México debe redefinir gasto de recursos

Las fallas estructurales y la crisis económica hacen necesaria un cambio en la forma de gastar; las autoridades hacendarias deben de dejar de pensar coyunturalmente y comenzar a planear.
pesos  (Foto: Archivo)
José Luis de la Cruz*
CIUDAD DE MÉXICO -

Lejos quedó el supuesto "blindaje" que la economía mexicana tenía respecto a la crisis económica que hace dos años ya era claro enfrentaría Estados Unidos, el principal socio comercial de nuestro país. De igual manera aquellas declaraciones de que la recesión  únicamente sería una pequeña "gripe" hoy parecen  muy remotas.

En contrasentido con lo anterior, el diagnóstico presentado por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), hace clara referencia a que la profundidad de la crisis mundial es la principal responsable del retroceso económico exhibido en México, "la crisis que viene de fuera".

Evidentemente la dependencia estructural de México sobre el ciclo económico de Estados Unidos era un factor que no debió soslayarse o minimizarse en la elaboración de los presupuestos elaborados para 2008 y 2009, el diagnóstico oportuno era necesario para prevenir la crisis y actuar con objetividad económica. Más allá de las necesidades políticas de intentar presentar una imagen de fortaleza (que la recesión terminó por diluir) era primordial actuar con responsabilidad para evitar el quebranto fiscal hoy ampliamente reconocido.

El margen de maniobra  de la SHCP era reducido aún antes de los problemas económicos hoy presentes, la debilidad de las finanzas públicas mexicanas es algo estructural. La principal limitante, hoy admitida como argumento oficial para el ajuste fiscal que se realizará, es la falta de crecimiento económico. No obstante, si bien en el presente año la debacle del PIB será el mayor en la historia contemporánea de México, la evolución de la economía nacional no ha registrado una dinámica vigorosa desde 1982, las recurrentes crisis han provocado que los impuestos derivados del consumo y el empleo no sean un elemento que de salud a las finanzas públicas.

Como respuesta a las crisis, los mexicanos han debido trabajar en la economía informal, dejando con ello de cotizar y tener seguridad social, siendo la falta de pago de impuestos un efecto colateral. La creciente importación de bienes de consumo y bienes intermedios se traduce en una menor recaudación, las empresas se dedican a dar servicios dejando de producir, disminuyendo con ello el valor agregado de la nación y con ello del pago de impuestos correspondiente.

Las estrategias de contratación para no pagar impuestos,  la evasión y la elusión fiscal, también constituyen elementos que limitan los ingresos fiscales, pero ante los cuales el Gobierno federal no ha actuado de manera decidida, ello sin contar con las exenciones fiscales que hacen del sector financiero, principalmente en la parte bursátil, un componente privilegiado de la sociedad.

Los desequilibrios, terminaron por ser evidentes e ineludibles ante la magnitud de la contracción económica actual, el anuncio de la SHCP  era esperado, así como el sentido de su diagnóstico y el limitado alcance de su propuesta.

En primera instancia la postura de la SHCP parece quedarse enmarcada en la coyuntura de crisis actual, y no en los problemas realmente estructurales. Desde un punto de vista objetivo parece que en México deberíamos hablar de una reforma a las finanzas públicas y no únicamente de una fiscal, ¿Qué diferencia existe?

Una reforma a las finanzas públicas involucra no únicamente preocuparse de las cuestiones operativas y técnicas sobre cómo obtener mayores ingresos fiscales, sino también de cómo se gastan dichos recursos. En el ejercicio del gasto público deberíamos tener criterios de eficiencia y efectividad que hoy se encuentran ausentes. Igualmente importante sería relevante eliminar partidas que triangulan recursos al sector privado, sindicatos, fideicomisos que hoy merman terriblemente la capacidad del Estado mexicano para actuar decididamente  en pro de un desempeño económico y social.

No obstante una reforma a las finanzas públicas involucra todavía un concepto más amplio y que hoy sigue olvidado en la propuesta del Gobierno federal y es el que se refiere al objetivo que debería tener el país para lograr alcanzar niveles de desarrollo superiores a los que se exhiben no únicamente  en cuestiones como el crecimiento económico y generación de bienes y servicios públicos, sino también en materia de distribución de la riqueza.

En este punto es relevante que no se olvide que las finanzas públicas tienen su funcionalidad en el hecho de que se retira dinero a la sociedad para regresarlo en forma de gasto público, y que cuando no se hace con eficiencia y eficacia, pueden representar un costo más que un valor agregado. Como ejemplo se tiene a la seguridad y la educación: ante el hecho de no contar con entorno seguro, las empresas y los ciudadanos (que tienen la capacidad económica)  deben contratar servicios de seguridad privada para complementar o de plano sustituir a la seguridad pública, los demás debemos esperar no enfrentarnos contra el crimen en cualquiera de sus formas. Igualmente en materia de educación, especialmente en los niveles básicos.

La propuesta de modificaciones presentada carece de dicho sentido de reforma, simplemente es coyuntural, se debate entre por qué han caído los ingresos y cómo realizarán ajustes en el gasto para compensar los desequilibrios. Su premisa sigue siendo el cuidar el equilibrio fiscal, es decir evitar que el déficit y la deuda pública aumenten. No tocan el hecho de que por Pidiregas la deuda pública reconocida se incrementó en más de 60,000 millones de dólares en el presente año, y a que ante el fracaso del modelo de financiamiento utilizado, los Pidiregas  dejaron de ser un pasivo contingente y tuvieron que reconocerse oficialmente como deuda. Tan sólo este año se pagarán más de 65,000 millones de pesos por este concepto.

Cuidar el equilibrio fiscal no es un problema, el punto aquí es conocer qué cosas seguiremos pagando y  qué eliminaremos del gasto. Nada se dice sobre los programas de rescate que presionan  a las finanzas públicas, todo se concentra en  recortar el gasto corriente.  Si bien eso es sano por las enormes fugas existentes, también es evidente que tiene un límite, en el fondo obtener los 308,000 millones  de pesos que faltarán en 2010  involucra algo más que recortar el gasto superfluo del Gobierno.

Pero ¿por qué argumentamos que el razonamiento de la SHCP es de coyuntura? Su punto de partida es la caída internacional en los precios de petróleo, rubro que representa una afectación para un ingreso que cercano al  35% de los recursos del Gobierno federal, situación que representa la primera limitante para el presupuesto de gastos en 2010. La combinación de menores precios con la disminución de la plataforma de producción constituye el elemento a tomar en cuenta. El problema aquí es que no se indica que durante los años previos la sobrexplotación de algunos yacimientos, así como la utilización de técnicas de extracción equivocadas acabaron provocando la disminución de la producción y el desperdicio de gas que se quema en los mecheros de muchos pozos petroleros.

En segundo término se encuentran la disminución de la recaudación no petrolera, fundamentalmente el argumento es que la menor actividad económica ha implicado una caída en el pago de impuestos por IVA e ISR. Lo anterior es cierto, pero no se mencionan dos elementos clave: el primero es el citado previamente, relacionado con el problema histórico de la evasión, elusión y economía informal, pero el segundo es más relevante en la propia coyuntura, la recaudación es menor porque  el Gobierno federal se equivocó en el pronóstico de crecimiento económico.

Debemos recordar el 3% de aumento en el PIB para 2009 que presentó el pasado 8 de septiembre en donde la corrección que hizo en octubre de únicamente 1.8% contrasta con la caída de 9.5% que el país sufrió tan sólo en el primer semestre del presente año. En otras palabras la menor recaudación y el recorte al gasto correspondiente son una equivocación de la SHCP.

Los montos no son menores, de acuerdo a su estimación, el boquete respecto a la Ley de Ingresos aprobada para 2009 es de 408,000 millones de pesos: 211,500 millones por ingresos petroleros y 268.6 por no petroleros.

Debe resaltarse que en el caso de los petroleros ni siquiera la depreciación del peso ayudó a compensar los problemas de la menor plataforma de producción: se recibirán 62,000 millones de pesos adicionales por ese motivo, pero la caída por la disminución de la producción y el precio del hidrocarburo suman 158,000 millones de pesos, que agregados a los menores precios del gas y la "fijación de los precios de las gasolinas"  (115,500 millones de pesos)  dan el  déficit citado en los ingresos petroleros.

No puede dejarse de citar que la SHCP indica a la fijación de los precios de la gasolina como elemento negativo, pero no menciona que los más de 30 incrementos en 2008 llevaron su precio a los niveles que se pagan en Estados Unidos, por lo cual esta declaración parece no del todo correcta.

Por parte de los ingresos no petroleros, la parte del ISR, IETU e IDE será menor en 92,600 millones de pesos, en tanto que la recaudación del IVA no alcanzará la meta por 112,300 millones de pesos. Otros ingresos no petroleros se quedaran cortos por 63,700 millones de pesos. Dicho boquete representa la magnitud del error en la estimación de la SHCP, al final de cuentas la entidad es la encargada de prospectar cuanto crecerá la economía y cuánto se recaudará por este tipo de impuestos. Sin duda una mayor vigilancia por parte de la Cámara de Diputados  y de Senadores es necesaria.

A partir de lo anterior la aparición de una brecha fiscal, es decir la diferencia entre los ingresos y los gastos del Gobierno por 421,000 millones de pesos no es de extrañar, así como la reducción de las participaciones a los estados de la federación (59,000 millones de pesos).

En esta danza de faltantes por miles de millones de pesos el Gobierno federal ha recurrido a ingresos extraordinarios y a las coberturas petroleras: 100,000 millones de pesos de las coberturas, 95,000 millones de los remanentes por las operaciones del Banco de México (particularmente por las operaciones de cambio de moneda), 92,400 millones del fondo de estabilización y 48,600 millones por otro tipo de ingresos extraordinarios. Con ello el Gobierno logró sumar 336,000 millones de pesos para contrarrestar los errores de estimación y la disminución de los precios del petróleo.

El problema aquí es que la mayor parte de estos recursos no serán recurrentes, en otras  palabras no los tendremos para el próximo año, la presente crisis desfondo a las finanzas públicas en un solo año.

El Gobierno decidió recortar 85,000 millones de pesos en su gasto para equilibrar las finanzas públicas, sin duda es porque no contará con ese dinero. Curioso es que de lo anterior 66,000 millones serán en gasto corriente, algo mencionado reiteradamente en años previos pero no tomado en cuenta hasta que la crisis les obligó a hacerlo. Los 20,800 millones son de servicios personales, ese tipo de erogaciones no deberán volver al presupuesto, pero falta ver que exista una declaración más allá de la coyuntura.

La argumentación de que el ejercicio del gasto ha sido importante en materia de inversión debería circunscribirse a la parte de la construcción, y aún ahí  a la parte de las carreteras fundamentalmente. El resto de la economía, principalmente en manufacturas y servicios se encuentra desatendida y en una profunda recesión.

En materia de empleo los resultados son mejores, una contracción menor a la esperada pero que suma a 593,000 personas desempleadas entre julio de 2008 y el mismo mes de 2009, en donde 414,000 corresponden al sector de la transformación. Además en algunos estados ha estado ocurriendo un proceso que no puede soslayarse: se genera empleo, pero con menores remuneraciones a pesar de que las ventas y la producción crece, es decir la calidad del empleo es menor. Lo anterior afecta de manera estructural a la economía mexicana, porque una vez que la crisis termine, la situación laboral de los trabajadores habrá empeorado, situación que se agregará al incremento de la pobreza previo a la crisis.

Debido a lo anterior es necesario precisar que a la presentación realizada por la SHCP se le debe agregar un componente de análisis y dirección no únicamente económica y financiera, sino también social y empresarial, ya que la mortandad de las empresas ha crecido en los últimos meses, y ante ello no ha existido un programa exitoso.

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La reforma a las finanzas públicas es necesaria, pero el debate debe abarcar a todos los sectores de la sociedad, y el Gobierno federal debe ser más autocrítico, ya que gran parte de los problemas actuales son por los yerros cometidos por ellos mismos, los cuales deberemos pagar los ciudadanos mediante más impuestos, hasta el momento el Gobierno no ha planteado otra salida.

*El autor es profesor del Departamento de Finanzas y Economía del Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y se ha desempeñado laboralmente en los sectores privado, académico y público, en este último como Subdirector de Análisis Macroeconómico en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

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