No es sólo Monterrey

El atentado de un comando terrorista al Casino Royale el jueves, que cobró 52 vidas de ciudadanos, puso a Monterrey en los periódicos de todo el mundo. Pero es preciso reconocer que la crisis institucional que se vive no ocurre sólo en esta ciudad, y no se limita sólo al Noreste o Norte de México. El crimen organizado atenta contra el país entero, casi con la excepción única del Distrito Federal, y no se puede dejar solo al Presidente Calderón en la guerra, nos simpaticen, o no, él y su partido.

Un día en una carretera del Golfo de México es asistir a un desfile interminable de convoyes del Ejército y la Armada de México. Ante este hecho, las opiniones están polarizadas en cuestión de la visibilidad.

La comentocracia, enfurecida, pide frenar la guerra contra el narco, sacar a las fuerzas del orden de las calles, que ningún uniformado me revise el automóvil o la vivienda, cosa que pasa todos los días en otro lugar que no sea el Distrito Federal. Los académicos y los políticos de otros partidos distintos al del Presidente plantean desde legalizar la droga hasta hacer un pacto abierto con los cárteles.

La ciudadanía no tiene voz, a menos que sea un número. Es atemorizante verte rodeado de soldados, pero peor aún es verte perseguido por los criminales sin tener un uniformado cerca.

Una encuesta reciente entre estudiantes de la UNAM, famosos dentro y fuera de México por su radicalismo y oposicionismo de izquierda, revela que la mayoría de los muchachos considera que sería un error regresar a los militares a los cuarteles.

Hay una diferencia dramática entre que los soldados tengan mandos militares, como antaño ocurrió en Latinoamérica, y que tengan mandos civiles, como ocurre actualmente en México. 

La voz popular, siempre informada y desinformada, explica que la guerra ocurre porque el Cártel del Golfo (CDG) está matando a los Zetas, de esa manera ayudando y proponiendo una tregua al Gobierno.

Para el CDG, los cárteles deben recuperar el trasiego de drogas como único negocio, y dejar a la gente en paz. La gente es el negocio de los Zetas, que no sólo venden drogas, sino que además venden piratería, trafican personas, roban carros, secuestran, asesinan. Sólo fuentes de inteligencia podrían desmentir este rumor que corre en las calles, por supuesto.

El CDG quiere dar al cártel una imagen amigable con la población, como ocurre en algunas partes del Noroeste de México, y parece estarlo logrando. Calderón es tajante, que nadie se engañe, todos son criminales.

Urge dejar de pedir que el Ejército deje de hacer su trabajo, para observar la manera como cada quien se sume a que las cosas cambien.

Nadie dijo, por ejemplo, que gobernar un estado sea tarea fácil hoy. Los gobernadores viven bajo riesgo, pero si asumieron esa tarea deben ejercerla. No es sólo Monterrey. La crisis institucional, la violencia en las calles y la vulnerabilidad de los ciudadanos son similares en Tamaulipas, Chihuahua, Durango, Veracruz, Michoacán, y un largo etcétera. Pero en esos estados, contar con una prensa asesinada, amordazada, resulta conveniente.

Monterrey, para regresar al lugar del atentado terrorista, se ha convertido en los últimos cinco años, en la ciudad con el crecimiento más notable de robo de autos, asaltos, robos a casa habitación, y un largo etcétera de crímenes de fuero común. Esta tarea no es federal, se resuelve en casa, y no ha sucedido. La impresión de vulnerabilidad de los ciudadanos es grande.

Existe cierto consenso entre la ciudadanía que no se está a salvo hoy, casi con la excepción, extraña por lo demás, del Distrito Federal. A salvo en la capital, un intelectual público o un diputado puede pedir que el Ejército deje de hacer su trabajo, seguir bloqueando al Gobierno federal, cuya inoperancia política es alarmante, como lo muestra el dato que ninguna de sus propuestas han pasado en el último año.

A lo largo del sexenio, todas las reformas en materia de seguridad han topado con pared, de modo que se tiene una ley de seguridad pública, una de la nueva policía federal y una de lavado de dinero que son sólo soluciones parciales porque fueron bloqueadas en el Legislativo.

Muchos actores políticos disfrutan del debilitamiento porque ven cercana la hora de su regreso. Muchos intelectuales suspiran con el retorno de cuando había más recursos para muchas cosas. Pero los hijos de todos están en riesgo hoy, en una película que ya vimos en Colombia, el recrudecimiento de acciones contra la población civil.

Nada cambiará si no cambiamos, si no mejoramos cada uno de nosotros. El ataque a un sufrido policía del Distrito Federal por dos 'ladies' de Polanco muestra parte del problema. Unos que siempre han tenido todo consideran estar por encima de quienes pagamos para que nos cuiden, pues son unos ¡asalariados! Y cuando no se cuenta con las oportunidades parejas para que todos tengamos una vida buena, cuando la impunidad de las élites es rampante, la tentación de crecer vía la ilegalidad, es grande.

Ahora, el problema es que la guerra contra el crimen organizado ha paralizado al Gobierno federal. Los monopolios siguen ahí, con excepción única del SME. La impunidad sigue ahí, ¿cómo simpatizar con la cárcel al hijo de Hank cuando el hijo de Martita quedó impune?

El comercio ambulante, una fuente del crimen organizado, sigue ahí. Como la falta de seguridad social, la pobreza, la desigualdad, el desempleo. Cierto, hay una especie de seguridad social temporal vía los grandes programas sociales. Pero la vulnerabilidad de la clase media es rampante. Y mientras unos cuantos 'asalariados de m...' sigan sosteniendo casi de manera única a este país, el comercio ambulante siempre resulta una opción, con lo cual el crimen organizado gana.

No hay una iniciativa por formar ciudadanos. No una grande y nacional, por lo menos. Basada en evidencia científica.

Cierto, los ciudadanos no tenemos la culpa de que haya criminales. Tampoco de las pifias y crímenes sociales de los políticos. Pero que nadie que no haga nada activamente diga que ya hizo suficiente.

*El autor es integrante del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).