Las interrogantes tras Luz y Fuerza

La liquidación sirve al Gobierno para quitarse una presión presupuestal, admite Miguel Ángel Corro; sin embargo, el académico del ITESM pide transparencia para evitar una crisis social.
lyfc-luz-y-fuerza-NT.jpg  (Foto: Notimex)
Miguel Ángel Corro Manrique *

El comportamiento de diversas naciones en el escenario internacional ha mostrado que los países con solidez fiscal han enfrentado de mejor manera los efectos negativos de crisis.

Por ello, resulta importante que el Gobierno federal dirija sus esfuerzos a crear una política de ingreso y gasto públicos que nos diga a los mexicanos en qué se utilizan los recursos fiscales.

En este sentido, la transparencia y la rendición de cuentas se convierten en una forma obligada de gobernar.

Y es que la propuesta económica para 2010 que se discute en el Congreso resulta de la mayor importancia en estos tiempos.

De igual manera, el Gobierno está obligado a garantizar la paz y estabilidad social para que nuestro país cuente con las condiciones necesarias que le permitan el crecimiento y el desarrollo que demanda la sociedad mexicana, afectada de forma considerable por la actual crisis económica.

Para ello, las políticas sociales de combate a la pobreza deberán integrarse a una estrategia integral de generación de riqueza y empleos permanente. Por ello y más allá de la repentina y espectacular decisión de liquidar la compañía de Luz y Fuerza del Centro y haciendo a un lado la campaña de descalificación contra sus trabajadores y sindicato imputándoles todos los males de la empresa y del país, surgen interrogantes sobre el fondo e intencionalidad de esta decisión.

Este hecho tendría que ser analizado desde diferentes aristas para saber si el Gobierno efectivamente está usando los recursos públicos que generen las condiciones de bienestar económico para la población y al mismo tiempo evita conflictos que pongan en peligro nuestra estabilidad política y social.

Un primer aspecto es el vinculado a la racionalidad económica de la decisión. De acuerdo a la información proporcionada por los medios de comunicación sobre los males de la empresa (de forma sorprendentemente abundante, reiterativa y como no pasaba hace unos 5 ó 6 días), todo indica que el origen de sus pérdidas se debe a múltiples factores y en que han sido determinantes las reglas de funcionamiento que el propio Gobierno le impuso, fijándole precios de compra y venta del servicio eléctrico, límites en su infraestructura y radio de acción, así como su política de inversión.

En este contexto, nos parece que  el costo de la mano de obra no parece ser tan definitivo como ha manejado el propio Jefe del Ejecutivo quien explicó que la condición de LyFC significaba un problema grave, pospuesto durante mucho tiempo, porque las pérdidas económicas aumentaban cada año y requerían, además de las tarifas que cubrían los usuarios, así como la canalización de una mayor cantidad de subsidios.

Asimismo, hizo ver que las "distorsiones excesivas" que se imponían a la operación de la empresa, en el contrato colectivo, la obligaban a considerar las exigencias de los líderes sindicales en sus decisiones operativas y administrativas.

También se nos ha informado que en tres ocasiones distintas se firmaron convenios de productividad con el sindicato y se estableció un esquema de mejores prácticas administrativas, así como la incorporación de  tecnologías de la información, entre otras acciones.

Pero según la versión oficial, la mala operación generó un deterioro creciente de la calidad y una afectación cada vez más grave y mayor a la competitividad de la economía en esta zona de servicio, que es la más importante del país y donde se concentra el mayor Producto Interno Bruto.

En todo caso, habría que intentar demostrar lo anterior, más que con espectaculares discursos, con datos detallados, pues este esquema es bastante similar al que opera en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) quien ahora asume el control de la zona para ofrecer el servicio eléctrico.

También sería justo mencionar que  hubo un pequeño detalle que no se quiso abordar en tales convenios de productividad. La empresa continuaba operando con el mismo equipo de 50 años atrás y, las relaciones empresa sindicato eran las mismas que en la época del "nacionalismo revolucionario" de los años setenta pero en un contexto muy diferente al iniciar el siglo XXI.

Otro aspecto es que, a pesar del constante "bombardeo" de información en los medios sobre este hecho, es evidente la ausencia de una explicación detallada sobre el resultado del convenio de productividad y modernización tecnológica que el sindicato y la empresa firmaron meses atrás. Por cierto, este convenio fue, en su momento, merecedor del reconocimiento público de los mismos funcionarios quienes ahora lo descalifican.

Lo único claro en la información que justifica el cierre de la empresa es que las transferencias de recursos públicos al organismo descentralizado se habían incrementado más de 200%, entre  2001 y 2008. En 2009, el Gobierno presupuestó unos 42,000 millones de pesos (3,100 millones de dólares) para cubrir las pérdidas de LyFC, casi el mismo monto asignado al Ejército o casi la "totalidad del presupuesto anual del Programa Oportunidades, el principal programa de combate a la pobreza y que beneficia a más de 25 millones de mexicanos; o dos veces el presupuesto de la UNAM, que conforma una comunidad de más de 350,000 personas"  (Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en conferencia de prensa, 12/10/09)

Con base en esta información, la vía fácil fue señalar que no funcionó y que la mejor, aunque difícil pero "histórica" decisión, fue declarar el cierre de la empresa y el despido de más de 40,000 trabajadores pero gastando 20 mil millones de pesos para liquidaciones en el peor momento por el que atraviesan las finanzas públicas. Además, de forma absurda, se informa de contrataciones, ahora a través de CFE, pues según el secretario Carstens, unos 10,000 trabajadores de la compañía liquidada podrían ser recontratados.

Para algunos ingenuos partidarios de esta "valiente" decisión, se augura que otros sindicatos similares tendrán que cuidarse porque el Ejecutivo Federal podría actuar de la misma manera con ellos. En nuestra opinión, no hay nada más lejano de la realidad.

El caso de la compañía eléctrica sirvió al Gobierno para quitarse de una presión presupuestal inmanejable, mandar una señal clara a los distintos grupos de que tiene autoridad a pesar de quedarle menos de tres años y, sobre todo, legitimar su petición del 2% de impuesto al consumo, tratando de demostrar que aplicará con transparencia tales recursos.

De acuerdo con cifras oficiales, el costo de la liquidación de los trabajadores de LyFC de 20,000 millones de pesos será el equivalente al 29.34% de los recursos que se destinaron en 2009 para el desarrollo social en el país y el 60.75% del dinero destinado a la seguridad pública.

Comparado contra el gasto presupuestado para 2010, el costo de liquidación de la paraestatal será el equivalente al 47.02% del gasto propuesto para la Defensa Nacional y cerca del 50% de los recursos previstos para la Secretaría de Economía, de acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que se encuentra a consideración del poder legislativo.

Esta decisión generará ahorros en el presupuesto del Gobierno mexicano para 2010, lo que permitiría reasignaciones o una reducción de los impuestos propuestos, según declaración del propio Secretario de Hacienda, pues se podrían liberar cerca de 18,000 millones de pesos que obligaría a discutir a los Diputados adonde se reflejaría ese menor requerimiento de recursos, si hay reasignación o incluso si hay una reconsideración a la propuesta del 2% de impuesto adicional al consumo.

Pero no esperemos otro "golpe de mano" como el de ese sábado. A este Gobierno no le queda tiempo, ni fuerzas para hacerlo otra vez y menos aún el talento político para lograrlo.

Sería ingenuo suponer que, ante la gravedad de la crisis, los actores políticos, sociales y productivos "cerrarían filas" en torno a las decisiones del Presidente de la República. La política no funciona así, ni tampoco la convivencia en un sistema democrático definido por la pluralidad y mucho menos con un gobierno de minoría que no puede exigir o reclamar unanimidad o consenso ‘patriótico' sin enviar señales equivocadas sobre su disposición al debate, apertura a la crítica y reconocimiento a la oposición.

Frente a las grandes necesidades del país y ante la urgencia de reformas estructurales, el Presidente Calderón tendrá apenas el tiempo y los recursos suficientes para promover tres o cuatro iniciativas de reforma, y por desgracia, sin garantía de éxito.

La reforma laboral es una asignatura estratégica para recuperar la competitividad de la economía nacional. La modernización del mundo productivo-laboral parece tan urgente como compleja porque no sólo supone enmendar un capítulo "sagrado" de la Constitución mexicana: el Artículo 123, ni siquiera el Presidente Salinas se atrevió a hacerlo, sino enfrentar el poder de los sindicatos (petroleros, electricistas, maestros, etc), es decir, abrir un eventual flanco de alta conflictividad y en consecuencia de inestabilidad política.

Al final, si el Gobierno se queda en la desaparición del SME y en mantener bajo presión al minero, en vez de utilizar el mismo rasero en otras organizaciones gremiales con vicios iguales o peores, entonces se caería la máscara y parecería que se está actuando en contra de organizaciones de trabajadores, muy aguerridas, que pueden detener reformas laborales necesarias y urgentes.

No puede soslayarse la gravedad de esta situación, al que se han referido diferentes analistas o personajes importantes de nuestra sociedad como José Narro Robles, Rector de la UNAM o Rafael Rangel Sostmann, Rector del Tecnológico de Monterrey.

En los medios, algunos actores políticos o servidores públicos han mostrado total ignorancia y conservadurismo ante este hecho. Como las focas, no deja de aplaudir toda acción a su favor, sin importar el panorama de inestabilidad que puede acrecentarse en el país por mayores impuestos, cero crecimiento y poco rumbo educativo.

La liquidación de Luz y Fuerza del Centro es un elemento más que se suma al complejo y delicado panorama de inestabilidad en el país y en que todos los actores involucrados deben actuar con prudencia, madurez y un pensamiento por encima de los intereses legítimos de orden gremial, personal y particular.

El interés del país y de la sociedad mexicana, la paz y la tranquilidad social tienen que estar por encima de cualquier otro asunto.

La inestabilidad financiera puede derivar en un estallido social y no se puede negar cuando tenemos un número tan importante de millones de mexicanos que viven en condiciones inadecuadas, en pobreza o en pobreza extrema.

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No se puede dejar de reconocer que hay dificultades que en la economía nacional trascienden la crisis internacional y habrá que reconocer que el modelo de desarrollo económico y social que tiene nuestro país ya no está funcionando ni dando lo que requerimos para ver hacia el futuro. No debe olvidarse 1910 pues, al igual que hace un siglo, los mexicanos pueden despertar a la voz de la dignidad y del deber.

*Director del Departamento de Administración y Finanzas del Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe.

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