acto grave de intromisión, que de suyo viola los principios de independencia de los poderes y la garantía de seguridad jurídica de las víctimas.

De acuerdo con el periodista Jorge Carrasco Araizaga, "la semana que pasó, (Fernando) Gómez Mont (Secretario de Gobernación) se dedicó a hacer labor en la SCJN para que los ministros dejen las cosas tal y como están en materia de fuero militar".

Más adelante, abunda: "Como encargado de la política interior del país, Gómez Mont no es, desde luego, un mero cabildero más. Ha sido designado por Calderón para responder a los cuestionamientos judiciales -nacionales e internacionales- en contra del Ejército mexicano".

Así pues, la Corte ni siquiera se tomó la molestia de revisar los argumentos de fondo presentados por la promovente, no basó su resolución en criterios jurídicos y cedió al cabildeo del representante del Poder Ejecutivo.

No obstante, durante la Cumbre de Líderes de Norteamérica , el Presidente Felipe Calderón lanzó el siguiente reto a quienes hemos señalado que México vive un clima de violaciones generalizadas de los derechos humanos, a que demostremos, "aunque sea con un solo caso", que las garantías no se respetan o no se ha castigado a los responsables cuando esto ha ocurrido.

Al respecto, cabe aclarar que los medios de comunicación no son la instancia para litigar casos de violaciones de derechos humanos y haríamos muy bien en reemplazar este tipo de retos con espacios de interlocución del gobierno y la sociedad civil desde donde sea posible evidenciar dichas violaciones y proponer las reformas legales e institucionales que se requieren para frenar la impunidad y la repetición crónica de los abusos.

Sin embargo, abonando al trabajo que numerosas organizaciones de derechos humanos a lo largo del país han realizado en éste y otros sexenios, quisiéramos enumerar una serie de casos que aún hoy se mantienen en la impunidad ante la omisión de la autoridad responsable de darles curso y solución.

Aquí habría que mencionar que apenas el año pasado, en Morelos, la extinta Policía Federal Preventiva fue usada para reprimir un movimiento social de maestros, apoyado por campesinos; pero también que hasta la fecha se ignora el paradero y agente responsable de la desaparición de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario; así como el tema de la fabricación de pruebas por parte de las autoridades investigadoras en el caso del periodista extranjero asesinado durante el movimiento de la APPO en Oaxaca, Brad Will, o de los indígenas presos en Acteal (hecho reconocido recientemente por la propia SCJN).

Como grandes pendientes debemos mencionar también los numerosos feminicidios en Ciudad Juárez y otros puntos de la República, al igual que los casos de la Guerra Sucia, que permanecen en la congeladora de la Coordinación General de Investigaciones de la Procuraduría General de la República.

Human Rights Watch. en su informe "Impunidad uniformada" (abril de 2009) establece que las autoridades no han dado información sobre un solo caso en donde se haya determinado responsabilidad de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, las violaciones de los derechos humanos no tienen que ver solamente con la nota escandalosa, sino con una forma más refinada, que se ejerce a través de la denegación de los derechos económicos, sociales y culturales, sobre la que existen abundantes ejemplos. Al respecto, algunos estudios como el elaborado por Physicians for Human Rights, la Defensoría del Derecho a la Salud y el Colegio de la Frontera Sur, "Pueblos excluidos, comunidades erosionadas: la situación del derecho a la salud en Chiapas" (2006) han determinado que el deterioro de la salud es hoy aún más grave que en 1994, año del levantamiento zapatista. Así pues, se siguen presentando muertes por enfermedades curables, como el tracoma.

En cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, son infames las noticias que señalan la penalización de mujeres que intentan abortar en Puebla y Guanajuato, así como el aumento en los crímenes por homofobia.

Una vez más, la SCJN ha resuelto en sentido contrario al imperio de los derechos humanos, de manera semejante a como lo hizo con la investigación de los casos Atenco y Lydia Cacho.

Ante esta situación, la sociedad civil debe abogar por la justicia en el ámbito interno y seguir de cerca el próximo proceso de reemplazo de dos ministros de la SCJN. Dichos reemplazos deberían estar determinados por los méritos profesionales de los postulantes, pero también por su solvencia moral. Al mismo tiempo, sería deseable que se desarrollen en un marco de transparencia democrática.

Las instancias internacionales se muestran en la actualidad como una vía disponible y efectiva para acceder a la justicia y poner fin a la impunidad que prevalece en México. De ahí que la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno al caso de desaparición forzada de Rosendo Radilla (líder comunitario desaparecido en 1974), que se espera para finales de este año, constituya la última oportunidad para aclarar y sancionar a los responsables de los crímenes del pasado.

Como ciudadan@s y miembros de organizaciones civiles comprometid@s con la defensa y promoción de los derechos humanos, debemos poner especial cuidado en que dicha sentencia sea favorable a las víctimas. Si no, las posibilidades de llevar a cabo, por la vía de las resoluciones judiciales internacionales, las reformas necesarias para adecuar la legislación, las políticas y las instituciones públicas al marco internacional de los derechos humanos se verán gravemente disminuidas y México seguirá carente de un auténtico marco de vigencia, respeto y protección de los derechos humanos.

* Alejandro Juárez Zepeda es colaborador en la Relatoría de Libertad de Expresión y Atención a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.