Determinantes de un acuerdo para México

Una reforma hacendaria integral es necesaria para la eficiencia del país, dice Vicente Quesada; el desarrollo de la economía debe sustentarse con una macroeconomía fuerte y competitiva.
pesos  (Foto: Archivo)
Vicente Quesada Ibarrola*

En la actualidad existe consenso, entre los expertos en desarrollo económico, de que los países que han tenido éxito en desarrollarse en los últimos años no lo han logrado "espontáneamente", sino porque se lo plantearon explícitamente y se organizaron para ello. La conclusión de un análisis sobre las estrategias seguidas por 13 países que han logrado altas tasas de crecimiento (de al menos 7% anual) durante 25 años consecutivos fue: "el crecimiento rápido y sostenido no sucede espontáneamente en un país. Se requiere un compromiso de largo plazo de sus líderes políticos, un compromiso acompañado de paciencia, perseverancia y pragmatismo".

En el mismo sentido, Batres y García-Calderón, al analizar la experiencia de diversos países concluyen que "los países exitosos han destacado por su capacidad de organizarse colaborativamente y sumar voluntades para apresurar el paso hacia el desarrollo". Por su parte, Castañeda y Aguilar apuntan que "sólo se vuelven prósperos los países que se lo proponen explícitamente, que alinean sus instituciones y sus decisiones para ello".

Por ello, el objetivo central del Acuerdo Económico debe ser alcanzar, a la brevedad,un ritmo de crecimiento económico acelerado y sostenido,reconociéndose que para lograrlo será necesario adecuar y modificar diversas políticas económicas y el marco jurídico e institucional. 

Los diversos acuerdos que se han firmado en años recientes no han tenido ningún resultado concreto por varias razones, principalmente por las siguientes:

Han consistido en una larga lista de buenas intenciones y deseos en prácticamente todos los campos económicos, sociales y políticos.

Han carecido de metas y compromisos concretos para lograr sus objetivos.

No han tenido responsables específicos de lograr los resultados propuestos.

Han sido fundamentalmente entre las cúpulas políticas, empresariales y sindicales, con muy escasa difusión hacia la población en general.

De ahí que se requiere tener un objetivo central claro y concreto, que toda la población conozca y comprenda cómo sería un objetivo de que "la economía crezca, por lo menos, al 7.0% en los próximos 5 o 10 años".

Con ello se podrán concentrar los esfuerzos en un objetivo fundamental para orientar todas las políticas hacia ese fin, en lugar de pretender resolver una multiplicidad de problemas al mismo tiempo. 

Además, muchas de las reformas y cambios que necesita el país serán más factibles o viables en términos políticos y sociales con un entorno de un mayor crecimiento, que en uno de estancamiento o lento crecimiento como ha sucedido en los años recientes.

De las numerosas propuestas que se han realizado en relación con los cambios que requiere la estrategia de desarrollo del país, se pueden identificar tres elementos comunes en todas ellas y que deben constituir los puntos centrales de un Acuerdo Nacional en materia económica:

Es imprescindible contar con un Estado fiscalmente fuerte.

Es esencial garantizar una cobertura de seguridad social universal mínima para todos los mexicanos (cobertura médica, de desempleo, de pensiones y de vida).

Es necesaria también una reforma microeconómica que promueva la demanda, la oferta y la competencia en los mercados de bienes y servicios (públicos y privados) en beneficio de los consumidores, es decir, de todos los mexicanos y en todo el territorio nacional.

Se requiere de un Estado que cuente, tanto con los suficientes recursos fiscales para hacer frente a las necesidades de gasto que demanda una gran parte de la población en materia social y que pueda promover efectivamente el desarrollo económico (educación, infraestructura, etc.), así como para instrumentar las políticas necesarias para el bienestar común por encima de intereses gremiales o particulares.

Una visión para el desarrollo tiene que poner frente a la población un nuevo papel para el Estado Mexicano. 

Se precisa de un Estado promotor, fomentador y concertador,líder en el proceso de desarrollo económico.Un Estado eficaz para promover el desarrollo económico requiere abandonar conceptos obsoletos de propiedad patrimonial, operación de activos productivos, intervención directa y operativa en todos y cualquier sector  económico.

El desarrollo exige un Estado nacional fuerte, educador, concertador, fomentador y promotor, no un Estado patrimonialista, asistencial o administrador de empresas. Para tener un Estado fiscalmente fuerte es requisito imprescindible realizar una reforma hacendaria integral, basada en criterios de promoción del desarrollo económico y social de mediano y largo plazo, en lugar de criterios políticos o coyunturales, como ha ocurrido desde hace varias décadas. 

La reforma hacendaria, necesariamente, tiene que abarcar tanto la problemática de los ingresos como del gasto público.

Por el lado de los ingresos, los problemas y deficiencias del sistema impositivo mexicano son ampliamente conocidos y han sido estudiados y analizados en innumerables trabajos y propuestas que han hecho organismos empresariales y profesionales, organismos internacionales, académicos e, incluso, las propias autoridades. 

Cabe mencionar que desde el año 2000, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) elaboró y difundió la Propuesta de Reforma Fiscal Integral y, desde entonces, ha elaborado y participado en numerosas propuestas en el mismo sentido, con escasos resultados.

Así, los diagnósticos y las propuestas abundan, pero no se ha concretado porque ha faltado un Acuerdo Político por encima de los intereses particulares y de las situaciones coyunturales, como ocurre cada año en la discusión del Presupuesto de Egresos y de la Ley de Ingresos del siguiente año. 

Pero el otro "ingrediente" indispensable de una reforma hacendaria integral es una reforma a fondo del gasto público, de sus prioridades y, sobre todo, de su eficiencia o calidad. Diversos estudios recientes han demostrado que la efectividad de buena parte del gasto público federal es sumamente baja (se puede suponer que la situación del gasto de los Estados es similar, o peor). En otras palabras, se desperdicia una parte importante de los recursos ejercidos.

Esta problemática ha generado un círculo vicioso tanto para las finanzas públicas como para el papel del Estado como promotor del desarrollo: por un lado existe una débil base de ingresos (hasta ahora ha sido compensada con los ingresos petroleros) y, por el otro, ha crecido el gasto público de una baja productividad económica y social. 

Al mismo tiempo que es necesario fortalecer fiscalmente al Estado, un Acuerdo Nacional deberá contemplar el otorgamiento de una cobertura de seguridad social mínima para la toda la población, ya que además de los mexicanos que se encuentran en condiciones de pobreza, una proporción importante de la población carece de dicha cobertura total o parcialmente.

El país debe tener la capacidad para impulsar el crecimiento acelerado de la economía y también debe procurar garantizar niveles de bienestar mínimos para a población más necesitada. En este sentido, existen ya propuestas concretas como la desarrollada por Santiago Levy.

Este replanteamiento a fondo de la política social del Estado Mexicano es necesario al menos por dos razones: en primer lugar, para dejar atrás los programas asistencialistas, que si bien pueden ser tener cierto éxito en el corto plazo, no solucionan de fondo el problema de la pobreza en el mediano y largo plazos. Y, en segundo lugar, también se requiere este replanteamiento para construir un consenso y apoyo sociales a los demás cambios que requiere el país para crecer más rápido.

Finalmente, se requiere una reforma microeconómica que se sustente en el fortalecimiento de la capacidad de las instituciones promotoras de la competencia, eliminando todas las restricciones legales que perpetúan la existencia de barreras a la libre competencia y que sólo benefician a  algunos grupos de poder en detrimento de la sociedad en su conjunto y del desarrollo del país. 

La falta de competencia, por la existencia de monopolios u oligopolios en numerosos mercados de bienes y servicios, tiene costos importantes para el bienestar de la población y reduce el potencial decrecimiento de la economía.

En un estudio reciente de siete mercados con un elevado grado de concentración de productores se encontró que "la pérdida de bienestar social (por la concentración) representa más de un tercio del gasto promedio total" de las familias. Más grave aún, este impacto aumenta en la medida en que los hogares son más pobres, lo que contribuye a agravar aún más la desigualdad en la distribución del ingreso.

Pero, además, una mayor competencia tiene también efectos positivos sobre el bienestar y el crecimiento económico al inducir una mejoría de las prácticas organizacionales de las empresas. Un estudio de más de 4,000 empresas medianas en 12 países de Europa, Asia y América encontró que las firmas que se desenvuelven en un ambiente competitivo tienen prácticas organizacionales más eficientes, lo que se traduce en un incremento significativo de su productividad, concluyendo que "cada punto de mejora en las prácticas gerenciales equivale a un 25% más de mano de obra o a un 65% más de inversión de capital". 

Resulta claro que un ambiente de mayor competencia redundaría en un mayor beneficio para los consumidores e incrementaría la eficiencia y productividad de las empresas, lo que, a su vez, contribuiría de manera importante a elevar el potencial de crecimiento de la economía. Solamente con un ambiente de competencia se podrá liberar la capacidad empresarial y creativa de la sociedad, así como incrementar el atractivo para la inversión nacional y extranjera.

Finalmente, no menos importante, debe ser una función del Estado promover el desarrollo de los mercados potenciales en las regiones más atrasadas del país, así como de los sectores de punta a los que se están enfocando los países más desarrollados. 

Las regiones más pobres y atrasadas tienen una muy escasa vinculacióncon el resto de la economía nacional y solamente con políticas públicas focalizadas a su problemática será posible incorporarlas al desarrollo del resto del país. La falta de estas políticas en el pasado es lo que explica en gran parte la agudización de las desigualdades regionales en México.

De manera similar, se requiere una participación activa del Estado en la promoción de sectores y actividades de alto riesgo, pero que están considerados que serán los sectores de punta para el desarrollo y prosperidad en las próximas décadas. Por su naturaleza, éstos requieren del liderazgo y participación del Estado, puesto que el capital privado no participaría por sí sólo, debido a los elevados riesgos y costos en investigación y desarrollo.

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Los países desarrollados y los de mayor dinamismo económico en los últimos años lo están haciendo y mientras nuestro país más se tarde en comenzar, mayor será su rezago en los próximos años.

* El autor es socio de Gauss Trading Consejero de Ecotrading 360 y es el ator de la Ponencia "Determinantes para un Acuerdo Nacional" del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) 2010.

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