Reformas fiscales 2010, reflexiones
Como sabemos, se estableció por parte del Ejecutivo Federal que para el Presupuesto del 2010, se considerarían tres conceptos fundamentales:
Un mayor endeudamiento.
Racionalización del gasto y la inversión, y
El fortalecimiento de la recaudación.
Respecto de este último rubro es importante destacar que, efectivamente, a nuestro país le urge incrementar los niveles de recaudación que históricamente ha obtenido de no más allá del 10% del PIB, a niveles del 18 - 20% del PIB, con objeto de que esté en posibilidades de hacer frente a las obligaciones que le corresponde asumir como estado.
Así las cosas, quisiera reiterar que estoy convencido de que para que se alcancen los niveles de recaudación que el país demanda, es urgente contar con un esquema fiscal que sea competitivo en el contexto internacional y para que el nuestro lo sea, se requería incorporarle, entre otras cosas:
Que se haga cumplir con el mandato constitucional de que TODOS los mexicanos contribuyamos para el gasto público. Hoy día el 60% de los participantes en la economía se encuentran en la informalidad y en consecuencia no pagan impuestos.
Que se recargue la recaudación mucho más en los impuestos indirectos (IVA, IEPS, Ecológicos, etcétera) y mucho menos en los impuestos directos como el ISR. Es urgente que se elimine el esquema actual de dos impuestos sobre la renta ( ISR y IETU ) y que subsista uno solo que recoja lo mejor de ambos, a una tasa inferior al 28%, competitiva con la tasa promedio de los países de la OCDE del 26%.
Eliminación de los regímenes fiscales especiales que no tengan una justificación social o económica.
Permanencia de las disposiciones fiscales.
Federalización de los impuestos.
Otorgamiento de verdaderos estímulos fiscales que promuevan la inversión.
Simplificación de las disposiciones fiscales.
Fortalecimiento de la seguridad jurídica.
Independencia del SAT.
Inicio de operaciones de la Procuraduría del Contribuyente.
Habiendo establecido lo anterior, ahora compartiré con ustedes algunas reflexiones relativas al paquete económico que para el ejercicio 2010 presentó el Poder Ejecutivo Federal ante el H. Congreso de la Unión, el pasado 8 de Septiembre del 2009.
En este empeño, es importante recordar que la política tributaria de nuestro país constituye un instrumento de política económica, como existen otros; entre ellos, la política monetaria, por ejemplo.
O sea que, hablar de impuestos, es hablar de economía.
Así las cosas y considerando que estamos plenamente insertados en la globalización, podremos entonces entender que no solamente los empresarios están compitiendo con el resto del mundo en el tema económico, sino que también, nuestro país está compitiendo, entre otras muchas cosas, con su esquema fiscal.
Requerimos pues contar con un esquema fiscal que sea claramente competitivo en el contexto internacional, pues ello nos permitirá, por una parte, mantener los capitales mexicanos y por la otra, atraer las inversiones extranjeras.
Habiendo inversiones nacionales y extranjeras, habrá empleo y con ambos rubros, habrá impuestos y bienestar social. Es decir, se generará el círculo virtuoso que nuestro país requiere.
Al revés, se generaría un círculo vicioso que, además de no recaudar lo suficiente, mucho nos dañaría.
La clave entonces es tener un esquema fiscal que sea claramente competitivo en el contexto internacional, pues con ello la recaudación y todo lo demás, llegará por añadidura.
Considerando lo anterior, es preocupante que al día de hoy México no cuente con un esquema fiscal que sea competitivo. En efecto, como se puede observar en la página 407 del Informe sobre la Competitividad Global 2009 - 2010 elaborado por el Foro Económico Mundial (World Economic Forum) en el punto 6.04 Alcance y efecto de los impuestos, en el que se analiza el impacto que tiene el nivel de impuestos en 133 países sobre los incentivos para invertir y trabajar, México ocupa el lugar No. 91.
En adición a lo anterior, preocupa también que con algunas de las reformas fiscales propuestas para el ejercicio 2010 se corre el riesgo de provocar que nuestro esquema fiscal sea todavía menos competitivo.
Concretamente me refiero a propuestas tales como:
Que las diversas iniciativas que se incluyen tienen como objetivo primordial lograr una mayor recaudación tributaria, proveniente fundamentalmente (hay algunas excepciones), del 40% de los participantes en la actividad económica que se encuentran dentro de la economía formal. No existen mayores propuestas para combatir al otro 60% que se encuentra en la informalidad.
La propuesta de incrementar la tasa del Impuesto sobre la Renta (ISR) del 28 al 30% tanto para personas morales como para personas físicas, incluyendo el incremento que se hace a estas últimas en los tramos intermedios de la tarifa. Con ello estaríamos alejándonos de la tasa promedio del 26% que mantenemos los países integrantes de la OCDE.
El acotamiento del régimen de consolidación para efectos fiscales, con efectos "retroactivos", que implica que los contribuyentes involucrados tengan que desembolsar subrepticiamente en el 2010 más de 27 mil millones de pesos.
El mantenimiento del IETU con modificaciones que lo hacen más "agresivo" y menos "complementario" del ISR, con lo que también se pone en riesgo su acreditamiento en el extranjero.
Un esquema más agresivo de gravamen para los intereses que perciban las personas físicas, con lo que se "desincentiva" la repatriación de capitales que se pretendía fomentar con el Decreto recientemente emitido.
El que no se excluya del mecanismo del IDE a la economía formal.
Las propuestas de reforma al Código Fiscal de la Federación que otorgan excesivas facultades a las autoridades fiscales y en ciertos casos imponen excesivas sanciones a los contribuyentes , entre las que destacan:
Las personas morales residentes en México tendrán al menos, permanentemente, dos domicilios fiscales. Uno, aquel en que esté su administración y dos el domicilio de sus representantes. Resulta absurdo que se tengan tantos domicilios como representantes, sean nacionales o extranjeros. Si la contabilidad debe estar en el domicilio fiscal, entonces ahora habrá que determinar en cuál de ellos debe permanecer la contabilidad.
Además no se señala el tipo de facultades que debieron haber sido conferidas al representante legal ni cómo la autoridad determinará que efectivamente se trata del representante legal para efectos de llevar a cabo notificaciones en su domicilio y que éste pueda considerarse como el domicilio fiscal de la persona física o moral. Asimismo, debe precisarse el alcance que tendrá el domicilio del representante legal y que actos de autoridad podrán llevarse acabo ahí.
Responsabilidad solidaria de socios o accionistas
De gran trascendencia, por sus efectos adversos, es la propuesta de responsabilizar con el patrimonio del socio o accionista las omisiones de impuestos de las personas morales, pues ello es romper la teoría y base económica de la empresa, como un patrimonio afectado y diverso al socio.
La responsabilidad solidaria ahora nace por el hecho de ser socio o accionista, sin que medie causa lógica o comprensible de esa responsabilidad. En realidad, con la reforma fiscal, ya no hay "responsabilidad" sino mancomunidad de la deuda fiscal. Se plantea como presunción legal la equivalencia de la proporción de la participación con la deuda fiscal, así como la insuficiencia de bienes de la persona moral para el pago de la deuda fiscal.
Ser socio o accionista, con la reforma propuesta, implicará ahora una pena trascendental, en donde la deuda fiscal de la sociedad pasa al socio en su proporción de participación.
En resumen, la reforma propuesta tendrá como resultado el que se desincentive la inversión extranjera, con la consecuente pérdida de competitividad de nuestro país, así como la inversión nacional en todos los niveles, pues no resulta económicamente viable que los inversionistas pongan en riesgo no sólo el patrimonio que destinan a la creación de una empresa, sino también el propio.
El capítulo de delitos fiscales merece una revisión profunda sobre bases teóricas y que permita establecer penas acorde con nuestro sistema sancionador en general. No puede ser que conductas que se confunden con una simple infracción administrativa tengan penas equiparables a la delincuencia organizada.
Considerar que una defraudación fiscal es calificada y por tanto la pena aumenta en una mitad por el hecho de que un comprobante fiscal incumpla con un requisito netamente administrativo como puede ser la fecha de expedición o datos del impresor autorizado, es perder el sentido del derecho punitivo del Estado. Nótese que la calificación no requiere que el comprobante sea falso o apócrifo sino, en términos del inciso h) del artículo 108, que no cumpla, formalmente y en forma estricta, con alguno de los múltiples requisitos establecidos para los comprobantes.
Por todo lo expuesto, considero que, si bien es cierto que con algunos ajustes, la nueva Contribución para el combate a la pobreza (impuesto a las ventas) está en línea con lo que debe ser nuestro esquema fiscal, es muy importante que el paquete propuesto se revise en el Congreso, para asegurar que lo que finalmente se apruebe considere todo lo que hemos venido exponiendo para así, contribuir de manera efectiva a que nuestro país cuente ya, de una vez por todas, con un esquema fiscal que sea mucho más competitivo en el contexto internacional.
Esta es la única alternativa para alcanzar los niveles de recaudación que el país requiere. No hacerlo, solo nos podría llevar a logros pírricos de corto plazo.
Muchos otros países lo han hecho ya, algunos incluso, nos han venido rebasando.
El tiempo se agota, no desaprovechemos la oportunidad histórica que se nos presenta.
* El autor es socio director de la Práctica de Consultoría en Impuestos de Ernst & Young y vicepresidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. - Área Fiscal. Es Contador Público por la Universidad Autónoma de Guadalajara y cuenta con un postgrado en Derecho Fiscal en la Universidad Panamericana (IPADE).