Claroscuros de la reforma fiscal priista
El 10 de marzo pasado, el grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República presentó una iniciativa para reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones fiscales. Nos pronunciamos a favor del análisis serio de esta propuesta por parte del Congreso de la Unión, con el ánimo de lograr acuerdos en una de las muchas reformas estructurales que son urgentes para nuestro país.
Los principales cambios que propone la iniciativa son los siguientes:
- La intención de generalizar el Impuesto al Valor Agregado en los productos destinados a la alimentación, respetando la tasa del 0% sólo para una canasta básica.
- La eliminación del Impuesto Empresarial a Tasa Única.
- La reducción gradual de la tasa del Impuesto Sobre la Renta a cargo de las empresas para alcanzar un 25% en el 2015.
- La supresión de una buena parte de los regímenes especiales contenidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta.
- La ampliación de la progresividad de la tarifa aplicable a las personas físicas, para evitar que personas con niveles medios de ingreso paguen el Impuesto Sobre la Renta a la tasa máxima.
- La implementación de una tasa diferenciada en el Impuesto al Valor Agregado que permita la devolución de tres puntos porcentuales a quienes se encuentren debidamente inscritos ante el Registro Federal de Contribuyentes.
Sin embargo, la propuesta presentada por el PRI en el Senado, incluye algunos aspectos que merecen revisarse con cuidado, pues de aprobarse podrían tener consecuencias que consideramos serían inadecuadas para el país.
Así, consideramos que la intención de gravar con una tasa adicional del 10% en el Impuesto Sobre la Renta al pago de dividendos resulta inadecuada, pues restaría competitividad a nuestro país para poder captar inversiones productivas del exterior.
La pretensión de no permitir la deducción, en ningún caso, de los pagos por concepto de regalías, parece excesiva, pues nuestra planta productiva es ahora un importador de tecnología, dado el bajo desarrollo de las actividades de investigación en nuestro país en los últimos años.
La pretensión de sustituir la deducción de los pagos realizados por concepto de sueldos, por un crédito como el que actualmente se aplica en el Impuesto Empresarial a Tasa Única, puede generar que el gravamen a las partidas que comprenden la previsión social recaiga en las empresas y no en quienes se benefician de ella, que son los empleados .
Finalmente, si bien parece acertada la intención de devolver una parte del Impuesto al Valor Agregado que se traslade a quienes estén inscritos ante el Registro Federal de Contribuyentes, la administración e implementación de dicho esquema puede resultar compleja y costosa, en relación con el beneficio que aporte, por lo que sus bondades deben ser cuidadosamente evaluadas en relación a los costos que impliquen.
Desde luego, del análisis más detenido de la propuesta irán surgiendo aspectos favorables que aplaudir y detalles cuya corrección se puedan sugerir, pero en general consideramos optimista la iniciativa que han decidido tomar una parte de los miembros del Poder Legislativo de este país, y que va encaminada a sacar adelante una de las muchas reformas que México requiere.
*Licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, socio de la Firma Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cía., S.C. y actualmente es Presidente del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas.