Paquete económico, ¿contra la pobreza?

Miguel Ángel Corro opina que el impuesto de 2% a bienes y servicios es realmente un IVA disfrazado; el catedrático del ITESM afirma que este gravamen afectará a la población de menores ingresos.
moneda-pesos-dinero-mexico-SXC.jpg  (Foto: Cortesía SXC)
Miguel Ángel Corro Manrique*
CIUDAD DE MÉXICO -

El Ejecutivo Federal envió una propuesta económica que establece -a nombre del combate a la pobreza- una nueva contribución de 2% al consumo de todos los bienes y servicios, lo que constituye una verdadera simulación para imponer un gravamen a alimentos y medicinas, que en realidad funciona igual que el IVA, lo que elevará este impuesto hasta 17% e impactará en el precio de los productos básicos que en nuestra opinión va en perjuicio de la población de menores ingresos. 

Con el paquete económico 2010 se pretende superar la profunda crisis que vive el país y saldar el boquete fiscal en las finanzas públicas derivado de la caída en la recaudación federal y la disminución de los ingresos petroleros.

Como ya hemos señalado en anteriores contribuciones (El paquete económico, en perspectiva) el nuevo impuesto (2% al consumo en general)  tendrá un efecto regresivo en la economía y afectará, sobre todo, a las clases medias y a la economía popular.

El pretendido incremento de beneficiarios del programa Oportunidades en un millón de familias, a través del gasto, no impactará en el incremento de la capacidad productiva que se requiere en el corto plazo para salir de la crisis y generar los empleos que necesita la población mexicana. La propuesta, a juzgar por las intervenciones del Secretario de Hacienda y de Desarrollo Social, durante la glosa del tercer informe de Gobierno, no incluye medidas como un programa de inversión pública de la magnitud necesaria para superar la emergencia económica, ni medidas que permitan construir una red de protección social ante la crisis. Por ello, se hace necesario contribuir con algunos elementos que inviten a la reflexión en aquéllos que estarán encargados de analizar y aprobar esta propuesta, esto es los diputados y senadores.

Más que impuestos disfrazados, es necesario aumentar inversión pública para impulsar la actividad productiva y con ello el consumo y la demanda interna, pero sobre todo, construir una propuesta de mediano y largo plazo que efectivamente contribuya a combatir la pobreza en la que se encuentran más de 50 millones de mexicanos, según la información del último reporte del Banco Mundial.

El Estado mexicano, debería de pensar más, en una propuesta de política económica integral de fomento al desarrollo que articule las medidas necesarias en diferentes materias capaces de lograr la coordinación pertinente entre actividades institucionales, iniciativa privada y los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal.  

La inseguridad, la corrupción y la impunidad, que registran altos niveles de ocurrencia, hacen que exista la percepción de que la autoridad vacila en tener una verdadera política de estado con proyección y objetivos claros tanto en el corto como el mediano y largo plazo. Ninguno de los problemas a los que se enfrentan las instituciones, la democracia y el país entero, es tan grave como el de la falta de observancia de un proyecto nacional consistente con la circunstancia actual y los retos que enfrentamos.

El Gobierno, no puede seguir en el camino de la complacencia, la indiferencia o la insensibilidad social, con acciones que sólo actúan sobre los efectos de la corrupción, la inseguridad o la pobreza y no sobre las causas que la generan. Creemos, que hoy más que nunca, la aspiración legítima de las sociedades, demanda la reinvención de los gobiernos verdaderamente comprometidos con la ética política y la moral pública. La reinvención de los gobiernos debe tener, como premisa fundamental, el compromiso ineludible de los gobernantes de actuar, sin excusa ni pretexto, para privilegiar en cualquier momento y circunstancia, el interés superior de las mayorías.

Éste no es un asunto de simples equivocaciones en la conformación y la construcción de una propuesta económica que supere la crisis actual, sino también de una operación inadecuada del Estado de Derecho, que trasciende la dimensión puramente administrativa o jurídica, para convertirse en un verdadero problema social.

Los programas sociales deben permitir la conciliación de políticas de apoyo a la formación de capital humano y social (desarrollo de capacidades), políticas de ampliación del acceso a empleo de calidad (expansión de oportunidades) y políticas asistenciales a corto plazo destinadas a proteger a la población vulnerable de situaciones adversas de carácter transitorio o estructural, situaciones que son cada vez más relevantes dado el contexto económico actual. Si desde hace algunos años, representantes importantes del sector empresarial mexicano han afirmado que el combate a la pobreza pasa necesariamente por la generación de riqueza, por qué no ir por ese camino. Por ejemplo, Carlos Slim, desde hace tiempo, ha sostenido que "se elimina la pobreza con crecimiento económico, educación y empleo" y asegura que la mejor inversión de cualquier país está en el combate a la pobreza: "un mejor nivel de vida sólo se logrará mediante el combate a la pobreza, y ésta puede erradicarse en la medida del crecimiento de los mercados, en la formación de su gente y en brindar mayores satisfactores.

El encadenamiento entre efectos de corto plazo en materia de incremento de los ingresos familiares y efectos de largo plazo en materia de desarrollo del capital humano con mayores rezagos constituye la clave para avanzar, desde las políticas y los programas sociales, en la superación de la pobreza.

Muchos de los programas de lucha contra la pobreza, han surgido como respuesta a los vaivenes del ciclo económico y a las crisis, pero debido a los prolongados efectos negativos de estas últimas, entre otros el aumento del desempleo estructural y la persistencia de la pobreza, estos programas aunque componentes permanentes de la política social no han sido suficientes debido a la escasa visión integral para combatirla.

Por ello, el combate a la pobreza no debe de reducirse a la aprobación de un programa de mayor recaudación fiscal, que además de regresivo es limitado. Una propuesta económica debe considerar diversos objetivos como a) la inversión en infraestructura productiva y de servicios; b) mejorar la posición y el posicionamiento regional en función de la participación de las entidades históricamente marginadas; c) la contención de conflictos a través de intervenciones asistenciales y con proyectos productivos de impacto local; d) dinamizar actividades económicas y regionales a partir del aprovechamiento de nichos de recursos estratégicos y/o emergentes en la globalización (circuitos turísticos, generación y explotación de energéticos, maquiladoras, biotecnología, etc.); e) extender mercados y procesos de integración mediante plataformas manufactureras, maquiladoras y nuevas cadenas logísticas de comercio internacional, y f) la integración energética y la consolidación de la red de acuerdos de libre comercio en el hemisferio.

De esta forma, el combate a la pobreza debe considerar la adaptación de los programas nacionales a las condiciones locales para armonizar procedimientos y disminuir costos de operación. Para ello, es necesario el diálogo y participación de las comunidades afectadas en el diseño de las políticas públicas.

La pobreza es un problema multidimensional que se extiende de los niveles de ingreso a las capacidades de salud, educación y nutrición; y por tanto, todo programa que se pretenda abatirla debe tomar en cuenta la falta de oportunidad (bajos niveles de consumo-ingreso); de las capacidades bajas (salud - educación), y el bajo nivel de seguridad (exposición al riesgo y variación de ingresos).

Así, un plan de coexistencia pública y privada debe encaminarse a alentar el destino de recursos para apoyar el capital humano (salud, educación, ingreso, trabajo); la infraestructura (agua, saneamiento, electricidad, transporte, comunicación); la inversión, el crédito y la asistencia técnica, así como la seguridad pública.

Además, un programa gubernamental con verdaderas intenciones de enfrentar la crisis obliga a adoptar un enfoque institucional que permita la mejora de su gestión, es decir, una política de gasto, basándose en una visión estratégica que atienda de manera prioritaria la eliminación del exceso de burocracia, trámites  y discrecionalidad en la toma de decisiones. Asimismo, es necesario impulsar una verdadera modernización administrativa, mediante el mejoramiento de las prácticas gubernamentales y estableciendo modelos de Servicio Civil de Carrera, con el propósito de dar estabilidad laboral a los servidores públicos, evitando así, la visión patrimonialista.

De igual manera, es necesario implementar sistemas de evaluación del desempeño, que permitan calificar el grado y la forma de cumplimiento de los objetivos sociales de las instituciones y el desempeño de los servidores públicos. Esto permitiría tener esquemas adecuados de registro de los recursos federales transferidos a estados y municipios, e instrumentar mecanismos para su control y supervisión que hagan posible no sólo una rendición de cuentas clara, oportuna y transparente sino identificar oportunidades de mejora para alentar la productividad y la transparencia en el uso de los recursos públicos.

Como es claro, la propuesta económica hasta ahora conocida, no compromete más que el "bolsillo" de los contribuyentes, pero no establece una verdadera propuesta de solución a la crisis y al problema de la pobreza. No es, en consecuencia, una estrategia que nos proporcione una alternativa real de desarrollo que nos indique la forma en que podremos superar la pobreza que sufren millones de mexicanos en años por venir.

* El autor es director del Departamento de Administración y Finanzas de la División de Negocios del Campus Santa Fe del Tecnológico de Monterrey y Director del Centro de Estudios Interdisciplinarios y Prospectiva del  mismo Campus.

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