El Gobierno mexicano no aprende
Con el aumento de los precios del petróleo y de la actividad económica, las finanzas públicas mexicanas se encuentran en una situación más favorable que la acontecida el año pasado. Como ejemplo puede citarse que durante el mes de enero el sector público recibió 47.2 mil millones de pesos adicionales lo que había percibido en el primer mes de 2009 , en donde tan sólo los derechos por hidrocarburos contribuyeron con 37 mil millones, es decir el 78.4% del total. Además en ese mes se tuvo una mayor recaudación por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR), los cuales se elevaron en 12 mil millones de pesos cada uno.
No obstante lo anterior, al mismo tiempo los gastos realizados por el sector público también se incrementaron en poco más de 10 mil millones de pesos. En este sentido el Gobierno Federal sigue aumentando su gasto corriente, es decir aquel destinado a los rubros menos productivos tal y como lo sintetiza el hecho de que los servicios personales se sigan elevando: 2.1 mil millones de pesos adicionales durante el primer del año. Dicha situación se presentó de manera conjunta con un estancamiento en la inversión física: solamente se destinaron 217.8 millones de pesos adicionales lo aplicado en enero de 2009.
Parece claro que durante los albores de este 2010 el patrón de comportamiento del gasto público adolece de las mismas debilidades que en reiteradas ocasiones se han señalado como ineficientes para la sociedad: creciente gasto corriente y una falta de inversión en aspectos realmente relevantes para el país: puentes, caminos, telecomunicaciones por citar algunos ejemplos.
En este caso parece que nuevamente no puede argumentarse que ello sea producto de la falta de dinero, los ingresos fiscales y petroleros citados deben permitir un mayor esfuerzo en materia de gasto realmente productivo. Cuando se recuerda que en el periodo de tiempo comprendido entre 2004 y 2008 el sector público recibió más de 1 billón de pesos excedentes a lo presupuestado, sin embargo ello no tuvo un impacto en materia de crecimiento económico y bienestar social. Consecuentemente puede comprenderse que en general existe una verdadera necesidad de hacer un cambio estructural en la manera en que el gobierno ejerce los recursos con los que cuenta: no es únicamente cuestión de que se le dote de más dinero mediante un incremento a los impuestos o a los precios de los combustibles, también es ineludible una reconsideración de la estructura con la que está funcionando, así como de las prioridades que tiene a la hora de ejercer su presupuesto.
Uno de los problemas de fondo es que el sector público no tiene una capacidad probada en el ejercicio de proyectos productivos distintos a los petroleros y en menor proporción a los carreteros y de vivienda. Al igual que en el pasado reciente tendrán que pasar algunos meses para que puedan ponerse en marcha la mayor parte de los desarrollos en infraestructura, situación que no sucede con el gasto corriente, el cual es devengado sin mayor reparo pero que no genera crecimiento económico.
En este punto no debe olvidarse que el aumento en el gasto corriente de servicios personales y el estancamiento en la inversión se ha generado al mismo tiempo que existe un importante incremento en los precios que enfrenta la sociedad, principalmente por la población que recibe ingresos inferiores al salario mínimo. Dado que todo ello fue impulsado por el aumento en impuestos y en los precios de las gasolinas, diesel, gas y electricidad, es decir por la decisión del sector público de elevar sus ingresos a costa de los consumidores, es imprescindible que el gobierno mejore el ejercicio y la orientación de su gasto.
En este último sentido las señales oficiales no son positivas en el corto plazo, la propuesta de austeridad del gobierno para recortar 40 mil millones de pesos de su gasto programable en tres años da una muestra de que no existe una solidaridad con una sociedad fuertemente castigada por la crisis. La evidencia es clara: de los 2.4 billones de pesos que contempla el gasto programable de este año, el programa de austeridad implicaría una disminución promedio de algo menos de un 0.6%, prácticamente nada y todo ello de manera simultánea con un aumento de impuestos para las empresas y los consumidores.
Aumentar la eficiencia del gasto debe ser un objetivo prioritario en donde además de una disminución en el tamaño del gobierno es necesario que se impulse a la inversión social: ya no es únicamente el de garantizar que los programas de atención social cubran los requerimientos de corto plazo, también se debe avanzar en la generación de un sistema educativo, de salud y de empleo que sea de calidad y permita que la gente beneficiaria pueda aspirar a desempeñar una actividad presente y futura bajo la cual pueda lograr el sustento propio. Ciertamente que el punto de una educación de calidad es una prioridad, algo que no se podrá alcanzar de continuar el modelo educativo actual.
No puede negarse que el proceso de mejora debe iniciarse a la brevedad, básicamente porque cada año que se continúa con el mismo modelo económico y social ello se traduce en una pérdida de competitividad y estabilidad social, que en lugares como Ciudad Juárez y Monterrey han llegado a ser altamente preocupantes. La recuperación económica del 2010 no resolverá los problemas estructurales que enfrenta México: pobreza, falta de competitividad, ausencia de empleo bien remunerado y un crecimiento económico insuficiente, por lo cual en este año debe buscarse un nuevo modelo económico para el país centrado en el desarrollo del mercado interno y en un gobierno eficiente, de otra manera la lección del 2009 no se habrá aprendido.
** El autor es profesor del Departamento de Finanzas y Economía del Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y se ha desempeñado laboralmente en los sectores privado, académico y público, en este último como Subdirector de Análisis Macroeconómico en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.