Honduras, historia de lo insólito

Iliana Rodríguez analiza el conflicto en el país desde la acusación a Manuel Zelaya de traidor; la doctora en Derecho sugiere unas prontas elecciones, en beneficio de los hondureños.
manuel-zelaya-honduras-3-AP.jpg  (Foto: AP)
Iliana Rodríguez Santibáñez*
CIUDAD DE MÉXICO -

Ante el temor de un referéndum que determinaría la posibilidad de una reelección del presidente legítimo de Honduras Manuel Zelaya, el 28 de junio se desconoció todo mecanismo de corte democrático para que Zelaya respondiera ante el Congreso hondureño por esta convocatoria contraria al espíritu constitucional de la no reelección, ese día por vía distinta a la jurídica el ejercito irrumpió en casa del mandatario y lo echó del país en pijama en un avión hacia Costa Rica junto con otros miembros de su gabinete, acusado de traición a la patria, atentar contra la forma de Gobierno democrático, abuso de autoridad, usurpar funciones públicas y desobedecer la Constitución y las leyes.

Desde entonces los seguidores del depuesto mandatario han sufrido los embates del Gobierno de facto que quedó al mando de Roberto Micheletti,  quien insiste en que fue una medida a favor del pueblo y por lo tanto legal, pese al rechazo que la comunidad internacional ha  señalado en distintas vías, desconociendo su actual mandato y en cambio concediendo su apoyo a Manuel Zelaya.

El intento más cercano a una negociación entre estos dos gobiernos, el de Micheletti y el de Zelaya, ha sido el que la Organización de Estados Americanos (OEA) ha promovido con la mediación a cargo de Oscar Arias, presidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz precisamente por su rol como mediador en conflictos internacionales.

Tras 48 días de conflicto,  el papel de la OEA ha sido significativo pero no lo suficiente, pues pasó del ultimátum de las 72 horas para que se restableciera el orden constitucional con la reinstalación en su cargo a Manuel Zelaya, a las 1152 horas que lleva el conflicto.

La OEA expulso de este organismo a Honduras,  situación que no inmutó a Micheletti, como tampoco lo hizo la suspensión de préstamos y apoyos económicos en millones de dólares por parte de Estados Unidos y la Unión Europea,  condiciones que castigan a esta devastada economía y cuyos estragos serán de largo alcance, salvo que el FMI  cumpla el anuncio hecho en días recientes, de que en cuanto se restablezca el orden constitucional podrá apoyar a esta nación a fin de reducir impactos negativos.

Por su parte Zelaya  en un primer intento desde la frontera nicaragüense, trata  de regresar al terruño y al cargo, pero desiste por la polarización entre seguidores y el ejército, aunque no por mucho tiempo ya que luego desde Costa Rica logra de forma clandestina colarse y resguardarse en la inviolabilidad de la misión diplomática de la embajada de Brasil el 21 de septiembre.

La responsabilidad de Honduras, de acuerdo a tratados internacionales como la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, es proteger a las embajadas según cita el artículo 22 que señala en su primer párrafo que " los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión."

Sin embargo, el Gobierno de facto anunció el recorte de servicios básicos para arrinconar a Manuel Zelaya,  y de paso perjudicar a la delegación diplomática de Brasil que cobija al mandatario, de esta forma se observaría que el Gobierno de facto no sólo violenta el régimen constitucional interno por la restricción de garantías constitucionales como la libertad de expresión y la libertad de tránsito a sus ciudadanos, sino el  orden internacional al contravenir esta Convención que señala  en el mismo artículo párrafo segundo, que "el Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad.

El conflicto podría escalar con estas acciones colateralmente al deterioro de relaciones diplomáticas con Brasil de persistir en estas intenciones. Cabe señalar que como signo de no reconocimiento al Gobierno de facto, al inicio del conflicto la Unión Europea retiró a sus representantes diplomáticos.

Los primeros pasos para resolver esta crisis se centran hoy día en el diálogo que ha solicitado Manuel Zelaya con el Gobierno  de facto, comenzando porque se derogue el decreto que restringe derechos individuales de las personas y que entró en vigor hace nueve días, en segundo lugar con la llegada esta semana de una misión de cancilleres de diez países de la Organización de Estados Americanos (OEA), en un nuevo intento por encontrar una solución política negociada a la crisis política.

Las elecciones en Honduras para noviembre requieren ser convocadas por poderes legítimos que restituyan el orden constitucional, para que el gobernante que se elija y gobierne a partir de 2010, tenga el reconocimiento del pueblo, y en consecuencia de la comunidad internacional, de lo contrario un hecho ilegítimo intentaría validar a otro de la misma proporción y el conflicto sería grave para la restauración de la democracia, significando en todo caso un retroceso.

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La verdadera prueba al final de la crisis será el que Zelaya de ser restituido negociadamente por el Gobierno de facto, convoque a la brevedad estas elecciones en un proceso democrático pletórico de observadores internacionales y locales que aseguren la transición pacífica a favor del pueblo hondureño.

* La columnista es doctora en Derecho, directora de la carrera de Derecho en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México y especialista en Derecho Internacional. Fue subdirectora de Investigación y Estudios Legislativos en el Sistema de Información Legislativa de la H. Cámara de Diputados. Es miembro fundador del Consejo para la Acreditación de la Enseñanza del Derecho, por invitación de la Barra Mexicana de Abogados. Ha participado como ponente en diversos foros académicos y ha realizado cursos especializados de Derecho Internacional en México, Costa Rica y en la universidad de Georgetown Law School University. Pertenece al grupo de expertos en Derecho Internacional Humanitario del Comité Internacional de la Cruz Roja.

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