El descontento por el paquete económico

La propuesta ha provocado un descontento generalizado, y no es para menos, opina Jorge Romero; el experto en políticas públicas dice que da cuenta de las graves omisiones en política económica.
Ingreso-pobreza-salario  (Foto: Jupìter Images)
Jorge Romero León*
CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) -

El paquete económico 2010 ha provocado un descontento generalizado,  y no es para menos.

La propuesta da cuenta de las graves omisiones que por razones ideológicas, por falta de experiencia o por simple incompetencia caracterizan la conducción de la política económica en el país.

Propongo aquí, por razones de espacio, tres ejemplos para apuntalar la hipótesis de que no nos gobiernan estadistas, sino aprendices en el mejor de los casos.

El resultado es una política pública profundamente deficiente que genera como respuesta la frustración de una inmensa mayoría en lo inmediato, y sienta las bases para el estancamiento económico y la agudización de la pobreza en el mediano plazo.

1. Política contracíclica ineficaz y sin brújula. ¿Sabía usted que hay casi 100,000 millones de pesos disponibles para el gasto en infraestructura? Disponibles.

El Gobierno federal no ha podido gastarlos y se niega a liberar los recursos si la iniciativa privada o los estados no aportan lo convenido; es decir, no entiende que su papel en una crisis es aportar liquidez para prevenir un mayor estancamiento.

Pero eso no es lo peor, el paquete 2010 se apega a una vieja ortodoxia, contraria a lo que han hecho todos los países en el mundo para enfrentar la crisis.

No sólo restringe el déficit a un 0.5% del PIB injustificadamente -e innecesariamente, de acuerdo con la CEPAL, el Banco Mundial y el FMI-, sino que además propone aumentos a y nuevos impuestos que por más que estén etiquetados para el combate a la pobreza resultan contraproducentes en este momento. Se pone nuevamente de lado el problema de elusión fiscal, documentado por la ASF y diversos especialistas, y que representa 10 veces más de lo que se espera recaudar con la miscelánea.

Se deposita así la responsabilidad para salir de la crisis en Estados Unidos. Todo dependerá de que se impulsen allá las condiciones para reactivar la demanda.

2. Recortes a rubros prioritarios. Los ajustes en materia de salud y los recortes en inversión prioritaria en salud impedirán a grupos en condiciones de marginación acceder a servicios básicos.

Un estudio publicado por Fundar da cuenta de la reducción del 50% de la inversión en salud, además de recortes en las transferencias a los estados, que tendrán una grave repercusión en las condiciones de grupos vulnerables mucho después de 2010.

Estos inaceptables recortes muestran que en los hechos, en contraste con la retórica de desarrollar infraestructura y condiciones para generar empleo, la administración sólo entiende el combate a la pobreza en términos de transferencias condicionadas.

Se apega así a una fórmula eficaz pero insuficiente, como lo prueba el hecho de que hay 5 millones de pobres más que en 2006.

3. Reingeniería institucional a modo. La propuesta de desaparecer tres secretarías es un botón de muestra de la falta de conocimiento especializado y la insuficiencia de la retórica y las buenas intenciones.

Si bien es cierto que las funciones de Reforma Agraria y Turismo pueden subsumirse en otras dependencias, no ocurre lo mismo con la Función Pública, a cargo del control interno del Gobierno federal.

El intento por crear en la Presidencia una oficina equivalente es risible por su ingenuidad y preocupante por su cinismo, ya que elimina los pocos incentivos que existen para una función de investigación y sanción independiente, necesaria para prevenir abusos y actos de corrupción.

El Ejecutivo da cuenta así de que no le importa la rendición de cuentas. Y también de su profundo desconocimiento de las mejores prácticas de reforma a la administración pública en el mundo, que generan transparencia, instituciones autónomas, incentivos y sanciones claras. ¿La reforma a fondo de la administración pública federal? Pendiente, por supuesto.

A estas alturas ya hay acuerdos importantes entre las fracciones parlamentarias para una ley de ingresos y presupuesto parchados, que redistribuyen a distintos actores la limitada bolsa de recursos disponible; sin generar condiciones para procurar la eficacia del gasto; sin obligar a las autoridades que ejercen nuestros impuestos a rendir cuentas; sin atender los problemas de fondo que requieren más, y no menos instituciones de control. Sin entender, en la mayor parte de los casos, esos problemas. 

Por todas estas razones es de entenderse el enojo generalizado.

No tenemos estadistas. Si queda alguna duda considere usted la insistencia del Secretario de Hacienda en que "no hay Plan B". ¿Cómo va a haberlo si éstos no son estadistas, no planean, no resuelven?

Son meramente políticos, cínicos e interesados en sí mismos. Por su inexperiencia, su ineficacia, e incompetencia, nuestro enojo está plenamente justificado.

*El autor es experto en políticas públicas. Se desempeñó como director ejecutivo de Fundar. Centro de Análisis e Investigación.

 

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