Banxico: sucesión en tiempos de crisis
La profunda recesión que vive la economía ha puesto a prueba no únicamente a la estructura productiva y financiera nacional, la magnitud de la caída también ha cuestionado la capacidad de previsión y respuesta de las instituciones oficiales.
Además de tomar posiciones políticamente adecuadas y de enviar mensajes de calma a la sociedad, la función de fondo de las autoridades económicas es la de propiciar un entorno estable para el crecimiento, la generación de empleo, la disminución de la pobreza, el aumento de la inversión, de la competitividad, de la productividad y el control de la inflación, justamente algunas de las variables más afectadas en la presente crisis económica.
En este sentido es relevante señalar que para lograr la consecución de objetivos de mediano y largo plazo, orientados a elevar el desempeño del país, es necesaria la aplicación de políticas económicas coordinadas, en donde el sentido de la política fiscal sea consistente con el de la monetaria. De manera adicional debe mencionarse que ambas posiciones deben ser congruentes tanto con el entorno económico que el país enfrente en la coyuntura como con los objetivos estratégicos de largo plazo emanados del sector público.
Los señalamientos previos permiten realizar una diferenciación relevante en la planeación y toma de decisiones que en la actualidad se han aplicado por parte de las autoridades económicas del Gobierno federal y del Banco de México. Primeramente es evidente que el inicio y la magnitud de la crisis fueron prospectados de manera más acertada por parte del Banco de México, particularmente en prever la dirección negativa que estaba tomando la economía nacional. A partir de ello, el Banco Central adoptó una política monetaria que fue consistente con los requerimientos de reactivación económica: disminuir las tasas de interés al mismo tiempo que se permitió que la inflación observada se colocara lejos de su objetivo .
Debido a lo anterior puede afirmarse que el Banco de México ha aplicado una política monetaria flexible para buscar impulsar a la reactivación económica, aunque insuficiente ante la ausencia de una política fiscal eficiente, algo que escapa del alcance del banco.
De igual manera debe mencionarse que ante la crisis financiera mundial y la volatilidad del tipo de cambio que se derivó de la misma, los distintos mecanismos de oferta de dólares que instrumentó la institución contribuyeron a que ante la fuerte depreciación inicial de la moneda, para el segundo trimestre de 2009 lograra contenerse la caída del peso y en los meses siguientes reducir parte de la pérdida. A partir de dichas acciones, las empresas que se equivocaron en el manejo de los derivados financieros del tipo de cambio, y que se habían visto seriamente afectadas por la depreciación, pudieron cubrir parte de sus mermas.
Sin duda, lo anterior pudo alcanzarse por medio de una actuación institucional en donde seguramente el debate sobre el diagnóstico y los pasos a seguir fue intenso, pero al final prevaleció una posición objetiva que se alejó de la ortodoxia antiinflacionaria que el propio banco había adoptado anteriormente, particularmente en el estancamiento de principios del presente milenio cuando a pesar de que se vivió una baja en la actividad económica el Banco Central continuó aplicando una política monetaria restrictiva, que junto con el incremento en los precios de la electricidad y de otros bienes y servicios administrados desde el Gobierno federal acabaron por desequilibrar a la producción, contribuyeron a retardar la recuperación de la nación.
Hoy parece que la consolidación de la independencia del Banco de México, así como de la experiencia reciente en la aplicación de sus atribuciones le han permitido marcar de manera clara su posición frente a la crisis económica, aunque en diversas ocasiones ello le haya llevado a enfrentar abiertamente la posición y decisiones adoptadas por el Gobierno federal. La pregunta abierta sobre en qué se utilizaron los recursos excedentes que en años previos recibió el sector público como producto de los altos precios del petróleo sin lugar a dudas representa una de las muestras más relevantes de una declaración del gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, en donde se cuestiona la eficiencia de los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón en la aplicación de los recursos millonarios con los que contaron en los años de bonanza petrolera.
De igual manera, el gobernador ha planteado la necesidad de regular los monopolios y oligopolios en el sentido de disminuir su poder de mercado y con ello bajar los precios de los bienes y servicios en donde existen empresas evidentemente dominantes, planteamiento que directamente le ha llevado a indicar que uno de dichos sectores es el de las telecomunicaciones, situación que le ha llevado a una posición divergente con respecto a uno de los hombres más ricos e influyentes del mundo .
Sin lugar a dudas lo anterior permite establecer que la conducción reciente del Banco de México ha generado una mayor certidumbre a los políticos, empresarios, inversionistas, analistas y en general a todos aquellos que precisan de conocer sobre cómo será la conducción de la entidad encargada de la política monetaria, y con ello sobre de la evolución de los precios, el tipo de cambio, la emisión de dinero, parte de la arquitectura financiera nacional y de las tasas de interés, por citar a las variables más representativas.
A partir de lo descrito parece natural que la elección del nuevo gobernador del Banco de México deba recaer en una persona con experiencia en la conducción de la política económica, particularmente de la monetaria, cuestión que coloca a los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México en la primera línea de elección y de manera particular destaca a su actual gobernador para iniciar un tercer periodo de seis años. En este sentido únicamente existen tres dudas, primeramente si desde el Poder Ejecutivo se haría la nominación de una persona que ha tomado una posición objetiva y en algunas ocasiones crítica de la adoptada en el Gobierno federal. La segunda corresponde a si el propio gobernador tiene interés en permanecer en el cargo, principalmente porque su desgaste político en los años previos ha sido fuerte y porque recientemente fue electo para dirigir el Banco Internacional de Pagos , una función adicional altamente demandante en un entorno mundial que reclama el rediseño de su arquitectura financiera y con ello evitar una nueva crisis global. Finalmente se encuentra la necesidad política de una aprobación que recae en el Senado de la República, negociación que implica el acuerdo de los principales partidos políticos del país.
Parece que de los tres aspectos los dos primeros son realmente los que generan la mayor incertidumbre sobre sí el Guillermo Ortiz permanecerá como gobernador del Banco de México, esencialmente porque la decisión depende únicamente dos personas, el presidente del país y del propio Ortiz. En este punto parece oportuno que ambos tomen en cuenta que la actual situación económica del país demanda proseguir con la certidumbre generada por la institución.
Además, cualquier cambio tiene que estar respaldado por resultados positivos previos, ello para evitar que la recuperación económica se vea afectada. Consecuentemente los sub gobernadores del propio banco serían los siguientes en la posibilidad de elección, ya que conocen a la institución, las razones de sus decisiones recientes así como los resultados que desean alcanzar en el mediano y largo plazo. Difícilmente existe en el panorama económico algún otro funcionario del sector público que en la actualidad pueda verse como viable para ocupar la función de gobernador del banco, fundamentalmente porque en la parte económica los resultados del Gobierno federal no han sido destacables y porque sus pendientes respecto a la recuperación económica de México son muy grandes.
Finalmente, en la elección del gobernador del Banco de México debe conjuntarse la continuidad de un buen trabajo previo con la adición de un nuevo mandato constitucional: adicionalmente al objetivo de mantener bajo control a la inflación, en los siguientes años el banco debe tener como meta y obligación declarada a la generación del crecimiento económico, para que con ello se asegure la solución del verdadero problema estructural del país. Lo anterior es necesario pero no suficiente, estas medidas deben adoptarse junto con un reordenamiento de las secretarías del Gobierno federal relacionadas con la parte económica, ya que en los años por venir no únicamente se debe resolver el problema de la crisis, sino además el de la coordinación y eficiencia de la política económica, para que sus resultados se reflejen en materias como el crecimiento económico, la disminución de la pobreza y la generación de empleos formales con buenos ingresos salariales, ya que de otra forma la viabilidad social del país seguirá deteriorándose.
* El autor es profesor del Departamento de Finanzas y Economía del Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y se ha desempeñado laboralmente en los sectores privado, académico y público, en este último como Subdirector de Análisis Macroeconómico en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.