Una reforma fiscal innegable

La recaudación del país se ubica por debajo de la media de la OCDE y AL, dice Enrique Ramírez; el Gobierno necesita recursos para brindar servicios de salud, seguridad y educación a la población.
camara-diputados-congreso-NT.jpg  (Foto: Notimex)
Enrique Ramírez Figueroa*
CIUDAD DE MÉXICO -

Nadie, en su sano juicio, pone en duda que México necesita una reforma fiscal. Prácticamente todos los actores políticos, empezando por el Presidente de la República, insisten sobre esta necesidad. Las agrupaciones patronales y de profesionistas, proponen todos los días un cambio en la política tributaria. La Organización para la Cooperaciòn y el Desarrollo Económico (OCDE) y los inversionistas extranjeros presionan para generar una mayor certeza en las finanzas públicas del gobierno mexicano, que hasta el día de hoy se han sostenido gracias a los rendimientos petroleros. La reciente volatilidad en el precio del petróleo, así como la ineficiencia de Petróleos Mexicanos (Pemex), que ha impedido el descubrimiento y explotación de nuevos yacimientos petroleros, han dejado ver que el petróleo no es eterno, y que las finanzas públicas mexicanas necesitan otra fuente de sustento; por supuesto, que no sea el endeudamiento excesivo, que tan malas experiencias nos ha dado en el pasado.

Si comparamos los ingresos tributarios que percibe el gobierno mexicano, ya no con los países de la OCDE, sino con el resto de Latinoamérica, nos podemos dar cuenta del serio problema que enfrentamos. Mientras México recauda el 9% de su producto interno bruto, a través de impuestos directos o indirectos [sin considerar contribuciones de seguridad social], la media en el resto de los países de Latinoamérica es del 14.2%. Nuestros principales referentes recaudan el doble: Chile 18.9% y Brasil 17.3%.

Aún más alarmante resulta el hecho de que México dista mucho de estar entre los países de la media latinoamericana, y más bien está en los últimos lugares de recaudación, superado incluso por países como Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua o Perú, que sin menospreciarlos, en apariencia tienen un sistema económico y político más débil que el mexicano.  

El multicitado argumento de los políticos mexicanos de que van a mejorar la recaudación y, de esta manera, ampliar la base tributaria a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), se ha convertido en un mito. El SAT únicamente es eficiente fiscalizando a las grandes empresas y a la economía formalmente establecida; sin embargo, aún en este sector tiene grandes problemas fiscalizando a los pequeños contribuyentes, a los profesionistas y al resto de las personas físicas, incluyendo recientemente el ingreso de los trabajadores asalariados, donde se han creado esquemas masivos para evadir el pago del impuesto sobre la renta y de las contribuciones de seguridad social. 

Además, es importante apuntar la falta de corresponsabilidad asumida por las Entidades Federativas y los municipios del país, que poco aporta en la recaudación de impuestos. Tal parece que varios de ellos se limitan a cobrar sus participaciones federales, sin coadyuvar de manera real en dicha recaudación.

La generalización del impuesto al valor agregado parece ser la única solución, dado que indirectamente permitiría recaudar parte de las ganancias que genera la economía informal; sin embargo, el tema se ha politizado a tal grado, que incluso el PRI, sabiendo que pudiera recibir un país prácticamente quebrado en el 2012, no está dispuesto a asumir el costo político de esta medida.

No obstante, parece que es tiempo de asumir costos políticos, porque es evidente que la economía mexicana lleva un buen tiempo creciendo por debajo de la media de nuestra región, y la falta de recursos del gobierno cada día genera más pobreza, desigualdad y conflictos sociales en México.

Ante la falta de recursos, es indiscutible la ineficiencia de los servicios públicos que presta el Estado, en todos sus niveles de gobierno. La inseguridad pública es palpable para toda la sociedad, el sistema de salud y de seguridad social está a punto de la quiebra, la educación pública [y privada] en México es poco efectiva, las calles están llenas de baches, existen inundaciones por falta de obras hidráulicas, el agua se está agotando, la basura se recolecta ineficientemente, y la lista podría continuar, pero el espacio de esta revista es limitado. 

Adicionalmente, con base en su inexperiencia empresarial y el afán desesperado de sustituir los recursos petroleros, el actual gobierno se ha dedicado a exprimir a la iniciativa privada, nacional y extranjera, que realmente crea trabajo y capital en el país, eliminando todo tipo de incentivos para generar mayor inversión en el país.

También es tiempo de que la clase política se decida entre el impuesto sobre la renta y el impuesto empresarial a tasa única, porque con todo y la reciente "constitucionalidad" decretada por la Suprema Corte de Justicia, no hay economía que aguante y crezca con un régimen tan opresivo fiscalmente.

Es triste ver que la mayoría de los países desarrollados, ante la crisis financiera que nos aqueja, se dedicaron a crear estímulos para que sus empresas pudieran recuperarse económicamente y, en México, lo único que hicimos fue subir la tasa del ISR al 30% y eliminar las ventajas del último régimen de fomento real a la inversión que quedaba en México, como lo era la consolidación. De igual forma, crearon mecanismos para atraer la inversión extranjera, otorgando estímulos para el desarrollo de tecnologías o la atracción de los capitales de los países petroleros árabes, y en México, seguimos limitando hasta la inversión de fondos de pensiones extranjeros.

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Los encargados de la política económica de nuestro país están perdiendo de vista que la única manera de tener un nivel de recaudación aceptable en relación con los impuestos que gravan los ingresos de los contribuyentes, es fomentando que la economía crezca. A mayores ganancias, corresponde mayor derrama económica y más impuestos para el gobierno, no sólo directamente de parte de las empresas, sino de sus trabajadores y proveedores.

Para terminar, sólo basta decir que una reforma fiscal integral como la que necesitamos, forzosamente tiene que ir acompañada de una reforma que eficiente y transparente la utilización de los recursos públicos, puesto que es inaceptable seguir viendo los derroches de dinero de todos los funcionarios públicos, especialmente de las autoridades estatales y municipales donde el control del gasto es nulo. Urge darle el control del gasto público a los ciudadanos, con castigos severos a quien haga mal uso o desvíe recursos públicos, para que los recursos que se obtengan de una reforma fiscal, no se vayan únicamente a enriquecer a nuestros políticos y líderes sindicales. 

 *El autor es Presidente del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas.
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