La necesidad de un nuevo pacto social

La caída de la economía mexicana hace urgente un consenso entre Gobierno y ciudadanía; debe procurarse que el gasto público se oriente al beneficio social y creación de empleos.
monedas-dinero-economia-SX.jpg  (Foto: Cortesía SCX)
José Luis de la Cruz*
CIUDAD DE MÉXICO -

La caída de 10.3% registrada en el segundo trimestre de 2009 por el PIB nacional fue motivada por un retroceso de 11.5% en la actividad industrial así como por una caída de 10.4% en el sector de los servicios.  En dicha dinámica fue significativo el deterioro de las manufacturas (-16.4%), de la construcción (-9.2%), del comercio (-20.9%), del transporte, correos y almacenamiento (-13.7%)  y de los servicios educativos (-17.3%), todo ello principalmente atribuible a la recesión de la economía de Estados Unidos y la propia evolución negativa del mercado interno, este último inmerso en una profunda crisis estructural que abarca más de 25 años.

Sin lugar a dudas la baja en la producción y exportación automotriz, de la menor elaboración de maquinaria y equipo, computadoras, bienes electrónicos y eléctricos representan el núcleo de la crisis en las manufacturas, todo ello condicionado por la  crisis de la economía industrial en Estados Unidos. Al mismo tiempo ello se conjugó con un problema estructural  del sector textil, el cual acumula más de 10 años de pérdida de mercado tanto en el exterior como en el doméstico.

En el sector de la construcción la cuestión se relaciona con el pobre impacto que el gasto de gobierno tuvo sobre el realizado por el sector privado. Uno de los aspectos dignos de mencionarse es la pérdida de más de 3,700 patrones en  la construcción (registrados en el IMSS, entre junio de 2008 y el mismo mes de 2009), hecho que implica una importante reducción de empresas en estados como Baja California, Chiapas, Nuevo León y el Estado de México. Asociado a lo anterior se encuentra la reducción de 123,000 empleos entre julio del año pasado y el séptimo mes de 2009.

En la parte de los servicios, más ligados al mercado interno, no puede dejarse de mencionar el hecho de que el comercio sea uno de los componentes más afectados y lo cual refleja  que la calidad de vida de los mexicanos ha disminuido, sumando con ello  una afectación mayor a lo reportado por  el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social  (CONEVAL)  hasta 2008.

Un problema adicional es el incremento en la tasa de desempleo recientemente anunciada por el INEGI para el mes de julio: 6.12%, la más alta en los últimos 13 años, y lo cual perfila a 2.8 millones de personas sin  empleo en el país, cerca de 880,000 más que en diciembre pasado.

Ante este escenario la pregunta oportuna gira en torno a cómo abordarán el Gobierno federal y el poder legislativo el problema económico y social que se ha generado.  Dado que el sector público no es una fuente de generación de riqueza y empleo, fundamentalmente porque la mayor participación radica en el sector, la duda razonable es ¿en cuánto puede contribuir la política económica a resolver el problema?

La cuestión tiene una respuesta poco alentadora, primeramente porque el gasto de Gobierno es ineficiente, y al privilegiar la parte corriente no influye sustancialmente en el incremento del valor agregado del país. En segunda instancia porque el Gobierno federal carece de una planeación sectorial y regional que le permita conocer como cada peso invertido favorecerá el desarrollo de las empresas y los estados, así como de cuál será su impacto en la creación de fuentes de trabajo.  

Finalmente, se tiene el hecho de la limitante que existe en los ingresos del sector público. Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció que para el siguiente año se tiene contemplado un boquete de más de 300,000 millones de pesos, esencialmente estaba diciendo que no contará con los recursos financieros suficientes para propiciar la recuperación de la economía, señalando con ello que el motor de crecimiento deberá  encontrarse en otra fuente.

Ante este escenario es primordial que  exista un consenso entre los poderes de la unión, los gobiernos estatales y municipales, a fin de que el ejercicio del gasto público cambie radicalmente en el siguiente año, privilegiándose ante todo a la inversión y el gasto social, adicionando una medición puntual de sus efectos reales sobre la sociedad, primordialmente en materia de generación de empleo.

Igualmente necesario es un recorte en los sueldos y compensaciones de las altas esferas del poder político en México, deben ejercer una acción de liderazgo mostrando que son capaces de trabajar por el país más allá de su beneficio personal y siendo con ello el ejemplo de que es posible reordenar las finanzas públicas partiendo del núcleo más privilegiado del sector público.

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Finalmente, es importante que en el proceso se incorpore a la sociedad: empresas, universidades y grupos sociales, a fin de que con ello se atiendan los problemas reales y de coyuntura que están enfrentando. Las autoridades deben mostrar una mayor sensibilidad social que les permita realizar una planeación más incluyente y eficiente, de otra forma el 2010 podría ser un año de evolución inercial, en donde los desequilibrios generarían escenarios que retrasen aún más el desarrollo de nuestro país.

*El autor es profesor del Departamento de Finanzas y Economía del Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y se ha desempeñado laboralmente en los sectores privado, académico y público, en este último como Subdirector de Análisis Macroeconómico en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

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